Finalmente, la Cámara de Diputados aprobó, en el momento final del período de sesiones, la minuta de reformas a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para permitir la importación –en una primera fase– y la producción en México –en una segunda etapa– de productos farmacéuticos derivados del cannabis. No se trata, como se ha dicho, de la legalización de la mariguana para uso medicinal o terapéutico a la manera de varios estados de los Estados Unidos, donde se autoriza el cultivo y el expendio de la flor de cannabis para ser consumida con receta médica con diferentes objetivos, desde el combate al dolor crónico hasta afecciones más específicas. En México solo se podrán recetar, con autorización de la COFEPRIS, productos elaborados con un máximo de 1% de THC y otras concentraciones de CBD y demás cannabinoides de la planta, y la producción nacional se hará con fuertes restricciones. Con todas sus limitaciones, se trata de un avance legal y cultural que debe ser ponderado.

Desde que en California se comenzó a promover, hace ya más de dos décadas, la regulación para usos terapéuticos y medicinales de la mariguana, se ha insistido en la relevancia de la planta para la investigación médica, tanto por sus virtudes en los cuidados paliativos, como por sus potencialidades neurológicas y psiquiátricas. Sin embargo, el principal logro de la ley para el uso compasivo del cannabis, de 1996, fue comenzar a romper el tabú en torno a una planta que ha sido satanizada por las mentiras difundidas para promover su prohibición en las primeras décadas del siglo pasado y por los prejuicios morales sobre su uso, los cuales no resisten la contrastación con la evidencia.

La prohibición absoluta de la mariguana, promovida en los Estados Unidos por intereses aviesos no relacionados en la realidad con la salud de la población, ha sido, junto con la prohibición del opio y sus derivados y de la hoja de coca, uno de los pilares sobre los que se construyó el sistema internacional de control de drogas de carácter prohibicionista, que tan malos resultados ha dado como política pública, pues no solo no ha cumplido con sus objetivos expresos de contener los efectos nocivos para la salud del consumo de sustancias psicotrópicas potencialmente adictivas y dañinas, sino que ha exacerbado el daño a la población y ha generado un mercado criminal extremadamente violento, que ha crecido en sus efectos destructivos de manera directamente proporcional a los esfuerzos de los Estados por combatirlo por medio del sistema de justicia penal y la persecución policial o militar.

La legislación aprobada la semana pasada en México está muy lejos de ser una medida relevante para acabar con el mercado clandestino de la mariguana ni apenas servirá para dejar de criminalizar a los usuarios, pues solo protege a un muy pequeño número de pacientes. Sin embargo, implica un paso cultural para cambiar la percepción social respecto a la planta y sus usos potenciales. Por lo demás, aunque el número de beneficiados sea muy pequeño, a muchos de ellos, la mayoría infantes, como Grace, les cambiará para bien la vida y les reducirá sustancialmente su sufrimiento, lo que de suyo le da un carácter positivo a la reforma.

Empero, la reforma se queda muy corta respecto a la iniciativa originalmente presentada por el presidente Peña Nieto después de su comparecencia ante la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas (UNGASS 2016) y como resultado de los foros de discusión sobre el uso del cannabis que su propio gobierno convocó como reacción a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que en 2015 declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley General de Salud en los que se sustenta la prohibición absoluta del cannabis y del THC.

La iniciativa presidencial incluía pasos que, aunque limitados, hubieran ido en el sentido correcto de descriminalizar a todos los usuarios de mariguana y, en general, de todas las drogas hoy perseguidas penalmente. Peña proponía aumentar el umbral de posesión de mariguana tolerado para consumo personal a 28 gramos –hoy son cinco– y eliminar el delito de posesión para el consumo en los límites establecidos para todas las sustancias en la tabla del artículo 479 de la Ley General de Salud. Hoy solamente se suspende el ejercicio de la acción penal debajo de los umbrales establecidos, pero el delito subsiste. De haberse aprobado lo propuesto por el gobierno al legislativo, muchos usuarios no violentos de sustancias hubieran sido beneficiados.

El conservadurismo rayano en la mojigatería y el empecinamiento de su propio partido dio al traste con el proyecto presidencial, boicoteado también desde su propio gobierno, escorado a la derecha en un grado mayor incluso que algunos sectores de Acción Nacional. La coalición conservadora que controla el legislativo cerró el paso a lo sustancial de la reforma propuesta y dejó en su mínima expresión lo relativo a los usos médicos del cannabis. Así, apenas se abrió un resquicio que nos recuerda que el cambio institucional, como implica cambios de percepción cultural, acaba teniendo siempre un carácter incremental.

Mientras aquí se da un pequeño paso, Canadá se prepara para el debate parlamentario de la iniciativa de su gobierno para regular integralmente el uso adulto de la mariguana, con restricciones similares a las del alcohol, y su industria de cannabis medicinal crece exponencialmente. Una vez más, México se queda a la zaga en un tema que merece políticas más audaces e innovadoras.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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