Ciudad de México, 1 de mayo (SinEmbargo).- La cantidad de programas sociales tanto a nivel federal como estatal, y el propio clientelismo de los partidos políticos, hace imposible blindar los programas sociales, tal como pidió Acción Nacional al gobierno federal para seguir en el Pacto por México.
Ayer, el Presidente Enrique Peña Nieto ofreció blindar los programas sociales ante la amenaza del Partido Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) de abandonar el Pacto por México.
Pero los especialistas dijeron que mientras los delegados de las dependencias federales sigan en manos de políticos (en este caso del PRI) y no de profesionales, será imposible blindarlos de tentaciones del partido en el gobierno.
“Es súper remoto que se pueda hacer algo de aquí a julio, lo que son las campañas en tierra las han hecho los tres partidos, no es el PRI también el PAN y el PRD usan recursos sociales para generar clientelas y es un problema de la naturaleza de los partidos”, dijo la presidenta honoraria de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide Social), Clara Jusidman.
Otro elemento para prever que seguirá el uso de programas sociales con fines electorales, es la designación de delegados federales en secretarías como la de Desarrollo Social o la de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
“Mientras las delegaciones de las diferentes secretarías tengan nombramientos ajenos a perfiles profesionales, desconocedores de los temas entonces las designaciones son claramente electorales”, señaló Alejandro González Arreola, director de Gestión Social, organización especializada en vigilancia de programas sociales.
Asimismo, el uso electoral tiene que ver con la falta de un padrón público transparente de los beneficiarios o en su defecto con la falta de reglas claras para determinar a los mismos, coinciden ambos especialistas.
RETROCESO
Jusidman dice que los audios y videos mostrados por el PAN de uso de programas sociales con fines electorales por parte del PRI en Veracruz, con participación del gobierno veracruzano y funcionarios federales, mostró un grave retroceso, sobre todo porque se pensaba que Oportunidades tenía más blindajes.
“Se había avanzado, por lo menos en 2006 se generó un consejo supremo para la protección de programas sociales con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Josefina Vázquez Mota, donde nos convocaron a varias personas para buscar cuáles programas estaban protegidos y cuáles no y que los que no se les buscara un blindaje. En ese entonces Oportunidades estaba protegido, los no protegidos eran los de la Secretaría de Agricultura, por ejemplo Procampo, eran muy discrecionales”.
Pero también aclara que la situación comenzó a modificarse con la administración de Felipe Calderón. Recurrió a la práctica que los panistas ahora reclaman al actual gobierno federal: la de colocar a delegados con perfiles políticos en representaciones estatales de dependencias federales encargadas de programas sociales.
Entonces se mandaba a ex diputados panistas, recuerda la especialista.
De cualquier forma se pensaba que un programa como Oportunidades tenía más candados, pero ya se vio que no.
“Este esquema de transferencia directa de ingresos como Oportunidades fácilmente genera clientela. Se decía que no había intervención humana en la designación y era cosa que se metiera la información y la máquina decía sí o no, pero para introducir la información alguien puede apoyar para que la persona vaya y la introduzca. Es decir en alguna parte del proceso puede intervenir una persona y generar una coacción”.
De cualquier forma se presumía que los federales estaban blindados, pero los estatales es sabido que no lo están.
“Los que no han estado blindados son los estatales, entonces los que están en más riesgo son los recursos sociales de los estados”, apunta Jusidman.
Otro problema es la cantidad de programas que existen. Tan solo del gobierno federal son 263, y por parte de los gobiernos estatales, son más de dos mil, dicen ambos especialistas.
“Se hace imposible la integración de los programas sociales”, dice González Arreola.
Asimismo, no hay padrones transparentes, y las reglas de operación tampoco son claras.
En ocasiones los beneficiarios que no deben estar están, y los que sí tienen derecho a estar pueden estar excluidos y carecer de mecanismos de reclamación, añaden los especialistas.
“Desarrollar eso toma tiempo, quienes más pueden vigilar eso son los propios beneficiarios. Se trata más del empoderamiento de los que se llaman beneficiarios y ojalá fueran titulares de derecho y hacer su exigibilidad y no ser usados electoralmente. Y si les exigen votar por alguien decir ‘yo tengo derecho’, y decir ‘no me pueden obligar a votar en tal sentido’, ese es el ciudadano empoderado”, establece Jusidman.
Aunque lo ocurrido en Veracruz y denunciado por el PAN no sorprende, por tratarse de un estado pobre y rezagado, donde es común la explotación electoral de la población, no deja de considerarlo una vergüenza.
También dice que para organizaciones como la suya es difícil detectar esta ingeniería con fines electorales, por el trabajo de tierra que hacen los partidos, no sólo el PRI.
“El PAN y el PRD son partidos de clientelas, no de miembros con derechos”, lamenta la presidenta honoraria de Incide Social.
Por su parte González Arreola señala que la focalización de los programas sociales conviene a los partidos para generar clientelas, pero lo ideal sería tener reglas y padrones universales de los beneficiarios.
