Ciudad de México, 3 de febrero (SinEmbargo).– La delegación mexicana que compareció ayer ante el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas (ONU), aseguró ayer que el caso Ayotzinapa sigue abierto, pero no pudo precisar el número de personas que han desaparecido a manos de las fuerzas del Estado.
Ante ese Comité, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, admitió que los derechos humanos en México “enfrentan actualmente una de sus etapas más críticas y desafiantes”.
González indicó que si bien estos nunca habían alcanzado el grado de reconocimiento que tienen desde una reforma constitucional de junio de 2011, “los hechos evidencian la falta de congruencia entre lo dispuesto por las normas y la realidad”.
“La impunidad que la sociedad advierte y los altos niveles de violencia e inseguridad que se viven ocasionan que los derechos humanos sean vistos más como una situación meramente discursiva o teórica, que como un aspecto práctico y real”, expresó el funcionario en su discurso, difundido en un comunicado por la CNDH.
La delegación mexicana está conformada por un grupo de 27 personas, encabezado por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo; la subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Alejandro Alday González, y la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios e la Comunidad, Eliana García Laguna, entre otros.
Otros miembros de la delegación son el Comisionado Ejecutivo de Atención a Víctimas, Julio Antonio Hernández Barros, así como la titular del Comité de Personas Desaparecidas, No Localizadas, Ausentes o Extraviadas, María del Sol Vizcaya Cedeño.
Por parte de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) participó en la sesión el General José Carlos Beltrán Benítez, director general de Derechos Humanos de la dependencia, y el Capitán de Navío de la Secretaría de Marina (Semar) Ernesto Moreno Corona, quien es director de Justicia Naval.
En la sesión también estuvieron presentes miembros de la sociedad civil y padres de algunos de los alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, desaparecidos el 26 de septiembre del año pasado.
México compareció ante el Comité que, regularmente, examina en Ginebra a los 44 Estados Parte de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, cuyos integrantes preguntaron reiteradamente respecto al número total de personas desaparecidas por la fuerza en el país. Ante la falta de una respuesta concreta, los dos relatores, Luciano Hazan y Rainer Huhle, explicaron que, si no se sabe cuál es el problema, no se puede crear la legislación adecuada ni tampoco programas concretos para implementar una política de lucha.
A pesar de las advertencias y los reiterados cuestionamientos, la delegación del gobierno mexicano se limitó a proporcionar datos aislados sobre la resolución de algunos casos, así como de funcionarios apartados de sus puestos por estar relacionados con este delito.
El único dato preciso lo aportó la encargada de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios de la Comunidad, Eliana García Laguna, quien informó que actualmente se trabaja en la localización de 11 mil 309 personas, de acuerdo con los registros desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el pasado 31 de octubre.
Sin embargo, no especificó de qué tipo de desapariciones se trata, desde cuándo y si se puede hablar o no de delito.
Con anterioridad, además, expuso que se habían localizado 18 mil personas hasta el 31 de octubre del 2014, “el 69 por ciento”.
La delegación fue repetidamente cuestionada para que aclarara estas cifras, la pregunta quedó de nuevo sin respuesta.
La Subprocuradora García justificó la desaparición de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) argumentando que sus resultados fueron limitados y que las circunstancias legislativas y políticas no fueron las mejores para que funcionara. Tanto ella como Baltazar Samayoa Salomón, a cargo de la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, defendieron las medidas de protección para defensores de derechos humanos y periodistas. Baltazar incluso refirió que se han otorgado medidas de protección en 191 casos, algunos de ellos, aseguró, relacionados con desapariciones forzadas. No obstante, tuvo que reconocer que la Ley General de Víctimas no contempla protección para testigos de desaparición forzada, y prometió atender esa omisión.
EL CASO AYOTZINAPA
Con respecto al caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los relatores no hicieron especial hincapié pues dejaron claro que, si bien éste es un caso muy emblemático, la revisión en el Comité no es el foro adecuado para tratarlo y ejemplo de un problema que, lamentablemente, es mayor.
No obstante, el caso de los 43 estudiantes que desaparecieron tras una orden de las autoridades de Iguala y a manos de policías de este municipio y de Cocula, llegó a Ginebra.
El primero en referirse al caso fue el propio jefe de la delegación mexicana, Juan Manuel Gómez Robledo, quien pidió un minuto de silencio por los desaparecidos.
