Sugeyry Romina Gándara
La detención del exprocurador Jesús Murillo Karam representa para los padres un avance en el camino del acceso a la justicia porque reconoce lo que ellos dijeron desde un principio y les dio la razón: que la versión ofrecida por el Gobierno de Peña Nieto era una gran mentira.
Los padres de los 43 estudiantes, hasta el momento, han señalado que lo que ellos quieren saber es dónde están sus hijos. Este viernes, junto a activistas y ciudadanos, marchan una vez más para pedir que se esclarezca la desaparición de los normalistas.
La Fiscalía General de la República ha basado de su acusación en contra de Jesús Murillo Karam utilizando al menos conferencias de prensa como pruebas medulares en contra del extitular de la extinta PGR.
El exprocurador Jesús Murillo Karam es la máxima autoridad hasta el moment0 que ha sido presentada ante el juez y que enfrenta en la cárcel las acusaciones por la "verdad histórica" y por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Murillo Karam fue detenido el 19 de agosto por el departamento que él mismo dirigió de 2012 a 2015 y está acusado por la FGR de Desaparición Forzada, Tortura y Contra la Administración de Justicia de crear una versión falsa sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
El Juez Marco Antonio Tapia apercibió a la defensa de Jesús Murillo Karam luego de que dijera que el exprocurador no puede ser juzgado por el delito de desaparición forzada, ya que al hacerlo se aplicaría la Ley de manera retroactiva.
El activista Vidulfo Rosales destacó que los padres de los 43 normalistas siempre tuvieron información extraoficial de que el Ejército estaba inmiscuido en los hechos, pero el Gobierno pasado lo desestimó por completo. Ahora las investigaciones arrojan que sí tienen responsabilidad penal, por lo que "deben de enfrentarla”.
Los disturbios y acontecimientos de violencia registrados en Baja California, Chihuahua, Guanajuato y Jalisco pusieron en la palestra la espiral de violencia que se vive en dichas entidades federativas. No obstante, de acuerdo con las cifras oficiales, los cinco estados han mostrado repuntes en la violencia homicida desde el año 2016; en algunos de esos estados el crecimiento es más drástico en diferentes años.
Durante la audiencia, la FGR señaló a Murillo Karam por haber fraguado de forma "dolosa" la "verdad histórica" durante una reunión con altos mandos, incluidos el entonces Gobernador Ángel Aguirre, Tomás Zerón e incluso Omar García Harfuch.
Además, el Informe también da a conocer que el Ejército se apoyó con una empresa que utilizaba el programa Pegasus para intervenir comunicaciones de objetivos clave, policías e integrantes de Guerreros Unidos.
En la audiencia de este sábado, el Juez determinará si fue legal la detención que realizó la FGR, con base en una orden de aprehensión por presunta responsabilidades en los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia.
El informe de la Comisión de la Verdad del Caso Ayotzinapa dado a conocer este jueves sólo confirma lo que ya todos sospechaban: los estudiantes no están vivos y fue un crimen de Estado.
Tomás Zerón de Lucio fue uno de los artífices de la famosa “verdad histórica”, según la cual, los 43 normalistas fueron llevados al basurero de Cocula, en donde fueron asesinados y sus restos quemados. Esa versión, dijo hoy el Gobierno, “fue una acción concertada del aparato organizado del poder desde el más alto nivel del gobierno que ocultó la verdad de los hechos”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió este jueves con los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, “una reunión difícil, dolorosa”, informó el Subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas, quien presentó este día las conclusiones preliminares sobre el Informe de la Presidencia de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa.
Las jornadas de violencia que se vivieron esta semana en Jalisco, Guanajuato y Chihuahua, sí podrían considerar como “episodios terroristas” porque muestran cómo las organizaciones delictivas emplean la violencia para tener un control territorial, explicaron expertos en seguridad.
Oscar Cruz Tabares, un ciudadano de la colonia Santa Cruz de Atoyac, denunció que funcionarios de la Alcaldía Benito Juárez lo han hostigado, acosado, e incluso han tratado de extorsionarlo con el pago de 150 mil pesos a cambio de no demoler su casa remodelada durante la pandemia.