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El anuncio fue dado por el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Omar García Harfuch, quien añadió que “Juan Pistolas” se encargaba de reclutar a personas para después adiestrarlas, integrarlas a su equipo de sicarios, y resguardar las zonas de Guadalajara Tlajomulco de Zúñiga.
La Procuraduría General de la República (PGR) ha perdido oportunidades para corregir “el grave desacierto en que incurrió” en el caso; añadió que su error “mantiene privada de su libertad a una persona que no cometió el delito que se le atribuye, mientras el presunto responsable está libre y gozando de impunidad”.
La sentencia fue dictada por el juez de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de México (centro del país) a partir de los elementos de prueba obtenidos por el representante social de la federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), se indicó en el texto.
El líder del partido blanquiazul recordó que el ex titular de Hacienda ha apoyado en múltiples ocasiones al candidato del PRI, lo cual es violatorio de los estatutos del PAN, así como una contradicción con sus principios y valores, razón por la cual su expulsión del partido "es inminente".
Además, las personas cercanas al caso indicaron al medio estadounidense que está confirmado el hecho de que millones de dólares en sobornos fueron depositados a cuentas offshore, a fin de garantizar contratos de infraestructura.
Gabriela Martínez Reyna bajó cinco pisos para salir del edificio donde vivía en Tlatelolco, Delegación Cuauhtémoc, tras recibir una llamada. Era la noche del 10 de diciembre de 2010. Esa fue la última vez en que su madre Maria Cristina Reyna Brito la vio y hoy –pasados más de siete años– aún la busca.
La Procuraduría General de la República (PGR) afirmó que los magistrados que ordenaron reponer el procedimiento del caso Ayotzinapa y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia desconocen la división de poderes y las facultades de investigación y persecución del Ministerio Público Federal.
La Fiscalía de Veracruz dio a conocer la mañana del domingo que se había librado una orden de aprehensión en contra de la esposa de Javier Duarte de Ochoa, ex Gobernador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Un juez federal ordenó a la Procuraduría General de la República aceptar las 70 pruebas que presentaron las víctimas de espionaje a través del programa Pegasus y que la dependencia se había negado a admitir, informaron las organizaciones que impugnaron la negativa.
Agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo a cuatro personas que supuestamente se dedicaban a la reproducción, falsificación y almacenamiento de billetes de 100, 200, 500 y mil pesos en la colonia Iztapalapa, Ciudad de México. Asimismo, se aseguró el taller donde se remedaba el papel moneda.
La Procuraduría General de la República recaba los registros y procedimientos de operación del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por el ciberataque en el cual se habrían transferido ilegalmente entre 300 millones y 400 millones de pesos.
La PGR informó que Josué Iván “T”, no forma parte de los 122 objetivos prioritarios del Gobierno de la República; sin embargo, es probablemente considerado como un generador de violencia en la región donde fue detenido, con el cruce de drogas hacia los Estados Unidos de América, como su principal actividad delictiva, por lo que autoridades estadounidenses en coordinación con la AIC han realizado diversas operaciones en su contra.
La Agente Patricia fue la encargada de investigar los supuestos delitos por los que se acusaba al periodista, mientras que Javier fue el Juez que determinó que existían elementos suficientes para dictar formal prisión y continuar con el proceso penal.
En conferencia de prensa, el funcionario señaló que tanto los objetos asegurados, como Adrián "N" fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.
En una consulta a familiares del colectivo Los Otros Desaparecidos, se dio a conocer que la diligencia de ayer no está relacionada con sus casos, sino con las investigaciones del caso Ayotzinapa que coordina un agente del Ministerio Público federal de la PGR.
La negativa, informó que secretario ejecutivo del SNA, Ricardo Salgado, se debió a que la investigación “sigue su curso” y ha sido catalogada como de “carácter reservado”, por lo que sólo la víctima y el acusado tienen acceso al expediente.