En el país existen al menos 36 conflictos mineros, la mayoría relacionados con casos de contaminación, daño a las comunidades y despojos a los pobladores donde se ubican estas zonas generadoras de una riqueza; de todos estos casos, al menos 70 por ciento son de compañías extranjeras. Datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia Secretaría de Economía, destacan que al menos tres cuartas partes de los proyectos mineros son de empresas de capital canadiense, que ampliaron su presencia en México tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
De acuerdo con datos del sector, siete de las minas de oro más grandes en nuestro país, están concesionadas a las firmas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
Diversas mineras canadienses a menudo son objeto de conflictos, algunos incluso de gran trascendencia, como el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Pero también hay mexicanas, como Grupo México, que han sido señaladas por ambientalistas y organizaciones internacionales por actuar con impunidad, situación que hasta ahora ha dejado contaminación, despojo y daños a la salud de miles de personas.
Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).– El 30 por ciento del territorio mexicano está en manos de 293 empresas de capital extranjero que extrae, explora y transforma los recursos minerales, así lo destacan cifras oficiales y grupos ambientalistas que defienden el derecho de los ciudadanos a su tierra y a la propiedad de lo que ésta genera. A la par del crecimiento de la industria minera, también han aumentado las violaciones a los derechos de las comunidades y a las garantías laborales de quienes trabajan en la extracción, así como la cada vez más preocupante “devastación” al medio ambiente que, de acuerdo con diversas organizaciones, ha generado daños irreversibles que afectan a todo el país.
Miembros de organizaciones globales como Greenpeace, y las mexicanas Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), plantearon a SinEmbargo que en el país hay una visión generalizada de “pagar para contaminar” y no de prevención, puesto que en la mayoría de las concesiones que otorga el Estado, los estudios de impacto ambiental se realizan luego de firmarse los contratos y, en muchos casos, esos estudios son “débiles”.
Además, denunciaron esos organismos, imperan también las constantes violaciones a las comunidades indígenas y a sus sitios sagrados, la criminalización y el hostigamiento de los defensores de la tierra y del medio ambiente.
En México existen al menos 36 conflictos mineros en proceso, según el Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, que en su mayoría se relacionan con accidentes, como la explosión que se registró en 2006 en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde 65 trabajadores perdieron la vida, y de los cuales 63 cuerpos aún no han sido rescatados. O como la defensa del pueblo Wixárika ante la devastación del territorio Sagrado Wirikuta, o el caso de La Sierrita en Durango, donde la empresa canadiense Excellon Resources ha violado los contratos que había signado, y los ejidatarios han tenido que enfrentarse no sólo a la minera sino a la complicidad de las autoridades mexicanas y el Gobierno canadiense.
Según las organizaciones, el Estado mexicano se ha dedicado durante los últimos años a darle a las empresas trasnacionales y nacionales del sector la garantía de que en el país “ellos van a poder hacer lo que quieran”, comprometiendo así el futuro de las comunidades indígenas y el derecho ambiental de todos los mexicanos.
LA PRODUCCIÓN MINERA
VER MAPA : Proyectos Mineros de Empresas con Capital Extranjero
La SE reportó que México ocupó en 2013 el primer lugar en la producción de plata a nivel mundial, con un volumen de producción de 5 millones 821 mil toneladas, lo que representó el 26 por ciento de la productividad del mundo. La Nación ocupó también el segundo lugar en la producción de bismuto –un elemento químico para tratar los males estomacales–, con 824 mil toneladas; de fluorita, con un millón 210 mil toneladas, y de wollastonita –mineral que se utiliza en el sector de pinturas–, con 57 millones 302 mil toneladas.
Además se posicionó en el cuarto lugar en la producción mundial de cadmio, uno de los metales más tóxicos existentes, con un volumen de un millón 451 mil toneladas. De igual forma fue el cuarto productor de plomo, con 253 mil toneladas.
México fue también el octavo productor de oro a nivel mundial en 2013, al producir 118 mil toneladas del metal áureo.
En la República Mexicana al menos 25 estados registran producción minera. De ellos, Sonora fue la entidad con mayor participación a nivel nacional durante 2013, año en el que generó 66 millones 554 mil 248 pesos.
La dependencia federal destaca en sus informes que nuestro país es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el cuarto en el mundo.
