Sandra Rodríguez Nieto
Las transiciones que hubo en varios estados del país, particularmente en Chihuahua, han sido el escenario ideal para reacomodos y el aumento de la violencia, consideró el abogado Jaime García Chávez. En entrevista con SinEmbargo, el también activista afirmó que la transición vino a tener este efecto [de violencia], y lo lamentable es que se haya querido encarar desperdiciando cuatro meses, dándole “chanza” [oportunidad] a Duarte y luego llevando a un cuadro de la PGR al escenario.
Especialistas afirman que el Sistema Nacional Anticorrupción, tal y como está planteado, no contempla mecanismos para combatir la corrupción más allá del desfalco económico. La corrupción, exponen, no sólo se presenta como el acto ilegal, que está sancionado y tipificado, sino también en el acto legal que se da en contubernio entre funcionarios, particularmente los de los más altos niveles, con otras personas en control institucional y que incluso modifican las condiciones en su favor para realizar negocios en el presente y en el futuro.
Para los priistas integrantes de la corriente Solidaridad es necesario que el partido, y su presidente nacional Enrique Ochoa Reza, cumplan con lo prometido hace ya más de ocho meses y expulse a los ex gobernadores señalados por corrupción porque, de no hacerlo, el partido quedaría aún más afectado en su credibilidad y el costo político lo pagarán en las urnas.
Se supone que debería combatir la corrupción en México, un país calificado con 30 de 100 puntos en el índice de percepción de abuso de poder medido por Transparencia Internacional. Ordenado por una reforma Constitucional desde 2014, el nombramiento del Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, sin embargo, se ha aplazado en tres ocasiones y, de acuerdo con organizaciones de la sociedad civil, se realiza ahora en un proceso desaseado, apresurado y sin cumplir condiciones mínimas de apertura.
Las Zonas Económicas Especiales, un proyecto creado por el Gobierno federal con el argumento de ayudar a las zonas mas pobres del país, están diseñadas justo donde la presencia de los pueblos originarios tienen un sentido identitario con el territorio, y provoca tensiones en la dinámica comunitaria, particularmente en la región del Itsmo de Tehuantepec, y son “la validación de una política económica de despojo”, denuncian organizaciones indígenas.
Las Zonas Económicas Especiales, lanzadas por el Presidente Enrique Peña Nieto, tienen como objetivo “democratizar la productividad” de municipios en estados con alta marginación, como son Tabasco, Chiapas, Oaxaca. Sin embargo, alertan analistas del grupo Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación, esa Ley le da a la iniciativa privada, a los inversionistas, más atribuciones legales, lo que impactará directamente en la autonomía de los municipios.
El diseño de las Zonas Económicas Especiales con las que el Gobierno federal ha anunciado que busca reactivar regiones del país con altos niveles de pobreza –y que son estratégicas y ricas en recursos naturales–, como Chiapas y Oaxaca, quedó en manos de consultoras vinculadas a ex funcionarios federales, entre ellos Evercore, de Pedro Aspe Armella.
El padre Alejandro Solalinde Guerra acepta que, tras 12 años de dedicarse de lleno a la defensa y atención de los migrantes, se ha “radicalizado”, por el endurecimiento, la simulación “y ahora el cinismo de este Gobierno”. El activista es hoy aspirante oficial al Premio Nobel de la Paz y sobre el tema considera que es un reconocimiento para todos los que luchan contra la crisis por violaciones a los derechos humanos que vive México.
En la casa de Rosa María Cerón domina la penumbra aunque afuera alcance a brillar entre las nubes el sol de las dos de la tarde. El único espacio que hay para una ventana en el cuarto que compone la vivienda no tiene marco ni cristales, y un tapete y un hule negro que lo cubren impiden el paso de la luz casi por completo. En la mesa, un kilo de lentejas, otro de arroz y una lata de sardinas son todo el alimento que hay para ella, de 58 años; su hijo, de 26 años, viudo y padre sus dos nietos de 10 y nueve años, y su marido, de 60.
Lo primero que notó en el recorrido que hizo con los policías ministeriales del Estado de México para tratar de reconstruir el camino en el que habría desaparecido su hija fue que había cámaras de seguridad en diferentes puntos del trayecto. Era cerca de la una de la tarde del lunes 9 de septiembre de 2013, cuando aún podían estar disponibles las imágenes captadas la tarde del sábado 7, fecha en la que Diana Angélica Castañeda Fuentes, de 14 años, salió por última vez de casa.
El Gobierno de México no ha encontrado una solución al problema de violencia y criminalidad. Una década después de que comenzara a dispararse el número de asesinatos en el país, diversos diagnósticos, incluso oficiales, indican que tanto la estrategia militar y de “combate frontal” lanzada por el panista Felipe Calderón Hinojosa, como la “preventiva” o “de un México en paz” propuesta por Enrique Peña Nieto han fracasado en su misión de combatir el delito.
En el sexenio de Felipe Calderón, cuando la declaratoria de combate frontal al crimen organizado desató una ola de asesinatos y criminalidad en México, la demanda de servicios de empresas de seguridad privada aumentaron un 24 por ciento.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que la mayor parte de la deuda del Sector Público Federal se destina en gran parte al pago de los mismos pasivos, sin que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) demuestre su utilidad social o destino de los recursos.
Millones de mexicanos que viven sin documentos en Estados Unidos sufren un temor sin precedentes ante la orden ejecutiva firmada por Donald Trump el pasado 25 de enero y que da facultades a las policías locales para aplicar leyes de migración, dijeron activistas.
De acuerdo con un reporte de la organización internacional Crisis Group, durante las Administraciones de Fidel Herrera y Javier Duarte, Veracruz encarnó la combinación de una transición democrática defectuosa y el creciente poder del crimen organizado. Corrupción, saqueos, violencia, impunidad, falta de controles federales, obstrucción de la justicia y opacidad formaron parte de un régimen de terror encabezado por el PRI en Veracruz durante los últimos 12 años.
Emilio Álvarez Icaza, sociólogo y derechohumanista de 51 años, presentó el movimiento “Ahora”, con el que pretende lanzar una candidatura independiente por la Presidencia de la República. Para lograrlo, el también ex ombudsman de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, dice confiar en que la ciudadanía del país despierte y no dé sus votos a la estructura partidista. Es, además, especialmente crítico contra Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena y el político que lidera las encuestas de preferencias rumbo a las elecciones federales de 2018.