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La protesta forma parte de las actividades que los familiares realizarán a días de que se cumplan cuatro años de la desaparición de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
El abogado de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra mencionó que las investigaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), y la reconstrucción de los hechos con una aplicación de arquitectura forense, confirmaron que las cámaras del TSJ captaron las agresiones a los estudiantes de policías municipales, la llegada de agentes de la Policía Federal y a un militar tomando fotografías de los hechos frente a sus instalaciones.
También hicieron un llamado a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a que “estén del lado de la verdad y de las víctimas”.
Joaquina García, madre de Martín Sánchez, acusó al Gobierno de su país de “no hacer nada” para esclarecer este caso y decir a los familiares “solo puras mentiras”.
El informe Doble Injusticia confirma que la verdad histórica es una gran farsa, “que tenemos un gobierno mentiroso y asesino que nos quiere imponer la verdad bajo tortura, no queremos una verdad bajo tortura”, se pronunciaron los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, en respuesta a las revelaciones que hizo ayer oficina de las Naciones Unidas en México.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) será el que asuma los costos políticos de la candidatura de Ángel Aguirre Rivero a Diputado federal– en caso de concretarse–, señalaron los líderes de Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) en Guerrero.
Este miércoles, Aguirre Rivero iniciaría su precampaña como aspirante a una diputación federal por el distrito 8 impulsado por la coalición “Por México al Frente”, que integran los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), sin embargo, el evento no duró ni cinco minutos porque los padres de los 43 normalistas tomaron la tribuna e increparon al ex mandatario.
Alrededor de las 6:30 de la tarde el contingente integrado por medio centenar de manifestantes avanzó con antorchas por la avenida Juárez, siguió su camino por Eje Central, continuó por Avenida Hidalgo y concluyó en Paseo de la Reforma, adelante del anti monumento a los desaparecidos.
El General Brigadier, José Francisco Gallardo, sostiene que la mexicana es una sociedad militarizada, un factor que permitió los crímenes de Estado escritos en Tlatlaya y Ayotzinapa en los que -dice- está involucrado el Ejército.
A casi tres años de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, Guerrero, sus padres rechazaron las declaraciones “irresponsables” y “cínicas” sobre “la verdad histórica” hechas por Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.
En un comunicado, los padres narraron que la mañana de este domingo, a las 11:00 horas aproximadamente, fueron detenidos por los uniformados que los hicieron para su camino usando armas de fuego.
Desde el 20 de abril pasado los padres de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero, mantenían un plantón indefinido frente a las instalaciones de la PGR. Este día, luego de una marcha, los manifestantes decidieron levantarlo, en espera de una reunión con el Procurador Cervantes el próximo 31 de mayo.
Alrededor de las 17 horas, organizaciones y familiares de los estudiantes se reunieron afuera de la PGR para poner fin al cierre que hicieron el día de ayer.
La Procuraduría General de la República (PGR) informó este día que se reforzó en varios aspectos la oficina de investigación que lleva el caso Ayotzinapa, lo que ha derivado en identificar a otros siete implicados y en la aprobación de más sobrevuelos en las zonas aledañas a Iguala, Guerrero.
Andrés Manuel López Obrador, prometió justicia a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa detenidos desaparecidos, por medio de una investigación “a fondo” para dar con los responsables materiales e intelectuales.
Tomás Zerón, quien fue director de la Agencia de Investigación Criminal, es sospechoso de las irregularidades administrativas de la primera investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, en Iguala, Guerrero.