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Las mineras de Canadá, cobijadas en el T-MEC, solo aportan al año menos del 1 por ciento de los ingresos por impuestos totales a México.
El Gobierno federal enfrenta el reto de aplicar la Ley Minera tanto a los empresarios más ricos de México como a las compañías canadienses.
El pasado 11 de enero, López Obrador se comprometió con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, a recibir en México a empresas canadienses del sector eléctrico que tuvieran alguna inconformidad con su Gobierno, algo que pudo hacer ayer con buenos resultados.
Las mineras, en especial las de origen canadiense, tienen un largo historial de abusos cometidos en contra de comunidades mexicanas que se encuentran en las inmediaciones de donde desarrollan sus proyectos.
La minera mexicana Fresnillo plc y las canadienses Agnico Eagles Mines, Torex Gold y Alamos Gold fueron las grandes beneficiadas durante la pandemia de COVID-19 al beneficiarse de las restricciones sociales impuestas por las autoridades, al posicionarse en varias entidades del país y generar miles de millones de dólares en ganancias, aseguró el informe La Lucha por lo esencial: la pandemia minera en México en tiempos de COVID-19.
En la zona donde opera la mina Cuzcatlán hay polvo blanquecino en la atmósfera y la población presenta enfermedades respiratorias, gastrointestinales o de la piel.
En los últimos dos años, la anhelada Ley Minera que por fin ponga a las comunidades y al medio ambiente por encima de las empresas, ha quedado en promesa.
Darren Blasutti, el presidente ejecutivo de la empresa minera Americas Gold and Silver Corp, dijo que se siente optimista sobre arreglar el cierre de una de sus minas en México, pues pronto tendrá reuniones con integrantes del Gobierno de México, de acuerdo con una entrevista publicada por Bloomberg.
El Gobierno de México buscará obtener más de 500 millones de dólares de la minera canadiense First Majestic Silver Corp “por los adeudos de los impuestos derivados de mantener artificialmente bajos los precios de la plata durante la última década”, de acuerdo con fuentes consultadas por la agencia Reuters.
En Carrizalillo, al sureste de Guerrero, no disponen de agua limpia desde 2010 al vivir en una zona minera rica en oro.
En el caso de México, el estudio destaca que cuatro mineras han amenazado con presentar demandas contra el Estado, en tres casos por medidas regulatorias relativas a conflictos socioambientales a nivel local, mientras que en un caso tiene como origen medidas tributarias. Una de estas empresas ya presentó su demanda.
Habitantes de comunidades de la sierra de Chiconquiac, en la costa centro del estado de Veracruz, se organizaron para enfrentar los proyectos mineros Caballo Blanco y El Cobre, de las compañías canadienses Almaden Minerals y Goldgroup.
Las autoridades mexicanas entregan los recursos del país a empresas extranjeras y no tienen reparo en favorecer los intereses de las mismas, aunque para lograrlo deban incurrir en atropellos y violaciones a los derechos de los mexicanos, acusa la familia Silveyra Arias, originaria del estado de Durango.
Removieron y desmontaron la vegetación forestal en más de 42 mil metros cuadrados de un área natural protegida dentro de Valle de los Cirios, en Ensenada, Baja California.
El Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau recibió una carta de más de 180 organizaciones de América Latina y otros países que le solicitaban regular las compañías mineras canadienses en el extranjero. La ignoró.
El 74 por ciento de las concesiones para exploración minera en México son canadienses. Sin embargo, 17 de ellas han dañado a comunidades mexicanas, de acuerdo con el Observatorio de Conflictos Mineros.