El caso sobre el cártel de Tláhuac, la presunta complicidad del jefe delegacional --Rogoberto Salgado Vázquez -- y el explosivo narcomenudeo que inunda a la ciudad de México, alcanzaron niveles de escándalo político. Su magnitud es de tal grado que la Procuraduría General de la República (PGR) ya investiga una amplia red de vínculos, lavado de dinero y complicidades que hicieron posible la expansión de la organización criminal que encabezaba Felipe de Jesús Luna Pérez, El Ojos.

En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal las posiciones se polarizaron y el caso se dividió en tres piezas: por un lado está la investigación federal de amplio espectro que ya inició la Procuraduría General de la República; por otro camino transita la rencilla política, la exigencia de que el delegado Salgado Vázquez renuncie y, en una ruta distinta y casi silenciado está el tema central: quienes protegen el narcomenudeo, como opera y qué delegaciones están afincados los cárteles de la droga. Esto último empieza a bajar de intensidad porque el sainete político tiene, en parte, ese propósito.

La PGR inició las investigaciones y, con independencia de los integrantes del cártel de Tláhuac, los reflectores están centrados en el delegado Salgado Vázquez, a quien se la atribuyen propiedades cuantiosas, fuentes de ingresos económicos en apariencia sospechosos y presuntos socios y amigos que estarían implicados en el crimen organizado y en Morena.

El miércoles 2, tras comparecer en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se le exigió la renuncia al cargo –a lo que se ha negado -- a fin de que pueda ponerse a disposición de las autoridades federales que investigan al cártel de Tláhuac y su red de protección política sin la cual –se afirma –hubiera sido imposible su ascenso tan fulgurante en el mercado de las drogas de la Ciudad de México.

No hay ningún argumento que refute una lógica contundente: en los territorios donde hay narcotráfico también existe protección política. Si el cártel de Tláhuac u otros han crecido en la Ciudad de México es porque las ganancias que derraman llegan a niveles muy altos. No sólo eso: también porque existe un mercado de consumo boyante que debe abastecerse de cualquier forma y todo ello representa miles de millones.

En la Ciudad de México no sólo opera el cártel de Tláhuac. Centrar el problema del narcomenudeo en ese grupo criminal es reducir su verdadera dimensión: el negocio es mucho más amplio. No sólo es la venta de droga. Los cárteles o grupos criminales desde hace varios años son empresas del crimen, corporativos que operan con veinticinco tipologías delictivas, entre otras, han incorporado a su abanico de tareas los secuestros, extorsiones, venta de protección, cobro de piso a comercios fijos y ambulantes, así como a bares y cantinas.

De igual forma controlan el tráfico humano, la prostitución en todas sus escalas –desde los burdeles de baja estofa hasta las casas de cita de postín --; estos cárteles también operan la piratería, el robo de autos, están vinculados a los asesinatos por encargo y no es menos cuantioso para ellos el tráfico de armas, cuyo mercado también es creciente en la Ciudad de México.

Así se trate del cártel de Tláhuac, la Familia Michoacana, el cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Zetas, La Unión de Tepito y otras derivaciones criminales, lo cierto es que en todas las delegaciones de la Ciudad de México el narcomenudeo y muchos otros delitos son una realidad.

El auge de las drogas y su consumo es evidente en Tláhuac, sin duda, pero también en Xochimilco, donde existen decenas de carreteras y caminos por donde se mueven los cargamentos, en muchos casos, protegidos por la policía. La zona de Chalco también es otra ruta muy socorrida por estas redes que, en su mayoría, ingresan la droga desde Michoacán –donde arriba por vía marítima o aérea – o bien proviene de Guerrero, otro puerto controlado por el narco, para luego ingresar por Morelos o el Estado de México, puntos estratégicos del crimen organizado. De ahí saltan al gran mercado de consumo: la Ciudad de México.

A través del estado de Hidalgo –entidad controlada por Los Zetas –también ingresa mucha droga a la capital del país. Puebla, enclave de los huachicoleros, es otra vía por donde ingresa la droga que proviene de Veracruz, donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación opera desde que arribó al poder Miguel Ángel Yunes Linares.

El crimen organizado afincado en la Ciudad de México también controla otro punto clave: el Aeropuerto Internacional Benito Juárez, el cual desde principios del 2000 está bajo la mira del Departamento de Aduanas de Estados Unidos por ser el centro de operaciones más grande en cuanto al tráfico de drogas y dinero sucio.