La delegación mexicana aclaró que la investigación del caso Iguala no se ha cerrado después de que la Procuraduría General de la República (PGR) informara "la verdad histórica" de lo ocurrido hace más de cuatro meses.
Después de que se le cuestionará a la delegación mexicana por qué no se estaban fincando cargos a los responsables por el delito de desaparición forzada, los representantes de México explicaron que en un principio la acusación fue por crimen organizado, que al 24 de diciembre "creíamos que no había suficiente evidencia para llamarle desaparición forzada"; sin embargo, tras una serie de detenciones, se empezó a trabajar para fincar cargos de desaparición forzada a todas las personas involucradas.
Ante el cuestionamiento de por qué la PGR no atrajo el caso inmediatamente, la delegación mexicana explicó que en un primer momento, la investigación la tomó el estado de Guerrero, y fue hasta 10 días después se solicitó su colaboración.
En la sala estaban dos padres de los 43 estudiantes, Hilda Legideño y Bernabé Abraján, quienes escucharon las explicaciones de los 27 miembros de la delegación mexicana.
El escepticismo de Legideño y Abraján quedó en evidencia en varias ocasiones en la que sus cabezas se movían en un gesto de negación al escuchar algunas explicaciones.
En un encuentro posterior con la prensa, Legideño denunció la inacción del Gobierno mexicano y los engaños de las autoridades.
“Hay inconsistencias en las investigaciones, se está tapando al Gobierno porque fueron policías los que se llevaron a nuestros hijos, ¿por qué no se les investiga?”, se preguntó.
Legideño agregó que, durante las intervenciones de los representantes del Gobierno mexicano, les escuchó hablar de apoyo a los familiares de desaparecidos, pero dijo que “eso es falso”.
“Hoy decidimos venir aquí para que nos apoyen a que se haga Justicia y que se acabe este tormento”, indicó, por su parte Bernabé.
Huhle hizo referencia al hecho de que durante la búsqueda de los 43 estudiantes se han encontrado fosas clandestinas con más de 40 cuerpos, lo que le dio pie a reiterar cuestiones sobre la “guerra sucia” de los años 70 y 80.
LA LISTA DE PENDIENTES
Otro de los temas más recurrentes durante las diferentes rondas de preguntas y respuestas fue el de la protección a los familiares de las personas desaparecidas o de los testigos de algunos casos, “dado que queremos evitar la revictimización”, especificó Hazan.
También estuvo entre los asuntos más reiterados la Reforma Constitucional que permitirá que haya una sola legislación en la México sobre las desapariciones forzadas, dado que, hasta la fecha, cada estado tiene su propia legislación y algunos ni siquiera reconocen este delito.
Sobre el tema de desapariciones e identificación de cuerpos, los enviados del gobierno mexicano explicaron que en el país se trabaja con un grupo médicos forenses desplegado en todos los estados de la República que trabajan de manera conjunta con peritos argentinos.
"Una vez que fueron encontrados los cuerpos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, desarrollamos un proceso interno, con médicos forenses expertos. Un equipo nacional de coordinación con soporte de la Cruz Roja. Un protocolo para identificación forense en el que estamos trabajando, Para todos usar este protocolo. Tenemos cubiertas muchas aéreas de entrenamiento. Gracias al equipo de Argentina y otros expertos creamos un equipo mexicano de forenses y antropólogos. Esperamos que lo podamos reforzar", explicaron los representantes mexicanos.
También se precisó que se está avanzando en la elaboración de una base de datos para localizar migrantes desaparecidos.
A la delegación mexicana también se le cuestionó el hecho de que el Ejército continúe asumiendo labores de seguridad del orden común, por lo que se preguntó si ya existía un plan del gobierno para que los militares regresen a los cuarteles.
En respuesta se explicó que desde la administración del ex Presidente Felipe Calderón se está trabajando en la formación de una corporación llamada Policía Federal, la cual ya cuenta con 45 mil elementos, pero se aclaró aún no son suficientes, además de que el regreso del Ejército va a la par con el fortalecimiento de las instituciones de seguridad.
Sobre la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU para revisar casos, la delegación mexicana aseguró que "México está abierto al escrutinio y a la justicia internacional", que no subestiman la competencia del Comité y la evalúan.
Hoy continuará la reunión en la que la que México tendrá que dar más repuestas a la ONU.
