Nunca pensé que viviría nuevamente una experiencia similar a la del terremoto del 19 de septiembre de 1985, por la dimensión de la tragedia, por el miedo y por la enorme solidaridad y despertar de la sociedad civil. Pensé que esta solidaridad nunca más la volvería a vivir en esta megalópolis con la descomposición social y la violencia creciente. Sin embargo, esta nueva generación, que no conoció el 85, como las mariposas que vuelan entre Canadá y México que nunca han realizado el trayecto y lo llevan en los genes; en los instantes, los minutos, las horas tras el terremoto, reaccionaron como lo hicieron otra generación de jóvenes hace 32 años en la misma ciudad; como si la misma genética de las mariposas que les permiten identificar la ruta de miles de kilómetros entre Canadá y México, una genética similar nos penetrara a través de las generaciones, una genética de empatía, una genética de esperanza.

El terremoto de 1985 destruyó 30 mil edificaciones y se estima, provocó 30 mil muertes. La capacidad del gobierno para responder contrastó con la fuerte respuesta y coordinación de la sociedad civil que tomo el control de las labores de rescate y de la ciudad en su conjunto durante varios días. Esa respuesta llevó a la creación de muy diversas organizaciones que gestionaron y supervisaron la reconstrucción de decenas de miles de viviendas. Se le llamó “el despertar de la sociedad civil”, una sociedad que venía cooptada o reprimida desde el poder, durante más de 60 años, desde un gobierno-partido, el PRI. Los grandes cronistas de esta metrópoli, Monsivais y Poniatowska, publicaron excelentes crónicas de este despertar de la ciudadanía que llevó a un cambio político en la sociedad mexicana. Los testimonios son indelebles en sus libros “No sin nosotros. Los días del terremoto” de Monsivais y “Nada, nadie. Las voces del temblor” de Poniatowska.

Tres años después del temblor, en 1988, se realizarían elecciones a la Presidencia. En el proceso, Cuauhtémoc Cárdenas renunció al PRI junto con Porfirio Muñoz Ledo y otros militantes de ese partido, creando el Frente Democrático Nacional. Cárdenas compitió en las elecciones de 1988 con el apoyo de muy diversos partidos. Cárdenas ganó, pero el gobierno, el PRI, cometió un gran fraude que le permitió hacerse del poder a Carlos Salinas de Gortari.

El fraude quedó marcado por “la caída del sistema”. Cuando se realizaba el conteo de los votos se reportó que el sistema había presentado un falló. Existía la convicción de gran parte de la sociedad mexicana que Cárdenas había ganado la elección a pesar de todos los mecanismos impulsados por el gobierno-PRI para la compra del voto, los carruseles y los mapaches distribuidos por todo el país. Más de 20 años después, en el año 2009, el ex Presidente Miguel de la Madrid reconoció que el PRI había perdido la elección de 1988 y, más recientemente, quien fuera secretario de gobernación en 1988, Manuel Bartlett, confirmó que se había cometido el fraude en esas elecciones a través de la manipulación de las cifras.

El terremoto de 2017 ha vuelto a sacudir a la sociedad civil mexicana, como en 1988, con un hartazgo mayor frente al gobierno y los partidos políticos y a un solo año de las elecciones presidenciales de 2018. Los terremotos de este año tienen un impacto menor en número de muertes que el de 1985, sin embargo, los damnificados son muchos más, las personas afectadas en sus medios de vida son incuantificables en el centro y sur de la república, con un impacto enorme en las poblaciones rurales. La capacidad de respuesta de la sociedad civil ha sido enorme, mostrando nuevamente la incapacidad del gobierno para responder, sus enormes vacíos, su corrupción.

Para la sociedad civil el reto está en mantener y fortalecer su respuesta, su organización. Entre 1985 y 2017 existen muchas diferencias, una de ellas es la capacidad actual de las organizaciones civiles para exigir el monitoreo del ejercicio de los recursos, de medir la eficiencia de las acciones. Ese es un aspecto positivo, lo que queda por verse es si tendremos la capacidad que en 1988 se desarrolló entre la sociedad para enfrentar la reconstrucción ante los terremotos. El reto para la reconstrucción es mayor en 2017, por los efectos del terremoto en un territorio mucho más amplio y con un número de damnificados exponencialmente mayor.

Los partidos políticos fortalecidos ahora con recursos, pero no en apoyo social, no en legitimidad, han mostrado una vez más una gran debilidad, una incapacidad profunda de respuesta, de relación con la sociedad. Con todos los recursos que reciben no han tenido la capacidad de entrelazarse en el esfuerzo ciudadano de respuesta para el rescate, ni para la reconstrucción. En una acción social masiva desinteresada no hay lugar para estas entidades que actúan siempre bajo el esquema del beneficio propio.

