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En septiembre de 2014, más de 100 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, se trasladaron a Iguala de la Independencia y fueron perseguidos y atacados por policías municipales y presuntos miembros del crimen organizado. El saldo: 43 jóvenes desaparecidos, tres asesinados, y dos con lesiones perpetuas.
Familiares de los estudiantes de Ayotzinapa pidieron que la UIF investigue las cuentas del ex Alcalde José Luis Abarca, de Tomás Zerón y Murillo Karam.
En conferencia de prensa, activistas negaron que en esta diligencia se involucre la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, así como los peritos y antropólogos que participan en estas investigaciones.
En tanto, el vocero de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz dijo que la conclusión que da la jueza Molly S. Frazer de la Corte Migratoria de Florence, Arizona, Estados Unidos, de que el Ejército y policías federales participaron y estuvieron en los ataques y la desaparición de los estudiantes apuntala su exigencia de investigar a las corporaciones.
Asimismo, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas condenó el uso desmedido de la fuerza y documenta violaciones a los derechos humanos durante el operativo realizado por elementos de la Policía Estatal.
Derivado del enfrentamiento, al menos 20 personas resultaron heridas. De acuerdo con los primeros reportes, estudiantes encapuchados de la Normal Rural de Mactumactzá marchaban sobre el libramiento norte a Tuxtla Gutiérrez, pero fueron contenidos por elementos policiacos.
A pesar que en un inicio tanto Rodríguez Lozano como Bonilla Valdez mantuvieron a “Caminante” en el Gobierno, la visita de Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a Tijuana el miércoles 22 de enero, fue decisiva para la salida del sospechoso de participar como enlace en los hechos de Ayotzinapa.
María del Rosario Piedra Ibarra, titular de la CNDH, instruyó a la Primera Visitaduría, a cargo de José Martínez Cruz, acompañar a los padres y familias de los normalistas desaparecidos en esta nueva etapa, además de que ordenó valorar el alcance de las investigaciones y encontrar la forma de avanzar hacia una conclusión.
"Se ha citado ya a otras personas y seguramente vamos a ver ya a otras personas, no solamente de funcionarios, sino de otros actores que no habían sido convocados", dijo.
"Los tres casos de mayor responsabilidad en la Fiscalía General de la República, sucedieron en el sexenio de Peña Nieto, acaso el más protegido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha decidido perdonar la corrupción pasada, al menos en la figura presidencial".
Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, declaró el 8 de enero de 2019, en conferencia de prensa en Ciudad de México, que uno de los objetivos más importantes en la investigación sobre el homicidio y desaparición de 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, era encontrar la verdadera identidad de “Caminante” y de “El Patrón”, señalados de ser partícipes de los hechos sucedidos entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Encinas lamentó que las propias instituciones gubernamentales hayan bloqueado la investigación, colocando obstáculos durante la búsqueda de la información y evitar dar con el paradero de los normalistas; motivos por los que los responsables serán sancionados a través de procesos a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR)
«No hay punto a donde hayan sido llevados los 43, más bien los datos que ahora se tienen es que pudieron ser divididos en varios grupos y su paradero puede ubicarse en varios municipios», dijo Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43.
Debido a este suceso, las autoridades capitalinas han advertido de afectaciones viales en la zona, por lo que han recomendado como avenidas alternativas el Eje 1 Norte, Boleo, Avenida Insurgentes y F.C Hidalgo.
Sólo uno de los huesos hallados en la orilla de ese río fue identificado plenamente en Innsbruck como el de uno de los estudiantes. Sin embargo, para el equipo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eso no confirmaba la versión oficial por el incontable número de irregularidades que rodearon ese hallazgo en comparación con el resto.
La CIDH sigue dando asistencia técnica al Gobierno de México y colabora con la Comisión de la Verdad instalada a principio de año por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero su presencia es escasa. Por eso, dice que el impulso internacional que necesita el caso “solo puede hacerse efectivo a través de la reinstalación del GIEI”, es decir, del regreso físico del grupo de expertos para que investiguen sobre el terreno sin cortapisas.