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La opacidad se impuso en el caso Ayotzinapa. Ante la imposibilidad de obtener nueva información, Ángela Buitrago y Carlos Beristain, los dos últimos integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que investiga la desaparición de los 43 normalistas en 2014, dejarán de colaborar con el gobierno federal el 31 de julio. Unos días antes, el martes 25, presentarán su último informe.
La Jueza Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca consideró que la Fiscalía General de la República aportó las pruebas suficientes para iniciarle un juicio por el delito de desaparición forzada de personas.
La detención de este militar es apenas superada en rango por la caída en septiembre de José Rodríguez Pérez, quien tenía a su mando el 27 Batallón de Infantería de Iguala, Guerrero, en 2014.
Los militares son acusados de los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.
Por lo menos, seis residentes de la zona enviaron uno o más correos al 27 Batallón de Infantería, ubicado en Iguala, en los que advertían de la creciente presencia de grupos criminales.
Tomás Zerón de Lucio, el exjefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) que ayudó a construir la narrativa de la “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, habló con el diario de Israel Yediot Ahronot en una entrevista en cual se le retrata como el cerebro detrás de las dos detenciones de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, como un “perseguido político” y un hombre que se ha “reinventado” como el dueño de un restaurante de tortillas en Tel Aviv.
El INAI aclaró que el revelar los nombres de los presuntos responsables e imputados, los colocaría en una posición de riesgo, sin embargo, consideró que se podía hacer una excepción, pues es el caso es de interés público y se cometieron graves violaciones a los derechos humanos.
El Instituto Nacional de Migración recibió hoy a Alejandro Tenescalco, implicado en el caso Ayotzinapa, en el cruce internacional San Jerónimo-Santa Teresa, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Las autoridades habrían considerado que la condición del extitular de la PGR le permitía el traslado para continuar con la medida de prisión preventiva que enfrenta por el caso Ayotzinapa, sin embargo, su abogado, José Javier López García, expresó en un comunicado que dicha acción “pone en riesgo la salud y vida del licenciado Murillo Karam”.
Los abogados del Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel y del General José Rodríguez Pérez pidieron desechar la orden de aprehensión en su contra, así como la entrega de copias certificadas del pliego de consignación y del mandamiento judicial, sin embargo, el magistrado negó la entrega de la documentación bajo el argumento de que es confidencial.
La detención del uruguayo es clave para desentrañar el caso Ayotzinapa, incluso habiendo ocurrido a 200 kilómetros de distancia y dos meses antes del mayor crimen reciente de lesa humanidad del continente americano.
Encinas aseguró que reconoce el legítimo derecho a la defensa, la presunción de inocencia y el debido proceso de los militares, “sin embargo, es importante reafirmar que el ejercicio de las funciones de la Comisión de la Verdad no implica afectación alguna a la presunción de inocencia o al debido proceso”, indicó, para luego agregar que “la Comisión busca y da con la seria información sobre los hechos. No somos jueces ni fiscales, pero colaboramos con ellos”.
Los litigantes acusaron a Alejandro Encinas Rodríguez, titular de la Comisión Presidencial para la Verdad y Acceso a la Justicia, de entorpecer la investigación y fabricar pruebas falsas en contra de sus clientes: el Subteniente Fabián Pirita Ochoa, el Sargento Eduardo Mota Esquivel, el General José Rodríguez Pérez y el Capitán José Martínez Crespo.
Alejandro Encinas defendió las investigaciones por el caso Ayotzinapa y reiteró que se seguirá avanzando en la “búsqueda de la verdad y la justicia”.
De acuerdo con El País, el documento se basa principalmente en las declaraciones de nueve testigos protegidos, entre ellos cuatro antiguos integrantes de Guerreros Unidos, y mensajes de Blackberry intercambiados por miembros del grupo criminal interceptados por la DEA en Estados Unidos en la época del ataque.
El mandatario mexicano aseguró hoy que “se tienen todos los elementos para sostener la investigación” del caso Ayotzinapa, por lo que continuarán todos los procedimientos para irla fortaleciendo. “Se va a hacer justicia”, reiteró justo ahora que una serie de cuestionamientos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ponen a tambalear las indagatorias.