Esta industria ha registrado un considerable crecimiento durante los últimos dos sexenios. En 2014 se registraron al menos 902 proyectos mineros operados por 293 compañías de capital extranjero, 205 de origen canadiense.
El mayor número de concesiones mineras de empresas con capital extranjero se concentran en Sonora con 216, Chihuahua con 114, Durango con 98, Sinaloa con 93, Zacatecas con 69, Jalisco con 60, Guerrero con 37, Oaxaca con 34, Nayarit con 22, Michoacán con 23, Guanajuato con 19, San Luis Potosí con 17, Coahuila con 12, Baja California y Colima con 11 cada uno, Puebla con 10, el Estado de México con ocho, Chiapas con 7, Baja California Sur también con 7, Querétaro con 6, Hidalgo y Veracruz con 4 por cada entidad, Tamaulipas con 2 y Morelos con 3. Finalmente, el estado de Nuevo León registra un solo proyecto de exploración.
De acuerdo con el Sistema de Administración Minera (SIAM), dependiente de la Secretaría de Economía, durante 2013 y 2014 se otorgaron más de 2 mil concesiones. Sin embargo, la dependencia federal no ofrece datos específicos de cuántos proyectos mineros se aprobaron durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, periodo en el que asegura organizaciones civiles, el territorio concesionado creció en un 53 por ciento.
Toda la información con respecto a la producción e inversión minera que ofrece la SE en su página oficial de la Internet está relacionada con empresas de capital extranjero, pero no reporta la participación de empresas de capital mexicano ni tampoco cuántas concesiones se les han otorgado.
LEGISLACIÓN LAXA
El director de Comunicación de Greenpeace México, Raúl Estrada González, expone que en el país la legislación minera está enfocada principalmente en incentivar la inversión en este sector y, sin embargo, no existe un marco regulatorio que permita cuidar el medio ambiente, ni que proteja los derechos de las comunidades.
“Esto ocurre porque tenemos una legislación muy débil, por que durante varios años y sexenios ha enfocado mucho más sus baterías en poder incentivar la inversión en el país, pero sin que esto represente un alto costo para las mineras”, denuncia el activista.
Mientras en otras partes del mundo las compañías tienen que cumplir con estándares muy altos para cuidar el impacto ambiental y las afectaciones a las comunidades por las actividades que realizan, en México hay ocasiones en que ni si quiera se llevan a cabo de manera previa los estudios necesarios para comenzar a explotar las tierras.
“En ese sentido la legislación mexicano no ha progresado para poder hacer una defensa férrea de los derechos de las personas que viven cerca de una comunidad, o de un centro donde se está teniendo un manejo industrial con actividad minera”, afirma.
El coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC –una organización no gubernamental que tiene como objetivo defender y promover los derechos económicos, sociales y culturales–, Juan Antonio López Cruz, sostiene que el Estado mexicano ha comprometido “la seguridad de las y los ejidatarios, así como la de las comunidades indígenas, en esta idea de poder abrir las puertas a la inversión extranjera”.
“[La inversión extranjera] es algo que se ha venido manejando desde hace ya muchísimos sexenios, ¿qué le das tú a estas empresas que vienen a invertir a nuestro territorio? Pues les tienes que dar una garantía de que van a llegar y ellos van a poder hacer lo que quieran, porque sino para ellos no va a ser un buen negocio”, agrega.
López Cruz expone que la corrupción que existe en nuestro país, es otro de los factores que permiten a las empresas pasar por encima de los derechos de los propietarios de la tierra, a quienes ponen en desventaja ante esos corporativos, debido a que las autoridades “ejercen sus funciones por ciertas cantidades de dinero”.
“La corrupción, la participación del Gobierno aceptando algún tipo de dádiva por parte de las empresas, eso es algo que afecta no sólo en el tema de la minería sino en el tema de muchas otras trasnacionales o grandes proyectos nacionales, en los cuales se permite que estas empresas puedan llegar a violentar los derechos de las y los propietarios de la tierra”, añade.
Una investigación de Greenpeace Internacional exhibió en varios países, entre ellos México, cómo las débiles legislaciones que existen han fallado en su objetivo de proteger la salud de las personas y sus comunidades, al tiempo que se promueve la negligencia en el cumplimiento y seguimiento del buen manejo del medio ambiente en la industria minera.
En el caso de México, explicó la organización, “las leyes sobre descarga de desechos son laxas y en la mayoría de los casos no son cumplidas por las industrias, quienes cuentan con la ayuda de la pasividad del Gobierno”.
