Sugeyry Romina Gándara
La CIDHM documenta un total de 202 feminicidios a partir de la implementación de la Alerta de Género en Morelos. En 2017 se registraron 72 casos y en lo que va del año ya suman cuatro.
Familiares y amigos de cuatro jóvenes asesinados en Tizayuca, Hidalgo, demandan el esclarecimiento del multihomicidio y que se limpie la memoria de los jóvenes.
Organizaciones civiles y colectivos de mujeres de 10 municipios del Estado de México denunciaron que los feminicidios en la entidad continúan, pese a llevar 31 meses con la Alerta de Género operando en 11 municipios.
Vanesa Juárez Pisano es una joven madre víctima de violencia. La relación con su ex pareja por poco la lleva a la muerte. Desde el noviazgo Saúl, su ex esposo, la acosaba, la seguía y celaba, pero eso ella lo veía como “algo bonito, como una señal que él estaba interesado, que me amaba, que por eso me seguía”. Sin embargo, -ahora al conocer los niveles de maltrato- sabe que no era amor, sino vejación, una violencia que de la agresión emocional, verbal y económica pasó a la física, hasta tratar de estrangularla, platica en el testimonio que brinda a SinEmbargo.
Lilia Alejandra García fue asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Su madre, Norma Esther Andrade, lleva casi dos décadas buscando justicia…
“Ninguna familia puede estar viviendo esta crueldad porque es una situación muy cruel. ¡Ningún ser humano merece desaparecer!, señala Ruth Martínez, tía de Martín Alejandro, desaparecido en Veracruz.
“Nos mata la violencia machista, nos mata la impunidad”, gritaban al unísono decenas de mujeres que caminaron alrededor del Zócalo.
Vicenzo, Raffaele y Antonio desaparecieron el 31 de enero luego de ser detenidos por policías de Tecatitilán, quienes habría recibido mil pesos como pago por entregarlos al crimen organizado.
Un zapato con una mancha de sangre es la única evidencia fuerte que le dejaron a la representación de Diana Domínguez Félix para evitar que Carlos, el jefe de ella y quien confesó el crimen, pueda quedar libre u obtener una sentencia muy corta, como teme la familia después de que un juez desechó dos pruebas contundes que lo ponen a él en la escena del crimen
Alumnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Vallejo exigieron la destitución de la coordinadora jurídica del plantel tras el ataque sexual que sufrió una estudiante en los baños de la cafetería Cibarium dentro la escuela, pues denunciaron que por negligencia el agresor está libre mientras que la menor ha sido revictimizada y criminalizada.
Las familias de Nadia Alejandra Muciño Márquez y Lilia Alejandra García Andrade anunciaron que continuarán e intensificarán su búsqueda de justicia ante instancias internacionales “porque en nuestro país son incapaces de proporcionarnos lo que por derecho nos corresponde: justicia y verdad”.
El pariente cercano de Vincenzo Cimmino, Raffaele y Antonio Russo lamentó que tengan que salir del país porque -dijo- es un lugar que eligieron “porque nos gusta “y no esperábamos que algo así nos ocurriera”, dijo a SinEmbargo.
Especialistas, académicos, organizaciones de la sociedad civil y miembros de la Alianza por la Salud urgieron a la construcción de un proyecto nacional para un sistema alimentario nutricional que ponga en el centro el bienestar social.
Raffaele Russo de 60 años tenía tres meses y medio viviendo en México, mientras que su hijo Antonio Russo y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 25 y 29 años, respectivamente, tenían sólo cinco días en el país cuando desaparecieron.
El nombre Mirna Nereyda Medina Quiñónez tiene un peso entre los activistas no sólo de Sinaloa, sino en todo México. La defensora que visibilizó nacionalmente la problemática de su región finalmente encontró a su hijo Roberto Corrales, justo el día que se cumplían tres años de su desaparición; sin embargo, el hallazgo no la ha alejado de las Rastreadoras del Fuerte de Sinaloa, un grupo de personas que la desaparición de sus familiares las unió, la búsqueda las hermanó y un pacto las mantiene juntas: aunque encuentren a su ser querido continuarán en la busqueda porque “todos son nuestros”, dicen.
Yosimar García llevaba cinco años como agente de Culiacán y su caso formó parte de la “cacería de policías municipales” desatada tras el ataque que dejó 5 militares muertos en 2016 y que fue adjudicado a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.