El PRI y sus aliados, el Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Encuentro Social, quieren imponer a Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la República para garantizar la “impunidad transexenal”, advirtieron hoy la iniciativa Ahora, el abogado Paulo Díez Gargari y el Partido Acción Nacional.
“Si un incondicional del PRI queda al frente de la Fiscalía General, este gobierno pasará a la historia por haber concretado su plan de impunidad, con el que protegerá a personajes como Javier Duarte, Roberto Borge, Humberto Moreira, César Duarte, entre otros priistas que se llenaron los bolsillos del dinero de todos los mexicanos”, destacó el PAN.
Ciudad de México, 3 de septiembre (SinEmbargo).– La iniciativa Ahora, el abogado Paulo Díez Gargari y el Partido Acción Nacional (PAN) advirtieron que el Revolucionario Institucional (PRI) y sus aliados, el Verde Ecologista de México (PVEM), Nueva Alianza y Encuentro Social, quieren imponer a Raúl Cervantes Andrade como Fiscal General de la República para garantizar la “impunidad transexenal”
Ahora consideró que el nombramiento de Ernesto Cordero como presidente del Senado forma parte de la estrategia para que Cervantes sea el titular de la Fiscalía General.
“Además de [Ernesto] Cordero, los panistas Roberto Gil, Javier lozano, Luis Lavalle y César Pedroza forman parte de este acto grotesco, con lo que documentan su complicidad con el PRI y con Enrique Peña Nieto”, expuso en un comunicado.
El abogado Díez Gargari, por su parte, demandó al Presidente Enrique Peña Nieto un Fiscal que sea “independiente”.
“México exige un Fiscal General de la República que sea verdaderamente independiente. Si usted reconoce la legitimidad de esta exigencia ciudadana debe designar como preferente la iniciativa de decreto por la que se reforma el Artículo Sexto Transitorio por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política en materia político-electoral. Si no lo hace, México entenderá que usted es parte de la simulación”, destacó en una carta pública dirigida al Presidente.
La bancada del PAN en la Cámara de Diputados también llamó a la sociedad civil y a los partidos políticos a impedir la imposición de Raúl Cervantes como Fiscal General.
El coordinador de los legisladores panistas, Marko Cortés, reiteró que el PRI y el Gobierno federal pretenden asegurar la continuidad del titular de PGR para “blindarse” ante cualquier indagatoria sobre los casos de corrupción cometidos en este sexenio.
“Nuestro llamado es a que la sociedad civil organizada se sume a esta lucha para impedir un hecho que es a todas luces contrario al Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo. “No podemos permitir que un amigo del Presidente sea quien combata la impunidad”.
Pidió a los senadores que dictaminen y aprueben a la brevedad la iniciativa enviada por el Presidente Enrique Peña Nieto para eliminar el llamado “pase automático”.
Ricardo Anaya, líder del PAN, acusó al Gobierno federal de buscar un “plan de impunidad transexenal”, que consiste en garantizar que el próximo Fiscal General sea un incondicional de su partido, como lo es el actual Procurador General de la República, Raúl Cervantes, a quien pretende imponer a través de un pase automático.
“Si un incondicional del PRI queda al frente de la Fiscalía General, este gobierno pasará a la historia por haber concretado su plan de impunidad, con el que protegerá a personajes como Javier Duarte, Roberto Borge, Humberto Moreira, César Duarte, entre otros priistas que se llenaron los bolsillos del dinero de todos los mexicanos”, señaló en un comunicado.
Acción Nacional, agregó, defenderá a toda costa que al frente de la Fiscalía quede un perfil apartidista, autónomo, con independencia, con solvencia moral y capacidad técnica.
El paso 29 de agosto, más de 299 organizaciones de la sociedad civil se pronunciaron en el Ángel de la Independencia para exigir que la Procuraduría General de la República (PGR) se transforme en una Fiscalía Autónoma, capaz e independiente.
“El asunto del pase directo del actual Procurador, no es un asunto de votos, sino se tiene que medir con el desempeño que ha llevado a cabo. Lo que yo te puedo decir es que en materia de delitos relacionados con violaciones graves de derechos humanos el trabajo del Procurador ha sido sumamente deficiente.”, dijo José Antonio Guevara, director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, A.C.
También los empresarios dejaron claro su punto de vista.
“Lo digo categóricamente bajo ninguna circunstancias vamos a optar por un pase automático, debe de analizarse a fondo. Y cualquier persona que tenga interés y la calificación deberá seguir un proceso formal para analizarse su viabilidad de ser electo, eso incluye al actual Fiscal y cualquier otro funcionario”, dijo Gustavo De Hoyos, Presidente Nacional de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Derivado de la reforma-político electoral del 2014 se mandó el cambio de Procuraduría a Fiscalía.
Sin embargo, la transición quedó estancada y tres años después las organizaciones civiles ven el riesgo de que la nueva Fiscalía sea sólo un cambio de estatus jurídico, sin nuevos procedimientos ni rendición de cuentas.
“Capturada por intereses políticos y económicos distintos al interés público, diseñada para ser complemento perfecto del añejo presidencialismo mexicano, incapaz de cumplir cabalmente su mandato, la PGR es uno de los más costosos y dañinos obstáculos a la impartición de justicia en México”, apuntaron las organizaciones en un comunicado.