Siempre encontramos individuos bien intencionados en los partidos políticos, incluso legisladores, incluso algunos funcionarios, incluso algún gobernador. Entre más se escala en la pirámide el poder, más escasas son estas personas. Sin embargo, las estructuras de los partidos, como los de las grandes corporaciones, llevan una dinámica propia que es la del beneficio propio. Pueden tener un periodo de vida temprano de compromiso social, de vínculo con la sociedad y el interés público, pero no tardan en instituirse y enfocarse en su objetivo: el poder.

Los partidos políticos no sólo no han respondido a la catástrofe, han lanzado una estrategia para aprovecharse de la catástrofe, aprovecharse del sentimiento de la gente y desviarlo, engañarlo, para su propio beneficio, para aprovecharse de él en su lucha para hacerse del poder en 2018. La estrategia que están siguiendo, si la logran, representará el gran golpe al debilitado proceso democrático que lleva el país, será un paso atrás y entregará el poder, la política, al control de los grandes intereses económicos legales e ilegales.

Si algo ha marcado a nuestro gobierno es la profunda corrupción, el hecho de que un amplio grupo de legisladores y funcionarios públicos, no sirvan a los intereses públicos sino a intereses particulares, a grandes empresas y al crimen organizado que los ha penetrado. Por su parte, la sociedad civil organizada ha venido haciendo frente a estas alianzas, impulsando políticas contra la corrupción y el conflicto de interés. La gran paradoja es que a los mismos que queremos regular, a los que queremos monitorear en sus acciones, a los que queremos transparentar en sus vínculos, son los que votan, son los que aprueban o rechazan esas regulaciones. Y lo que hemos visto, es que votan en contra, ejercen el poder para protegerse.

La más ignominiosa, la mayor afrenta contra la sociedad y la democracia de nuestro país, es en este momento la propuesta de los partidos políticos de “regresar” el 100% de los recursos que se les asignan para las elecciones y que se establezca que los recursos para las campañas vengan de privados. Ellos dicen que vendrían de sus “simpatizantes”. ¿quiénes pueden ser los simpatizantes actualmente de los partidos políticos? ¿quién puede estar interesado en dar fondos a un partido político para su campaña electoral? ¿serán los militantes o serán las grandes corporaciones para que legislen a modo, para que los cubran en sus acciones? ¿serán los simpatizantes o las redes del crimen organizado? ¿cuántos simpatizantes tienen? ¿cuántos que están dispuestos a donar a su partido de manera desinteresada? ¿cuántos empresarios y grandes corporaciones no están interesadas en “donar” a las campañas para obtener un contrato, para tumbar o evitar una regulación? ¿cuántos miembros de las redes del crimen organizado no estarán interesados en obtener protección fortaleciendo los vínculos que ya tienen con el poder establecido?

Sabemos, que Peña Nieto llegó a la Presidencia impulsado por una intensa campaña publicitaria de Televisa, una muestra clara de la influencia de un interés económico en una elección presidencial. Sabemos de la triangulación de recursos en México desde Banobras a OHL con recursos de los cuales, seguramente, altas comisiones pasaron a las campañas y a bolsillos de políticos. Sabemos de muchos otros casos a escala latinoamericana en los que se menciona a México, de “sobornos” de grandes constructoras a candidatos que los utilizaron en procesos electorales y para enriquecerse personalmente. Sabemos de las sumas multimillonarias invertidas en las campañas electorales en México, que han rebasado los gastos en campaña en los Estados Unidos.

A pesar de que no hemos podido evitar la influencia de los intereses económicos, le gales e ilegales, en las elecciones, a través de recursos y de apoyos de todo tipo, como el caso de Televisa, establecer que los procesos electorales sean financiados con recursos privados, es entregar formalmente la democracia a esos intereses. Como lo explica claramente José Woldenberg, los recursos públicos dirigidos a los partidos políticos están establecidos en la ley, se conocen los montos, quedan registrados en Secretaría de Hacienda y puede seguirse más o menos su destino. De los recursos privados será muy difícil hacerlo. Tenemos “democracias” como la estadounidense que está permeada por los donativos de los “simpatizantes”, que en su gran mayoría son grandes corporaciones. De ahí que una gran parte de los representantes en las cámaras bajas y altas y de candidatos a gobiernos de los estados y a la Presidencia, lleguen a sus cargos con fuertes compromisos con esos intereses económicos. Obama fue la excepción, al iniciar una campaña que se fortaleció con pequeños aportes individuales, pero eso, fue la excepción.