“La gente se queda en riesgo y los problemas de salud continúan. En Sonora, donde ocurrieron los derrames de la mina Buenavista del Cobre, de Grupo México, la crisis del agua es una constante ya que esta área está cerca de uno de los mayores desiertos mexicanos. La industria minera y otros tipos de industrias contaminaron la escasa agua disponible para las poblaciones. La tribu Yaqui es una de las más afectadas por la priorización del crecimiento económico por encima de la gente y de la protección ambiental al autorizar trasvases entre cuencas que desequilibran ecosistemas”, planteó la investigación.
La abogada ambiental Larisa de Orbe explicó a Greenpeace que en México las leyes se han vuelto cada vez más flexibles en los últimos años, un ejemplo es el haber excluido de la legislación local las manifestaciones de impacto ambiental y de riesgo que viven las poblaciones.
“Las leyes ambientales requieren que las actividades que supongan un riesgo para la salud presenten una sección por separado sobre la salud de las poblaciones. Pero las autoridades han dado permisos a cientos de mineras con débiles estudios sobre el impacto ambiental en las zonas y éstos no son considerados o consultados”, dijo.
Por otra parte, el activista Raúl Estrada indica que durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) se dieron una serie de cambios y decretos en la legislación minera, para que este tipo de empresas se pudieran instalar en el país con mayor rapidez y facilidad. Esa misma política, afirma, continúa en la administración de Enrique Peña Nieto, así como la entrega desmedida de concesiones.
“No tenemos realmente los instrumentos para poder garantizar, más allá del beneficio económico, la preservación de los derechos humanos”, destaca.
Andrea Cerami, abogado del Cemda, asegura que un tema fundamental en la legislación minera debería ser “no tratar las cuestiones ambientales como las últimas. En México para poder hacer una minera la empresa generalmente solicita el permiso a la autoridad para poderlo hacer, y después se ocupa de los temas ambientales, como último”.
Destaca que por lo regular cuando las autoridades y las empresas abordan los temas ambientales, los proyectos ya están listos, e incluso ya se han dado todos los permisos.
LA COMPLICIDAD CANADIENSE
En México, de acuerdo con datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia SE, el 70 por ciento de los proyectos mineros pertenecen a empresas de capital canadiense, las cuales ampliaron su presencia en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Según la Camimex, siete de las minas de oro más grandes en nuestro país, están concesionadas a las empresas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
Diversas firmas canadienses a menudo son objeto de conflictos. Algunos de gran trascendencia, como fue el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Otra empresa de ese mismo país, First Majestic Silver, dueña del Proyecto La Luz, ubicado en la región de San Luis Potosí conocida como Wirikuta, ha sido objeto de reclamo. En noviembre de 2014, el Consejo Regional Wixárika exigió que la mina abandone la zona, luego de que IDM Mining INC, otra canadiense, ya había dejado el proyecto.
Mientras, en 2004, la minera Excellon Resources comenzó a explorar las tierras de la comunidad del ejido La Sierrita de Galeana, en el municipio de Tlahuililo en Durango, donde buscaba plata, plomo y zinc, fuera de los territorios establecidos en el contrato de arrendamiento con los ejidatarios de la zona.
En su acompañamiento a la comunidad de La Sierrita, la organización ProDESC ha detectado muchas irregularidades de las autoridades mexicanas, quienes incluso han llegado a “parecer representantes de las empresas”.
Estas actitudes, asegura la organización, son reiteradas en diferentes estados en donde operan minas y en donde hay una protesta legítima en contra de la instalación o en contra de las afectaciones que está haciendo una empresa.
Juan Antonio López expone que en el caso de Durango la participación de diferentes autoridades estatales y federales están en complicidad con la Embajada canadiense, ésta última señalada por presionar a las autoridades mexicanas “para que violentaran a las y los ejidatarios de La Sierrita”.
También dice que la participación del Gobierno mexicano y del canadiense ha llegado a niveles de violentar a los ejidos usando a la fuerza pública para desalojar a los habitantes que se han manifestado en contra de la mina.
Recuerda que la importancia de este caso radica en que la mayoría de las minas en México y en toda Latinoamérica son canadienses, y con ello está implícita la participación de su Gobierno, “que es el que presiona e influye dentro de nuestro Gobierno, para que se violente y se reprima a los ejidatarios que están protestando y defendiendo sus derechos en contra de una mina canadiense”.
