Ciudad de México, 1 de febrero (SinEmbargo).– El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) Luis Raúl González Pérez presentará mañana ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) un informe donde, según adelantó la agencia The Associated Press, afirmará que México tiene un "serio problema" en materia de desapariciones ya que no ha cumplido con muchos de sus compromisos internacionales en este tema y no cuenta con un registro nacional eficaz y transparente.
De acuerdo con el documento al que tuvo acceso AP, el Ombusdman Nacional incluso pedirá al Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU que haga diversas recomendaciones al gobierno en esta materia.
Este 2 y 3 de febrero en el marco del octavo periodo de sesiones del Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, se evaluará a México en la materia.
Recuerda que en los últimos datos oficiales ofrecidos durante un foro de la Cámara de Diputados el pasado 19 de enero por la subprocuradora de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eliana García Laguna, señalan que unas 23 mil 271 personas en México se encuentran desaparecidas o no localizadas, de las cuales la Unidad de Búsqueda de la PGR intenta hallar a 621.
AP detalla que González Pérez critica que no hay criterios claros para que se pueda establecer cuántos de esos casos fueron desapariciones forzadas. Destaca que la "impunidad" permitida en las desapariciones de las décadas de 1970 y 1980 ha generado las condiciones para que ese delito se siga cometiendo, como demuestra el caso de los 43 estudiantes desaparecidos el 27 septiembre en el estado de Guerrero.
El titular de la CNDH considera necesario "realizar una labor de sistematización, compulsa y depuración" de las distintas bases de datos existentes porque no hay un registro nacional "eficaz, exhaustivo y transparente" que permita conocer el número real de personas desaparecidas en México.
La CNDH, adelanta AP, pedirá ante la ONU que se continúe con la búsqueda y el registro de fosas clandestinas, la identificación de los cuerpos que se hallen en esos entierros clandestinos, además de que se unifiquen criterios en toda el país para lograr bases de datos confiables, que se haga una registro genético y que se atiendan los compromisos legislativos pendientes, como la publicación del reglamento para que funcione plenamente el Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas o la creación de una ley en materia de desaparición forzada.
El pasado 19 de enero, García Laguna subrayó que la fecha de registro de las desapariciones data de 2003, pero las averiguaciones se abrieron a partir de 2013.
Informó que hay 23 entidades federativas que establecen en sus códigos penales la desaparición forzada, de las cuales Guerrero, Chiapas y Querétaro tienen leyes específicas y sólo seis no tienen tipos penales referentes.
Por ello es importante generar una legislación nacional que obligue a las autoridades de todas las entidades a trabajar la investigación de la desaparición como lo señalan los estándares internacionales, enfatizó la funcionaria de la PGR.
Ayer por la noche, dos padres de los normalistas desaparecidos viajaron a Ginebra, Suiza, sede del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, para exponer su caso.