La otra propuesta que hace el PRI es que desparezcan los representantes plurinominales para bajar el número de diputados y senadores. Al igual que la propuesta del financiamiento privado, la desaparición de los plurinominales, únicamente se hace por un cálculo político, nada tiene que ver el ahorro para obtener recursos para la reconstrucción y los damnificados. El cálculo político para impulsar estas medidas es aprovecharse de la catástrofe para salir beneficiado con un mayor control en el congreso al desaparecer a los plurinominales. Los plurinominales, más allá de perfeccionar el proceso de su elección, son la única opción para representar a las organizaciones políticas minoritarias que pueden exhibir las prácticas de los partidos políticos grandes, que pueden tener un mayor vínculo con la ciudadanía, que pueden ir creciendo desde ahí a partir de su actuar, que pueden ser un contrapeso.

La caída del sistema en 1988, a tres años del sismo de 1985, se dio en el cómputo de los votos cuando no fueron suficientes los mecanismos para el fraude en las urnas. Cuando el sistema estaba reportando que los votos para Cárdenas superaban a los de Salines y que toda la estrategia de los mapaches no había logrado más votos para el PRI en las urnas, se anunció que el sistema se había caído. Tras el sismo reciente, varios partidos políticos en profunda crisis, 10 meses antes de las elecciones de 2018, pretender tirar aspectos centrales del sistema democrático. La estrategia para tirar el sistema, ahora, se da utilizando el malestar de la ciudadanía, retomando sus demandas ciudadanas contra el excesivo gasto en campaña, contra los altos costos del Congreso, contra la corrupción. Se aprovechan los partidos, ubicados al otro lado del abismo que los separa de la sociedad civil, de la realidad, para derribar aspectos esenciales de la democracia que deben ser defendidos.

Aprovechándose de campañas bien intencionadas pero ingenuas, poco informadas, aparecidas en plataformas como change.org que exigen parar los recursos públicos a las campañas de los partidos políticos, los dirigentes de estos partidos políticos han subido al escenario para demostrar su compromiso con la sociedad y como si sus actos fueran respuestas a las demandas ciudadanas, varios de estos personajes impresentables de la política mexicana, aparecen anunciando que “destinarán” el 100% de los recursos otorgados con financiamiento público a las campañas de 2018. Adelante, hay que derribar con pico y pala la endeble construcción de la democracia mexicana para en el caos ver quien es más vivo para sacar el mejor provecho. Si veo que con las reglas actuales no ganaré; venga, a golpes derribar la endeble construcción para meterme por donde sea a sacar lo que quede, no importa que se caiga el edificio si logro sacar el mayor provecho, si mi partido sobrevive y sale fortalecido, está bien.

Podemos hacer otra historia, no la de ellos, exigir lo que la situación amerita. Que disminuya el número de diputados y senadores, uninominales y plurinominales y que las campañas electorales se hagan con recursos públicos, pero con un alto, muy alto recorte, de 70 a 80%, que les quede el 30 a 20% para sus campañas. Que se prohíban las campañas con propaganda en los espacios públicos, ningún ciudadano quiere contaminación ambiental, no queremos cientos de toneladas de plástico y de contaminación visual en el entorno que vivimos.

¡Que no nos tiren el sistema otra vez, cuando lo que requerimos es reconstruirlo!

Alejandro Calvillo

https://www.sinembargo.mx/author/calvillo/

Sociólogo con estudios en filosofía (Universidad de Barcelona) y en medio ambiente y desarrollo sustentable (El Colegio de México). Director de El Poder del Consumidor. Formó parte del grupo fundador de Greenpeace México donde laboró en total 12 años, cinco como director ejecutivo, trabajando temas de contaminación atmosférica y cambio climático. Es miembro de la Comisión de Obesidad de la revista The Lancet. Forma parte del consejo editorial de World Obesity organo de la World Publich Health Nutrition Association. Reconocido por la organización internacional Ashoka como emprendedor social. Ha sido invitado a colaborar con la Organización Panamericana de la Salud dentro del grupo de expertos para la regulación de la publicidad de alimentos y bebidas dirigida a la infancia. Ha participado como ponente en conferencias organizadas por los ministerios de salud de Puerto Rico, El Salvador, Ecuador, Chile, así como por el Congreso de Perú. el foro Internacional EAT, la Obesity Society, entre otros.

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