Sugeyry Romina Gándara
Matar es grave y peor argumentar que “lo confundieron con un maleante”. Ese intento de “justificación” muestra la severa normalización de la brutalidad y abuso policial: que los policías creen que pueden disponer de la vida de alguien, sin juicio previo.
El rol de liderazgo y capacidad de repuesta de mujeres presidentas y/o primeras ministras, frente a la COVID-19, ha sido un aspecto que ha llamado la atención durante las últimas semanas.
“No es una conmemoración a mi hija. Hoy recordamos que ella debió estar viva y que ellos (los tres asesinos) no se lo permitieron, se creyeron con derecho de disponer de la vida de mi niña”, dijo Lorena Gutiérrez, madre de Fátima Quintana, asesinada hace cinco años.
Las víctimas serán las afectadas si con el recorte al gasto operativo disminuye el número de plazas o de personal que les brinde atención. La entrega de apoyos, que de por si ya llega tarde, se retrasarán aún más, advirtieron colectivos, víctimas e integrantes de organizaciones civiles.
La Comisionada Nacional de Atención a Víctimas, Mara Gómez Pérez, alertó que un recorte a los gastos de operación –exigido por Hacienda– tendrá un severo impacto en la CEAV, lo cual, repercutirá directamente a las víctimas del delito, al menos en la atención y acompañamiento que reciben.
Un total de 1 mil 145 mexicanos han muerto de coronavirus en el extranjero. La gran mayoría son migrantes que estaban en Estados Unidos, mientras que siete fallecimientos se registraron en otros países como España, Francia, Perú y Colombia.
Decenas de mexicanos, jóvenes estudiantes y también trabajadores, se encuentran varados en Brasil desde hace dos meses. Los connacionales solicitan ayuda para que todos los interesados en regresar, puedan volver a México.
El reparto de despensas y los préstamos monetarios son algunas de las actividades que el crimen organizado ha incluido para diversificarse frente a la pandemia; estas acciones son parte del fenómeno llamado Gobernanza Criminal, de acuerdo con la doctora Sandra Ley, profesora investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Los señalamientos de corrupción y filtración de delincuencia organizada le valieron a la Policía Federal (PF) su extinción, sin embargo, algunos analistas consideraron que, si bien había severas acusaciones contra esta corporación, tampoco creen que estuviera tan descompuesta a tal grado de ser desaparecida.
En el primer mes de la cuarentena se perpetraron 335 asesinatos de mujeres, de los cuales, sólo 68 fueron clasificados como feminicidios. Las llamadas al 911 relacionadas a violencia contra la mujer registraron en abril un descenso mensual, pero aún así, las cifras se mantienen muy por encima en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La Policía Federal ejerció, desde el 2009 al 2019, al menos 293 mil 191.3 mdp, periodo en el que la escalada de violencia que ha dejado al menos 234 mil 776 homicidios dolosos.
“Al Presidente decirle que nosotras tenemos otros datos, que no son falsos, que todas las mujeres que están en refugios no son falsas. Es inadmisible pensar en querer tener números para poder actuar, necesitamos que se actúe de manera urgente para implementar políticas presupuestarias que a garanticen la vida y seguridad de todas las mujeres niñas y niños”, dijo Wendy Figueroa
En Chihuahua hasta el momento se han registrado 209 defunciones, 1 mil 142 casos confirmados, 1 mil 726 descartados, 313 recuperados y 701 casos sospechosos, de acuerdo a los datos proporcionados por las autoridades de salud de aquella entidad.
El Gobierno se aferra a mantener al Ejército en las calles porque es incapaz de fortalecer a la policía civil y con incumple con responsabilidad de preservar la seguridad pública por medio del poder civil, tal como lo mandata la Constitución, advirtieron analistas.
Catedráticos y especialistas en políticas de seguridad apuntaron que la nota diplomática que México envió a la Embajada de Estados Unidos sobre el operativo Rápido y Furioso quedará solo en un tema mediático, pues la finalidad es sólo política.
El Acuerdo generó polémica y rechazo entre especialistas de derechos humanos y seguridad porque – explicaron algunos analistas– normaliza e institucionaliza la militarización de la seguridad pública fuera del mandato constitucional, práctica realizada desde hace varias décadas en México y que se incrementó desde el Gobierno del panista Felipe Calderón.