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El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James L. Cavallaro, insistió en que la “verdad histórica” de que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron quemados en el basurero de Cocula, en Guerrero, es imposible.
La ONU recomendó que el proyecto de ley contra la desaparición forzada debe garantizar el acceso a los cuarteles militares y a los órganos de inteligencia del Gobierno para dar con las víctimas de este delito.
Cuando se cumplen dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el periodista Témoris Grecko publica un nuevo libro en el que pone en evidencia la llamada “verdad histórica”, el costal de argumentos con el que una parte de la prensa y el Gobierno federal intentaron convencer a la sociedad mexicana de que los estudiantes fueron asesinados y sus cuerpos quemados en el basurero de Cocula. Esa tesis permitía al Estado cerrar una de las páginas más dolorosas de la Historia reciente del país. Pero nueva evidencia ha echado por tierra esa “investigación” defendida por el entonces Procurador Jesús Murillo Karam y por Tomás Zerón, ahora asesor de seguridad nacional por orden del Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante casi dos años las autoridades mexicanas se aferraron a su "verdad histórica" del caso Ayotzinapa: la idea de que 43 estudiantes desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 en el sur del país habían sido calcinados en un basurero por un grupo criminal, sin embargo ahora la PGR está aceptando abordar otras líneas de investigación, como las sugeridas en mayo por el GIEI.
Aldo tenía 19 años cuando fue herido por una bala el 26 de septiembre de 2014. La persecución policial fue el preludio de su tragedia y la de 43 de sus compañeros de la escuela normal para la formación de maestros Raúl Isidro Burgos, en el estado de Guerrero.
"Aún no sabemos la realidad del paradero y compartimos la frustración de las familias”, pronunció el Alto Comisionado tras sostener una reunión en la hoy a la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”.
Alfredo Higuera Bernal, titular de la Oficina de Investigación del caso Iguala, informó que a través de tecnología láser, utilizada para geología, se localizaron 40 sitios en los que buscará a los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace casi dos años.
El establecimiento de un mecanismo especial de seguimiento fue decidido por la CIDH el 29 de julio de 2016 mediante una resolución que establece que su objetivo es dar seguimiento a las recomendaciones formuladas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en sus dos informes.
La Procuradora General de la República, Arely Gómez, informó que investiga a más policías, aunque no específico cuántos, vinculados con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El reconocimiento a los padres, fue en solidaridad, y para exigir justicia. Y por la importancia que representa para los normalistas egresar de las escuelas normales.
En un comunicado el comité estudiantil de Ayotzinapa informó de la primera reunión con los comisionados del organismo para el seguimiento de las medidas cautelares, otorgadas el 3 de mayo de 2014 para los desaparecidos y los heridos en los ataques de policías la noche del 26 y 27 de septiembre de ese año en Iguala.
Doce organizaciones de derechos humanos internacionales y regionales exhortaron en una carta dirigida al Presidente Enrique Peña Nieto, con motivo de las reuniones que han sostenido en los últimos días los familiares de los normalistas desaparecidos desde 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno federal.
Los familiares de los 43 normalistas desparecidos desde septiembre de 2014 ingresaron cerca de las 13:00 horas a las instalaciones de la dependencia federal para entablar una mesa de diálogo en la que participó la Procuradora Arely Gómez González y el subprocurador Éber Betanzos, entre otros funcionarios públicos.
La CNDH concluyó que el normalistas Julio César Mondragón Montes, en el que concluyó que el joven murió por un traumatismo craneoencefálico y que no hay evidencia de que haya sido desollado.
El mecanismo fue acordado y presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y no sólo las medidas cautelares emitidas por la Comisión.
Luego de una reunión de casi dos horas en la sede de la SRE, Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los normalistas, acusó a Ruiz Misseu de “entorpecer” la creación y concreción de dicho mecanismo presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para dar seguimiento a las recomendaciones dejadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).