El Senador Salvador López Brito ha salido, como se esperaba, con su domingo siete. El presidente de la Comisión de Salud del Senado, que –especulo– debe traer un silicio apretado debajo de la bata de médico cuando no pretende legislar con base en su prejuicios en lugar de tomar en cuenta la evidencia, ha impulsado un predictamen sobre mariguana medicinal que de un plumazo borra del cambio legal los tímidos avances liberalizadores de la iniciativa presidencial sobre cannabis. El panista, fiel al conservadurismo que se aferra a las mentiras repetidas durante décadas sobre la mariguana y que por más reiteradas que hayan sido sólo se convierten en verdad para las mentes obtusas incapaces de advertir la información contrastada y sometida a falsación, ha decidido cerrarse completamente a la despenalización efectiva de los consumidores, por más limitada que ésta sea, y se pretende dar un halo reformista con la aceptación de la legalización exclusivamente de los derivados farmacéuticos del cannabis, en beneficio exclusivo de las grandes farmacéuticas.

La cerrazón del pretendido salvador de las víctimas del flagelo de las drogas es solo un ejemplo de la doble moral que ostenta sin pudor la derecha del Partido Acción Nacional –organización que históricamente ha estado escindida entre dos almas: la liberal de su fundador Manuel Gómez Morín, siempre minoritaria pero capaz de atemperar los embates de clericalismo, y la católica, inclinada muchas veces al integrismo–. En nuestros días, esta doble cara del partido se muestra sin maquillaje: mientras el Senador Roberto Gil Zuarth ha asumido una clara posición liberal frente al tema de la mariguana, López Brito, Cordero y buena parte de la bancada senatorial exhiben sin ambages su hipocresía, pues prefieren mantener a los jóvenes en la cárcel y torturados por delitos no violentos, como la posesión de una sustancia prohibida para su propio consumo, mientras avalan y promueven la militarización del país.

Las mismas buenas conciencias cristianas del PAN, que se hacen cruces ante la posibilidad de que alguien pueda consumir por su voluntad una sustancia con el único objetivo de sentir placer, han facilitado el fortalecimiento del fuero militar para reducir la responsabilidad civil de las fuerzas armadas cuando actúan en tareas de seguridad pública que, de entrada, no deberían acometer si este fuera un país con un orden jurídico eficaz, garante de los derechos humanos y basado en cuerpos de seguridad no militarizados sujetos a la jurisdicción común.

Los mismos legisladores de Acción Nacional que se escandalizan ante la posibilidad de que alguien pueda traer consigo 28 gramos de mariguana para su consumo, porque con ello se degrada la raza, pasaron con celeridad las iniciativas que recortan garantías individuales y amplían la actuación arbitraria de las Fuerzas Armadas. No se pusieron así de tiquismiquis para aprobar las reformas sobre tortura, justicia militar, delincuencia organizada y miscelánea penal, que legalizan medidas contradictorias con los principios fundantes de una democracia constitucional. Esas mismas buenas almas cristianas secundan al ex Presidente Felipe Calderón en su campaña vociferante contra los jueces garantistas, cuando exigen a los fiscales y las policías, en los términos del nuevo sistema de justicia penal, que prueben sus acusaciones más allá de las confesiones extraídas bajo tortura en las que tradicionalmente se han sustentado las condenas en este país.

Para estos panistas, el Estado de Derecho no es el Estado de las garantías, sino el de la mano dura amparada en una legalidad retorcida a modo de sus inclinaciones autoritarias. La mariguana es para ellos espejo de perversiones sin fin, pero no lo son las ejecuciones sumarias del ejército y la marina, ya suficientemente documentadas como para que dejen de ser meros indicios; tampoco les resulta inmoral relajar las normas para prevenir, investigar y sancionar la tortura y otros tratos o penas crueles. También les han parecido un dechado de moralidad la nueva ley de ejecución penal y las reformas al código de justicia militar que autorizan a las fuerzas armadas a realizar cateos, investigar delitos, identificar y levantar cadáveres sin autorización de juez de control. Todas estas reformas las pasaron los senadores panistas sin chistar, mientras que obstaculizaron la demoniaca reforma para aumentar el umbral de portación de mariguana a 28 gramos y la despenalización de los consumidores. Que los soldados maten sin juicio, pase, que alguien fume mariguana, horror.

Los jaloneos legislativos para aprobar leyes capaces de frenar la rebatiña por el botín presupuestario y el tráfico de influencia o una regulación ligeramente más sensata de la cannabis, convertidas en moneda para el chantaje entre partidos antes de las elecciones del próximo domingo muestran una cara perversa de nuestra vida política. Si a eso se le suma la facilidad con la que han pasado las reformas con un claro sello retrógrada, que pretenden legalizar el Estado de excepción y la militarización, se hace evidente que la derecha pura y dura, la más oscurantista, ha logrado formar una sólida coalición política, sin distinción entre partidos, para frenar el avance civilizatorio en México.

Jorge Javier Romero Vadillo

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Politólogo. Profesor – investigador del departamento de Política y Cultura de la UAM Xochimilco.

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