En febrero pasado, las organizaciones Mining Watch Canada y United Steelworkers, presentaron el informe “Las entrañas de la complicidad canadiense”, en el cual recordaron que se considera un aspecto normal de las actividades consulares de Canadá respaldar los interese de las empresas del mismo origen a nivel internacional.
Sin embargo, denunciaron, existen pruebas contundentes en el comportamiento de representantes canadienses en México que han intentado ayudar a la empresa Excellon Resources a evadir sus responsabilidad por violaciones al contrato pactado con el ejido en cuyas tierras opera la mina La Platosa en el estado de Durango.
“Esto incluye la tolerancia y el apoyo de la Embajada en la violenta represión estatal de una protesta pacífica en el ejido La Sierrita a mediados del 2012”, abundaron las organizaciones.
Este conflicto es uno de los muchos en los que empresas mineras canadienses han estado involucradas en México. Incluso, a través de su análisis, estas asociaciones concluyeron que las misiones canadienses promueven y protegen los intereses de las empresas mineras originarias de ese país “a costa de los derechos individuales y colectivos de las comunidades afectadas”.
En el caso de otra canadiense, Blackfire Exploration, en Chiapas, las organizaciones United Steelworkers, Fronteras Comunes y Alerta Minera Canadá alertaron en un informe basado en una solicitud de acceso a la información, que la representación de ese país posibilitó que se estableciera la mina presionando al estado de Chiapas, luego de que la firma encontró dificultades para instalarse.
En este conflicto, en el que perdió la vida el activista Mariano Abarca, la Embajada de Canadá en México se encargó de resolver los problemas de la firma en la entidad, ignorando las protestas de las comunidades e incluso hizo caso omiso de las amenazas a los activistas locales.
Abarca fue asesinado en 2013, posteriormente la mina fue clausurada por razones ambientales y se supo que la empresa había realizado pagos directos a la cuenta personal del Alcalde local para limitar las protestas, lo que en la actualidad es objeto de una investigación de la policía federal (RCMP) de Canadá.
Estos casos, alertan las organizaciones, representan un preocupante ejemplo del significado que el Gobierno de Canadá le puede estar dando a la “diplomacia económica” que figura como uno de los aspectos centrales de su Global Markets Action Plan (Plan de Acción sobre los Mercados Mundiales) dado a conocer en noviembre del 2013, que indica que la totalidad del cuerpo diplomático canadiense se mantendrá al servicio de los intereses privados, y de las maneras en que este enfoque podría posibilitar mayores abusos empresariales.
Finalmente, destaca el estudio, esas revelaciones “escasamente sorprenderán a muchos en Latinoamérica que ya estiman que las autoridades canadienses actúan con una notable parcialidad”.
UN EJEMPLO CLARO: LA SIERRITA
El 29 de agosto del 2012, en el estado de Durango, aproximadamente un centenar de elementos del Ejército Mexicano y de las policías federal y estatal utilizaron la fuerza para desmantelar un campamento pacífico enfrente de la mina La Platosa, propiedad de Excellon Resources. El ejido La Sierrita, una comunidad agrícola de 127 ejidatarios propietarios de los predios, exigía que la firma respetara el contrato de arrendamiento que ambas partes habían firmado en 2008, y que la empresa había violado.
Las protestas inciaron desde el 8 de julio de ese año y desde ese momento la firma decidió suspender las operaciones de la mina, debido a que los trabajadores se unieron a los pobladores en un gesto de solidaridad.
Juan Antonio López, abogado de ProDESC, detalla: “Presentamos una demanda de recisión de contrato, precisamente por incumplimientos a un contrato ya existente y por violaciones a los derechos de las y los ejidatarios”.
La demanda se presentó al mismo tiempo que la mina interpuso también una demanda de recisión. Actualmente se está llevando a cabo la etapa de pruebas, luego se dictará sentencia al caso y sea cual sea el resultado, implica la devolución de mil 100 hectáreas, que contempla el contrato.
En esos ejidos ya se llevó a cabo la etapa de exploración, explica el también activista, pues se detectaron obras de barrenos y hoyos por donde se iba diseñando la veta de plata. Por esto, en esos terrenos ya hay una afectación, como el compactamiento de tierra así como la contaminación por tiradero de aceite.