En el año 2004, se encendieron los focos rojos en Estados Unidos: primero porque les llamó la atención que a través de vuelos comerciales llegaba mucha droga a Los Ángeles y a Nueva York. Más tarde, conforme las líneas aéreas abrieron más rutas, comenzaron a inundar de droga y de precursores químicos otras ciudades de ese país.

El problema estalló en 2004, cuando en la terminal 1 fue robado un cargamento de tres toneladas de efedrina –el precursor especial para elaborar drogas sintéticas –en el cual resultaron implicados altos funcionarios de Aduanas, policías federales y fiscales adscritos al aeropuerto, según consta en la indagatoria PGR/SIEDO/182/04.

La efedrina fue sustraída del recinto fiscal –donde extrañamente se guardó por varias semanas – pese a que el agente aduanal por ley está obligado a entregar la mercancía al propietario.

Este episodio derivó en el asesinato de José Noé Garduño, quien entonces se desempeñaba como subadministrador de Aduanas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Este personaje presuntamente estaba vinculado a un cártel de la droga.

Las investigaciones iniciadas entonces por la PGR –extrañamente nunca se conocieron sus conclusiones –registraron que el cargamento de efedrina fue importado de China por la empresa SICA, S.A. de C.V. La operación se realizó a través de las agencia aduanal Montalvo, S.C., empresa que, según las investigaciones, es propiedad de Rafael Montalvo, tío de José Guzmán Montalvo, quien fue director General de Aduanas en el sexenio de Vicente Fox y uno de los hombres cercanos al entonces poderoso secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.

A este hecho se sumaron otros casos que evidenciaron lo que todo el mundo sabe: que la terminal aérea es centro de operaciones del crimen organizado y que todo el negocio de la droga opera con protección de las autoridades. Por esa razón, el gobierno de Estados Unidos encendió las alertas y envió desde entonces agentes encubiertos para vigilar las operaciones dentro de esa terminal aérea.

Eso no fue todo. A principios de 2012, una balacera sacudió la terminal ll del Aeropuerto capitalino. El enfrentamiento se suscitó entre agentes federales, entonces bajo el mando de Genaro García Luna, el policía que estuvo a cargo de la seguridad del país durante los sexenios panistas encabezados por Vicente Fox y Felipe Calderón.

La balacera obedeció a la disputa por un cuantioso botín de dinero que un cártel había ofrecido para proteger el arribo de un avión de Aeroméxico que provenía de Lima, Perú, con un cargamento de cocaína, la cual, según se supo, sería distribuida en la Ciudad de México. Algunos de los policías que resultaron heridos dijeron que la protección al narcotráfico en el aeropuerto era dirigida desde la propia Secretaría de Seguridad Pública Federal (ya desaparecida).

Durante el sexenio de Felipe Calderón la PGR integró un amplio expediente sobre la infiltración del narco en esa institución, Interpol y varias estructuras policiacas presuntamente ligadas al narco.

En esa investigación, conocida como “Operación Limpieza”, se acreditó, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa controlaba desde entonces el Aeropuerto Benito Juárez; que Rey Zambada (ya detenido) hermano de Ismael El Mayo Zambada, actual jefe de ese grupo criminal, era uno de los responsable de operar el narcotráfico en esa terminal aérea y de comprar el silencio de los funcionarios de las aduanas.

No obstante las evidencias, las autoridades han politizado para su conveniencia el llamado caso Tláhuac reduciendo el hecho a un mero sainete político. El problema es más profundo y si no existen las pruebas por lo menos sí las sospechas fundadas de que en todas las delegaciones de la Ciudad de México el narcotráfico opera a gran escala con la protección oficial.

También queda claro que no sólo es el cártel de Tláhuac el único que controla el mercado. Hay de todo: desde cárteles hasta células muy bien organizadas –brazos de organizaciones poderosas –que han conquistado el gran mercado de consumo con violencia y corrupción. Quizá más con lo segundo que con lo primero.

Ricardo Ravelo

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Ricardo Ravelo Galó es periodista desde hace 30 años y se ha especializado en temas relacionados con el crimen organizado y la seguridad nacional. Fue premio nacional de periodismo en 2008 por sus reportajes sobre narcotráfico en el semanario Proceso, donde cubrió la fuente policiaca durante quince años. En 2013 recibió el premio Rodolfo Walsh durante la Semana Negra de Guijón, España, por su libro de no ficción Narcomex. Es autor, entre otros libros, de Los Narcoabogados, Osiel: vida y tragedia de un capo, Los Zetas: la franquicia criminal y En manos del narco.

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