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De acuerdo con información de las autoridades, las detenciones se llevaron acabo después de trabajos de gabinete y campo de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), en los que se logró ubicar a los presuntos delincuentes.
Los finados fueron lesionados al salir caminando de las instalaciones de la Procuraduría General de la República, en Coatzacoalcos, sin saber que fuera los estaban esperando para una emboscada.
La Procuraduría General de la República (PGR) decidió no ejercer acción penal en contra de Luis Alberto López, chofer del empresario Manuel Barreiro, por el caso de supuesto lavado de dinero en la compra de una nave industrial del hoy candidato frentista Ricardo Anaya Cortés.
La CNDH explica, a través de un comunicado, que solicitó información a las distintas autoridades involucradas y plateó a la Procuraduría General de República (PGR) la “necesidad de que realice una investigación integral, eficaz y objetiva del caso”, para así deslindar responsabilidades en los delitos que pudieron haberse cometido, así como lesiones y el homicidio de un elemento de la Secretaría de Marina (SEMAR).
El Poder del Consumidor, la Red Contrapeso, Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) y SocialTIC acusaron que la dependencia federal no ha investigado, ya que es el principal sospechoso de haber utilizado el malware Pegasus para espiar a los activistas Alejandro Calvillo Unna, de EPC y Luis Manuel Encarnación, de ContraPESO, además del investigador Simón Barquera, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), quienes han impulsado el aumento del impuesto en las bebidas azucaradas.
A través de un comunicado, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alberto Elías Beltrán, rechazó las acusaciones hechas por la coalición “Por México al Frente” ante la OEA y señaló que la conducción del proceso electoral “es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral (INE)”.
El Frente expuso al secretario general que el país está sumido en la violencia, la cual ha cobrado la vida de casi 40 aspirantes, quienes aspiraban a ocupar un cargo de elección popular.
En un trabajo de investigación, en coordinación entre personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), Subprocuraduría de Delitos Federales (SEIDF) y la Secretaria de Marina (Semar), se ejecutaron diez órdenes de cateo en inmuebles ubicados en diferentes puntos de Puerto Vallarta.
Del Toro Carazo no hizo pública la causa del abandono de la defensa por ser “parte del secreto profesional”. Aunque especificó que la decisión fue “comentada cordial y ampliamente con nuestro hasta ahora defendido”.La firma de abogados Del Toro Carazo dio por concluida la representación jurídica que hacía del ex Gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, acusado de operación con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
Autoridades de Chihuahua alistan un amparo contra la resolución de la Procuraduría General de la República de exonerar al ex Gobernador César Duarte de los delitos de lavado de dinero y desvío de recursos.
El organismo internacional llamó al Poder Judicial a excluir del juicio las pruebas obtenidas bajo actos de tortura y urgió al Estado mexicano a crear una Fiscalía General verdaderamente autónoma.
De acuerdo con el diario, el Juez Décimo de Distrito en Amparo Penal Patricio Vargas Alarcón negó a Barreiro la suspensión definitiva contra actos violatorios de su derecho de defensa.
La dependencia añadió que su actuar se enmarca en la ley y de sus “obligaciones constitucionales sobre la posible comisión de delitos y es ajena a los procesos electorales o actividades partidistas”.
La patronato, que dirige Gustavo de Hoyos Walther, explicó que al decidir no ejercer acción penal en contra del ex Gobernador se está ratificando “la convicción social sobre la ineficacia, parcialidad y falta de independencia de dicha autoridad federal”.
La PGR no ejercerá acción penal contra César Duarte y su ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, acusados de lavado de dinero y desvío de recursos.
#MetaDatos | Cuarenta y dos meses después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en el municipio de Iguala, Guerrero, la exigencia de la sociedad a las autoridades mexicanas para aclarar dónde están los jóvenes y quién ordeno su desaparición forzada se mantiene firme y muy presente en las redes sociales.