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El caso de Doña Carlota ha echado luz sobre el delito de despojo en la entidad mexiquense: desde 2015, y sobre todo a partir de la pandemia de COVID-19, estos crímenes han aumentado sin freno.
Fátima Quintana Gutiérrez, de 12 años de edad, fue víctima de feminicidio en febrero de 2015. Desde entonces, su familia ha enfrentado diversas formas de violencia institucional y ni siquiera se les ha reconocido como víctimas indirectas del delito para que tengan acceso a la reparación del daño y a su derecho a la no repetición. El caso llegó a la SCJN, que tendrá la oportunidad de corregir esta injusticia y sentar como precedente que la calidad de víctima indirecta no debe depender de formalismos, sino del vínculo con la víctima y el impacto en sus familiares.