Sugeyry Romina Gándara
De 4 mil 425 expedientes de denuncias de hechos por personas no localizadas (hombres y mujeres) en el Estado de México, sólo un caso había sido caracterizado o catalogado como desaparición cometida por particulares, según datos que dio la Fiscalía General de Justicia a organizaciones civiles en febrero pasado. Posteriormente, en junio pasado, se modificó la cifra y la FGE indicó que hasta la fecha llevaban al menos once casos judicializados por desaparición.
Estudiantes de escuelas normales, universidades, activistas se sumaron a la movilización que aglomeró a miles. A este movimiento se suman nuevas demandas: justicia para el caso Ayotzinapa; alto a la ola de desaparecidos y a la violencia.
Activistas y organizaciones de la sociedad civil celebraron la aprobación para la regulación de etiquetados frontales, pero advirtieron que la industria de la chatarra no se quedará de manos cruzadas y emprenderá una intensa y multimillonaria campaña contra la medida.
Un estudio publicado por el ITESO y la consultora Creatura, Critical Thinking Advocates, arrojó que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado en México.
Dependencias de seguridad y procuración de justicia capitalinas violaron derechos humanos de las víctimas, al incurrir en la falta de investigación y filtración de información en al menos 20 casos de feminicidio en la CdMx.
Al cumplirse un lustro de la desaparición forzada de 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, familiares y compañeros de las víctimas nuevamente salieron a las calles para exigir la presentación con vida de los normalistas y castigo a los culpables.
El caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa llega al quinto aniversario con nuevos compromisos de avanzar en las investigaciones, lo que ha avivado la esperanza de los padres de, finalmente, conocer la verdad y dar con su paradero.
Los ejemplares no solo han pasado días enteros sin comer, algunas especies, como los reptiles, han soportado hasta meses sin alimento, afirmaron los denunciantes.
José “N”, la ex pareja de Brenda, es el principal sospechoso, para la familia de la joven, pues él la había amenazado de muerte días antes del crimen, sin embargo, el hombre no ha sido detenido o declarado en México y el caso continúa impune, denunció la señora Gloria Imelda Montelongo Sánchez, madre de la víctima.
Wendy Janeth González Licón, 18 años, fue asesinada el pasado 19 de junio en el estado de Durango. Dos hombres – uno de ellos, el ex novio– fueron detenidos y vinculados a proceso como los presuntos responsables del crimen. La familia de la víctima pide que sean castigados con la pena máxima.
Esta marcha surge como una necesidad de no dejar las calles y seguir en la protesta contra la violencia de género, “de continuar mencionando que 10 mujeres son asesinadas en este país a diario”, explicó la activista Mar Cruz, parte de los colectivos del Movimiento #TerremotoFeminista.
La más reciente resolución a favor de 24 policías presuntamente involucrados en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se suma a una serie de liberaciones polémicas en México, un país donde la probabilidad de esclarecimiento de un delito es de tan sólo el 1.3 por ciento.
El padre de la joven, está convencido que el imputado por el feminicio no actúo. Asegura que su nieto relató que el padrastro de la víctima también participó en el feminicidio; sin embargo, acusa que las autoridades, en lugar de esclarecer, lo revictiminzan respondiéndole que “deje los chismes a un lado” cuando él les reclama o les exige respuestas contundentes.
La versión oficial del anterior Gobierno es que los estudiantes fueron privados de la libertad en manos de policías corruptos y miembros del Cártel Guerreros Unidos, quienes los habrían matado e incinerado en el basurero del municipio de Cocula.
Aurelio Alfonso desapareció junto con su novia África Leticia Quiroga Castro, 21 años, y su maestro, Roberto Hernández Sánchez, 29 años, el 8 de septiembre de 2016 cuando presuntamente iban al centro de la ciudad de Xicotepec, Puebla. Desde entonces no se ha sabido nada de ellos.
Los testigos y familias de las víctimas de la presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo, Tamaulipas, no cuentan aún con ninguna medida de protección, ni por parte de Gobierno Estatal, ni de Gobierno Federal.