La CIDH y la ONU presentaron este día el informe de seguimiento sobre el caso Ayotzinapa y coincidieron en que a casi cuatro años de la desaparición de los estudiantes normalistas “no existe certeza de lo que pasó esa terrible noche de Iguala”. Esmeralda Arosemena de Troitiño, titular de la CIDH, llamó a la administración de Peña Nieto a dejar de lado la “verdad histórica” ante el “daño [que genera a las víctimas]” y la falta de investigación de otras líneas. “No la aceptamos”, sostuvo.
“Mientras hoy las élites rinden un informe de Gobierno, aquí las víctimas de un México profundo rinden otro que viene a dar cuenta cuenta a las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo y ancho de este país, y que marca a este gobierno con una huella indeleble que llevará durante el resto de los días y durante el resto de su mandato”, señaló Dylan Alexandrer, estudiantes del Comité estudiantil de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, durante la presentación del documento.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México (ONU-DH) exigieron al Presidente Enrique Peña Nieto que deje de insistir con su “verdad histórica” y que abra la puerta a una nueva “narrativa” sobre el caso ante las líneas de investigación que no se han ahondado.
“A la fecha no se han realizado cambios en la narrativa […]. Se tiene que dejar de una vez por todas esta posición, del señor Presidente saliente, que él plantea como ‘verdad histórica’, lo que la CIDH ha rechazado. Lo que la Comisión no acepta”, pronunció Esmeralda Arosemena de Troitiño, titular de la CIDH, desde la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, en el estado de Guerrero.
A la par de que el Presidente Enrique Peña Nieto rendía su último informe de Gobierno, la CIDH, la CNDH y de la Oficina en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU presentaron un informe que destaca los pendientes del Gobierno federal sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
El documento enfatiza que sigue pendiente una gama de líneas de investigación en el caso Iguala y exige agotarlas.
Los organismos internacionales demandaron al estado mexicano responder al menos 147 preguntas surgidas en relación al actuar del Estado en la búsqueda, la investigación criminal y las diligencias de la visitaduría de la Procuraduría General de Justicia (PGR).
“Mientras hoy las élites rinden un informe de Gobierno, aquí las víctimas de un México profundo rinden otro que viene a dar cuenta cuenta de las graves violaciones a los derechos humanos que se han cometido a lo largo y ancho de este país, y que marca a este gobierno con una huella indeleble que llevará durante el resto de los días y durante el resto de su mandato”, señaló Dylan Alexandrer, estudiante del Comité estudiantil de la escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
El representante del comité estudiantil manifestó que el caso de Ayotzinapa hizo visibles las desapariciones y graves violaciones a los derechos humanos en México, las cuales siguen cometiéndose: “Hoy cerramos [el sexenio] con este informe que retrata fielmente las irregularidades con que se investigan la desapariciones forzadas en este país y las mentiras que este gobierno da como resultado a las víctimas”, evaluó.
Pablo Flores, otro de los estudiantes de la Normal, reiteró que hasta el momento ningún elemento científico de prueba que indique que los normalistas hubieron sido incinerados.
“La Presidencia nos revictimiza con sus mentiras, esa ha sido la respuesta de Gobierno. A cuatro años de la desaparición, la PGR nos ha dicho puras mentiras, no ha solucionado nada sobre el caso”, acusó el joven.
“En México vivimos una etapa donde la corrupción, violencia, la desaparición forzada se ve normal”, añadió Omar Cruz, también del comité estudiantil.
María Elena Guerrero Vázquez pidió a los representantes de la CIDH, ONU y CNDH, que no abandonen a los padres y familiares de los 43 estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.
“Son cuatro años de mentiras, es una vergüenza. Pero queremos decirle [a los organismos internacionales] que los necesitamos, que gracias a ustedes hemos descubierto verdades, que el Gobierno mexicano dijo que son mentiras. Son ustedes tres organismos que han caminado con nosotros y han dado batalla para descubrir la verdad, no nos abandonen, sigan de la mano con nosotros”, solicitó la madre.
Esmeralda Arosemena, Comisionada titular de la CIDH, señaló que el objetivo del informe es “recoger en memoria lo que hemos exigido y demandado”, es decir, la verdad y aparición de los 43 estudiantes.
La relatora prometió a las familias de las víctimas que la CIDH los seguirá acompañando en la búsqueda “hasta encontrar la verdad y encontrar a los muchachos”.
La Comisionada explicó que el informe se elaboró con base a todas las observaciones y recomendaciones que fueron producidas y trabajadas por el Grupo Intercidiciplinario de Expertos (GIEI), así como toda la información que los mecanismos de la CIDH obtuvo en el transcurso de los años.
La representante del organismo internacional destacó que entre los aspectos que no se han aclarado ni se han indagado están la posible participación de la Policía Federal, la actividad de los teléfonos de los estudiantes desaparecidos, el rol del Ejército, las posibles participaciones de las policías municipales, estatales y las autoridades estatales de Guerrero y la falta de identificación de personajes clave.
“Nos hemos encontrado e identificado grandes desafíos en materia de la investigación, búsqueda y la atención a la víctimas”, subrayó Arosemena.
La relatora insistió que debe de haber una forma de enfocar las investigaciones con base a lo que ya ha identificado el GIEI y las Naciones Unidas.
Respecto a la versión de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, la comisionada llamó a no repetirla ante el “daño [que genera a las víctimas]. Nos indigna nos lastima”. “No la aceptamos”, sentenció.
La CIDH enfatizó la necesidad de que el Estado ejecute las ordenes de aprehensión pendientes y destacó “la importancia de agotar todas y cada una de las líneas de investigación con la información que existe actualmente. Porque si la investigación fuera bien conducida y apegada a los estándares de derechos humanos, nos permitirá arribar a resultados que ayuden a la búsqueda e investigación efectiva y determinar el paradero de los estudiantes desaparecidos”.
La representante de la CIDH confió que el cambio de Gobierno federal pueda abrir nueva posibilidad de contar con una investigación con “independencia e imparcialidad”.
Jan Jarab, Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, también reiteró el apoyo a las familias de las víctimas. En su intervención, dijo que este crimen puso en evidencia la crisis de desapariciones en el país.
“El caso de los 43 no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, sino que ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición forzada en el país, y la falta de respuesta adecuada del Estado”, señaló.
El representante de la ONU señaló que al día de hoy no existe certeza de lo que pasó esa terrible noche de Iguala. “[No] se sabe dónde están los jóvenes, quiénes son los perpetradores o peor, ¿hasta que nivel llega la responsabilidad del Estado?”, expuso.
Sin embargo, enfatizó, lo que sí se tiene certeza es la responsabilidad del Estado en lo que ocurrió después, con la investigación, “en las irregularidades, las omisiones. Y no se debe sólo señalar a la PGR, sino se trata de la responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto”.