“Incluso en 10 de las mil 100 hectáreas, se registran afectaciones mayores debido a que fue donde se colocaron las bombas de agua, y los respiradores”, añade.
El litigante dice que se había mantenido un diálogo con la empresa para tratar el tema de cómo se iban a resarcir los daños causados en los terrenos, además de cómo se reivindicarían los derechos violados de los ejidatarios. Sin embargo, desde el año pasado esas negociaciones se rompieron y pese a que se ha intentado retomarlas, hasta el momento “la empresa no ha querido sentarse aún ha dialogar”.
“Las ejidatarias y los ejidatarios han apostado por el desarrollo de la región, tanto económico y la inversión, pero también por el respeto a sus derechos”, precisa.
Aunque actualmente, la gran parte de los ejidatarios están pidiendo que “se vaya la empresa, que se vaya la mina”, porque no ha producido, y además ha violentado a los habitantes de la comunidad.
¿Y LAS EMPRESAS MEXICANAS?
Pese a que la mayoría de las concesiones están en manos de empresas extranjeras, las firmas nacionales también se han visto involucradas en conflictos mineros, accidentes, y una gran contaminación del medio ambiente.
De acuerdo con la Camimex, el 30 por ciento de las concesiones en el país se encuentran en manos de firmas mexicanas. Entre ellas destacan Grupo México, de Germán Larrea; Industrias Peñoles, de Alberto Baillères González, y Frisco, que es propiedad de Carlos Slim Helú.
El accidente más importante, y que abrió las puertas a un sinnúmero de investigaciones al sector minero, fue el sucedido en la mina de carbón de Pasta de Conchos, de Grupo México, en Coahuila. La tragedia se registró el 19 de febrero de 2006 y ahí murieron un total de 65 mineros luego de una explosión provocada por una alta concentración de gas metano.
Los mineros fallecidos se encontraban trabajando a 490 metros y dentro de un túnel horizontal de 1.6 kilómetros de largo. De acuerdo con los peritos, quedaron a 150 metros bajo tierra y únicamente se lograron extraer dos cuerpos de las 65 personas que murieron sepultadas. A nueve años del siniestro, las familias aún reclaman los cadáveres que permanecen en el fondo de la mina.
Uno de los desastres ecológicos más recientes del sector minero es el derrame, sucedido el pasado 7 de agosto, de 40 mil metros cúbicos de ácido súlfurico procedentes de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, en los ríos Bacanuchi y Sonora. De acuerdo con Greenpeace, es el peor desastre ambiental registrado en esa entidad y en el país. Ese derrame afectó a unas 22 mil personas de siete municipios: Arizpe, Banamichi, Baviacora, Aconchi, Cananea, Ures y Hermosillo.
Sobre el tema, Sinaí Guevara, coordinadora de la campaña de Tóxicos de Greenpeace México, plantea que “(en el caso de Sonora) esta minera no va a cerrar a pesar del daño causado, inclusive la compañía ha mostrado su interés particularmente en proyectos peligrosos como el fracking”.
En tanto, Raúl Estrada expone que el desarrollo del caso, sobre todo el tema de la reparación del daño, se ha manejado sin transparencia y no se sabe si se han llevado a cabo todas las medidas necesarias de saneamiento.
Además, en Sonora, las minas de Industrias Peñoles también se han visto involucradas en diferentes casos. Uno de los más recientes, es La Parreña, que ha sido señalada por contaminar un río y una presa en la entidad, la cual, según ejidatarios de la zona, vierte desechos tóxicos [sulfato de cobre] en el arroyo Milpillas en el municipio de Santa Cruz, ubicado a unos 15 kilómetros de la frontera entre México y Arizona.
A finales de abril, ex empleados de la mina Fresnillo PLC, del mismo consorcio y ubicada en Caborca, Sonora, denunciaron una serie de irregularidades en sus despidos, además sostuvieron haber sido objeto de acoso y amenazas por parte de esa compañía, luego de que exigieron al Sindicato Nacional Minero Metalúrgico, Sección 94, que hiciera una rendición de cuentas.
Los mineros acusaron que la empresa, al momento de despedirlos, los obligó a firmar una carta donde la deslindaban de cualquier accidente o enfermedad que hayan sufrido o contraído durante sus años en la mina.
