Los firmantes exigen, además, reformas legales que eviten las detenciones aleatorias, impidan la tortura, que ha vuelto a resurgir con fuerza en el país, y garanticen juicios justos y transparentes en los que las confesiones obtenidas bajo coacción o violencia policial no sean válidas.
Túnez, 2 de mayo (EFE).- Un total de 46 asociaciones tunecinas, destacados miembros del mundo de la cultura y organizaciones internacionales lanzaron una novedosa campaña en favor de una lucha contra el terrorismo que no suponga también un retroceso de los derechos humanos.
Bajo el lema “No al terrorismo, sí a los derechos humanos”, los firmantes también pretenden denunciar así la nueva ley antiterrorista en Túnez y las medidas adoptadas tras la oleada de atentados ocurridos en el país en 2015, que han minado algunos de los progresos logrados tras la revolución de 2011.
“Es necesario combatir todas las formas de terrorismo y perseguir y procesar a los que perpetran, instigan y planean este tipo de actos. Pero el Gobierno tiene el deber de proteger los derechos de las personas, incluido el derecho a la vida”, explican en una carta dirigida al pueblo tunecino.
“Al mismo tiempo, los gobernantes deben tener en cuenta que abusar y no respetar esos derechos socava en diversos aspectos los esfuerzos de la lucha contra el terrorismo”, subrayan los firmantes, entre los que se hallan tres de las organizaciones tunecinas galardonadas en 2015 con el premio Nobel de la Paz.
A este respecto, afirman que esos abusos “facilitan los esfuerzos de los terroristas por destruir la paz social, ofrecen excusas a aquellos que apuestan por la violencia o amenazan con implicar de forma errónea a inocentes”.
Los firmantes exigen, además, reformas legales que eviten las detenciones aleatorias, impidan la tortura, que ha vuelto a resurgir con fuerza en el país, y garanticen juicios justos y transparentes en los que las confesiones obtenidas bajo coacción o violencia policial no sean válidas.
Túnez, único país árabe en el que sigue en marcha un proceso de transición tras las revueltas de 2011, sufrió en 2015 tres graves atentados yihadistas que segaron la vida de 72 personas, 60 de ellas turistas extranjeros.
Desde que cayera la dictadura, las zonas montañosas limítrofes con Argelia se han convertido en guarida, centro de reunión y entrenamiento y lugar de paso a Libia de grupos armados radicales locales y de yihadistas llegados de todos los rincones del Sahel, en especial de la vecina Argelia.
Las provincias fronterizas de Kasserine y el Kef han sido declaradas zonas de exclusión militar y en ellas se producen a menudo enfrentamientos armados y atentados terroristas.
En 2015 fue aprobada también una nueva ley antiterrorista que sustituyó a la vigente desde 2003 y que otorga a las fuerzas de seguridad amplios poderes de represión, como la posibilidad de mantener detenida y en aislamiento a cualquier persona considerada sospechosa por espacio de 15 días.
Además, permite a los jueces celebrar procesos a puerta cerrada y no garantiza la seguridad y el anonimato de los testigos o de aquellos que denuncien actos de terrorismo.
Aparte del poderoso sindicato general UGTT, la influyente Liga tunecina de los Derechos de Hombre y la Asociación de abogados -todos ellos galardonados con el Nobel-, la iniciativa tiene el apoyo de organizaciones internacionales como Oxfam, Human Rights Watch y la Organización Mundial contra la Tortura.
El proyecto, que también apadrinan las familias de Choukroi Belaid y Mohamad Brahmi, los dos políticos tunecinos asesinados por radicales en 2013, cuenta con una página en Facebook y una cuenta en la red social Twitter.
En ellas han colgado sus dibujos reconocidos viñetistas locales y se pueden consultar vídeos y declaraciones de algunos de los firmantes. EFE
