Ciudad de México, 3 de mayo (SinEmbargo).- Vejaciones, miseria, humillaciones y desinterés son parte de la cotidianidad de cientos de migrantes centroamericanos que diariamente transitan por México para buscar una mejor calidad de vida en los Estados Unidos, reconocieron diputadas integrantes de la comisión de Asuntos Migratorios de San Lázaro.
Su presidenta, la perredista Amalia García, demandó al gobierno federal que investigue las presuntas agresiones que sufrieron migrantes centroamericanos, la madrugada del 2 de mayo, en Cosoloacaque, Veracruz, presuntamente por integrantes del crimen organizado, al tiempo que lamentó la prisa del gobierno veracruzano por minimizar los hechos.
“Nuestra exigencia de que proceda la Procuraduría General de la República y el Gobierno de la República a través de la Secretaría de Gobernación, para que estos grupos de la delincuencia organizada que están actuando en contra de los migrantes puedan ser detenidos”, recalcó la legisladora perredista.
Pero no sólo esto, Amalia García -quien fuera Gobernadora de Zacatecas, uno de los estados que más migrantes expulsa al año-, pidió que se cambie a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración, por las denuncias que la casa del Migrante de Tenosique ha realizado por posible corrupción y colusión con el crimen organizado.
Por su parte, la Diputada perredista, Socorro Ceseñas, demandó a los gobiernos de las entidades por donde cruza el grueso de los migrantes centroamericanos, que se comprometan a trabajar para garantizar su seguridad y para combatir a las bandas delictivas que los agreden.
“Hacemos un llamado enérgico para que ese tema sea atendido a la prontitud y con la seriedad y la responsabilidad que amerita, porque México tiene que dar una muestra hacia todos los países del mundo de que se está actuando con irrestricto respeto a los derechos humanos”, apuntó.
Las legisladoras lamentaron que persista el doble discurso de la autoridad, que por un lado invoca a los tratados internacionales para proteger a migrantes mexicanos en el exterior, mientras que en México se violan sistemáticamente los derechos de quienes vienen, principalmente, de Centroamérica.
También, indicaron que el Congreso de la Unión ha puesto de su parte para crear nuevas leyes que garanticen la seguridad de los transmigrantes. Sin embargo, reconocieron que el respeto a la integridad y la vida de quienes cruzan el país no se resolverán con novedosas normas jurídicas, sino con la voluntad de los gobiernos locales para escuchar y atender sus demandas.
“Somos firmes convencidos de que deben garantizarse, defenderse, protegerse, los derechos, la vida, la integridad, los derechos laborales, de los migrantes mexicanos en el extranjero. Y al mismo tiempo, tenemos que tener la autoridad como nación y como gobierno, para garantizar la seguridad e integridad de los migrantes que cruzan por nuestro país”, dijo Amalia García, presidenta de la comisión de Asuntos Migratorios.
Pese a que ambas cámaras del Congreso no han sido omisas al problema de la migración migrantes, su preocupación, traducida en las reformas promulgadas se han quedado cortas para atender su demanda de protección de su vida y su integridad física.
El pasado 16 de abril, la Cámara de Diputados reformó la Ley de Migración, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos humanos de migrantes en su tránsito por el país.
El dictamen, aprobado por unanimidad con 447 votos, buscó acabar con la violación cotidiana de las garantías de transmigrantes durante su presencia en territorio nacional.
La reforma que se encuentra en estudio en comisiones del Senado establece la necesidad de que las políticas públicas en materia migratoria garanticen la aplicación de medidas que no atenten contra los derechos humanos de migrantes.
Plantea que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en conjunto con la Procuraduría General de la República, instrumentará programas, medidas y acciones que garanticen la seguridad de migrantes en el tránsito por zonas consideradas de alto riesgo.
Y obliga a los servidores públicos del instituto Nacional de Migración a tener contacto físico con los migrantes, con “respeto irrestricto a la dignidad humana” y facilita la queja o denuncia que interpongan migrantes en contra de los funcionarios del Instituto.
“La reforma que hicimos es para subrayar la fragilidad y la vulnerabilidad en la que están los migrantes centroamericanos y para subrayar que el gobierno de la República, tanto la Segob como la PGR, deben tomar medidas, opero ya existe el compromiso del gobierno mexicano de respetar los derechos humanos y tiene que hacerse de manera permanente e inmediata”, indicó Amalia García.
Otro ejemplo, es la reforma a la misma Ley de Migración aprobada en el Senado de la República. Se modificó el artículo 112 para establecer la obligación del Estado mexicano para garantizar y proteger los derechos de los menores de edad migrantes no acompañados de un adulto.
Con la enmienda se obliga al instituto Nacional de Migración a responsabilizarse de la niña, niño o adolescente migrante no acompañado, que sea puesto a su disposición. El Instituto deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, canalizarlo al DIF local y dar aviso al Consulado de su país.
La reforma agrega que cuando el menor sea alojado en una estación migratoria, la autoridad dará aviso inmediato a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales en derechos humanos, para que coadyuven en la protección de sus derechos.