Los ex trabajadores aseguran que durante los despidos, de hasta ahora al menos 30 empleados, se han registrado una serie de irregularidades tanto en la manera en que realizaron sus liquidaciones, como en la forma en que los corrieron, pues aseguran han sido amenazados e intimidados. Explicaron que la minera tampoco les dejó corroborar si sus liquidaciones eran las que marca la ley, puesto que los presionaron para que firmaran.
PAGAR PARA CONTAMINAR
En México, de acuerdo con datos del observatorio de Conflictos Mineros de América Latina y de la propia SE, el 70 por ciento de los proyectos mineros pertenecen a empresas de capital canadiense, las cuales ampliaron su presencia en México luego de que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Cifras de la Camimex muestran que siete de las minas de oro más grandes en nuestro país están concesionadas a las empresas canadienses Goldcorp, Agnico Eagle, Alamos Gold, New Gold, Yamana Gold y Torex Gold Resources.
Además, diversas firmas canadienses a menudo son objeto de conflictos. Algunos de gran trascendencia, como fue el caso del asesinato del dirigente comunitario Mariano Abarca, en noviembre de 2009, luego de que se pronunció en repetidas ocasiones sobre los impactos ambientales y sociales de una mina de la firma candiense Black-fire Exploration en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Finalmente, las organizaciones consultadas concluyeron que en México existe una política generalizada de que las empresas pueden pagar para contaminar. Alertan también, que si en México no se regula la actividad minera, se seguirá acumulando una descomposición del entorno ambiental, que aunado a los futuros proyectos que dará paso la Reforma Energética, como es el caso del fracking, se continuará con la destrucción del territorio nacional.
El activista de Greenpeace Raúl Estrada sostienen que en México “la visión que se tiene es de pagar y entonces ya resuelves el problema. El asunto de fondo aquí es que no deberíamos de permitir en el país que existiera este tipo de producción que daña a las personas, daña a las comunidades. […] Además de que produce una descomposición del entorno ambiental”.
“No podemos inclinar la balanza hacia el lado de solamente pagar y que las comunidades se aguanten, que se aguanten a tener enfermedades, porque creo que eso no alimenta el espíritu de poder atender las necesidades de la gente y respetar los derechos establecidos en la Constitución”, comenta.
También alerta sobre el rumbo de esa industria en donde “vamos a un deterioro mucho mayor de lo que estamos viendo, y a lo que vamos es a repetir el caso de vertidos”.
En tanto, Juan Antonio López, de ProDESC, manifiesta que las afectaciones que produce la actividad minera en México, no sólo afectan el territorio donde se ubica la mina, sino a todo el país.
“Las minas que son a cielo abierto, que utilizan cianuro para poder trabajar, éste se disuelve, se lo lleva el aire, porque ni si quiera lo tienen protegido […] entonces se empieza a acumular en diferentes mantos acuíferos, y empieza a afectar diferente vegetación. Y eso nos comienza a dar otro tipo de contaminación”, ejemplifica.
En tanto, dice, “las minas subterráneas, generan una extracción de agua impresionante, miles de litros por segundo, y toda esa agua la utilizan para su laboreo, proceso que implica romper piedra y estar sacando minerales, esa agua sale de la mina ya contaminada, con altos grados de zinc, de plomo, y de otros minerales; [y a pesar de ello] la depositan directamente a la tierra sin un tratamiento adecuado, así como la sacan, así la depositan, y todos esos minerales se va acumulando en la parte superior de la tierra, lo cual la deja inservible para cualquier vegetal”.
Además de que el resto del agua contaminada se vuelve a filtrar sobre los mantos acuíferos, por lo que se tiene un ciclo de contaminación repetitivo que va afectando, aunado a las grandes cantidades de líquido que se desperdician.
Finalmente, el activista precisa que la mayoría de las comunidades que están en defensa de sus territorios no están en contra de las empresas, sino a favor del respeto, reconocimiento y reivindicación de los derechos humanos de los ejidatarios y comuneros.
“Esta defensa es porque se respeten sus derechos humanos, se da porque las empresas trasnacionales, del rubro que sea, no respetan los derechos”, asegura.
“Me da hasta un poco de miedo pensarlo […] las afectaciones por la minería y por la extracción de gas shale, así como las que se están dando por proyectos hidroeléctricos, todas estas afectaciones del territorio nacional […] son afectaciones con las que se está destruyendo el territorio nacional”, concluye.
