Sandra Rodríguez Nieto
Al inicio del sexenio de Enrique Peña Nieto el plan era desaparecer totalmente a la Secretaría de la Función Pública, como se previó en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, cuando una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal ordenó la desaparición de esta instancia fiscalizadora en cuanto entrara en vigor el “órgano constitucional autónomo que se proponer crear en materia anticorrupción”. Hoy, sus escasos resultados en cuanto a sanciones económicas muestran el poco interés por recuperar, por la vía legal, el patrimonio de los mexicanos hurtado a la mala.
El programa “Escuela Segura”, diseñado desde 2007 por el Gobierno federal para la “prevención del riesgo escolar” en Ciudad Juárez tiene como fin evitar conductas criminales, pero se ocupa de atender el impacto de las ya registradas. “A lo mejor como que tenemos equivocado el concepto, porque ahorita se están haciendo como trabajos de prevención”, dice la coordinadora del programa Abriendo Espacios Humanitario. “Ahorita ya no es prevención: es atención, es contención de los jóvenes; la prevención ya no nos sirve ni les sirve a los jóvenes, ya pasó. Ahorita tenemos que contener esa situación y estar atendiendo a esos jóvenes que están afectados”, considera.
Los niños y adolescentes herederos de la guerra en Ciudad Juárez, Chihuahua, tienen hoy más viva que nunca la cicatriz de la violencia padecida. Aun cuando son atendido en una programa conjunto operado por la Cruz Rojas y la Secretaría de Educación del estado, los especialistas a cargo alertan que en ellos prevalecen las actitudes de aislamiento, silencio por temor y resentimiento, además de carencias afectivas derivadas de la pérdida del ser querido y, en varios casos, procesos de normalización de la violencia necesarios para bloquear el dolor. Todo esto, coinciden los participantes del programa entrevistados por SinEmbargo, presenta elementos que hacen prever como inequívoca la repetición de la violencia en el futuro.
Enrique Ochoa Reza será designado hoy como el nuevo presidente nacional del PRI, con el disgusto del priismo tradicional que ve al ex director general de la CFE como una imposición desde la Presidencia y como un tecnócrata que “cavará la tumba” de ese partido. Ochoa Reza, considerado uno de los alfiles de la Reforma Energética, tiene un reto aún mayor que transformar a la Comisión Federal de Electricidad, dicen expertos, pues la militancia ni siquiera lo conoce.
La dotación excesiva de facultades para la Segob en este sexenio contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes, dicen analistas consultados. Aun así, el titular de la dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong, no ha podido cumplir a los mexicanos el reclamo de seguridad y paz que se prometió desde la campaña del Presidente Enrique Peña Nieto. Lejos de acabar con la estrategia de guerra iniciada por el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, en esta administración se ha redoblado y ahora incluso se tiene otro grave problema: el conflicto social se ha salido a las calles del país.
El Gobierno federal destinó, desde inicios de 2013 y hasta diciembre de 2015, al menos 608 millones 298 mil 183 pesos para difundir en medios de comunicación las ventajas de la Reforma Educativa. De los 364 contratos registrados en el POT durante ese periodo, los de las mayores cantidades de dinero han sido otorgados a Televisa.
Integrantes de la CNTE aseguran que el Gabino Cué Monteagudo, Gobernador de Oaxaca, negoció con el Gobierno federal y con el PRI un cambio de posición frente a los maestros opositores de la Reforma Educativa a cambio de impunidad. Eso comenzó hace un año, dicen, con el decreto desaparición del IEEPO el 21 de julio de 2015… Luego, todo ha sido represión hasta llegar a la tragedia de Nochixtlán.
Doreyda de Jesús López, una maestra de Primaria despedida por supuestamente no haber participado en la evaluación educativa obligada por la Reforma al Artículo Tercero Constitucional publicada en febrero de 2013, acusa que la plataforma a la que debía subir información específica, nunca sirvió. Se quedó sin trabajo, dice, por no tener un usuario y contrseña, que nunca nadie le supo decir cómo obtenerlos.
Los mexicanos que el domingo pasado salieron a votar, particularmente los que lo hicieron en estados con altos niveles de violencia, como son los casos de Chihuahua, Tamaulipas y Veracruz, merecen “un tributo”, afirma Edgardo Buscaglia. En entrevista con SinEmbargo, el especialista en los vacíos institucionales que permiten la actuación del crimen organizado comentó que ahora el reto es que la sociedad civil vigile a sus nuevos gobiernos y forme parte de una auditoría ciudadana. La izquierda y la derecha de este país, afirma, le tienen miedo a los ciudadanos y a la democracia, “y esta es la gran tragedia de este país, porque si no le tuvieran miedo, estarían ya mismo ayudando para que se aprueben leyes de auditorías ciudadanas en serio”.
El Partido Acción Nacional (PAN) le disputaba al Partido Revolucionario Institucional (PRI) la ventaja por al menos seis de las doce gubernaturas que se renovaron con los comicios de ayer, incluyendo las de entidades en las que el tricolor ha sido el único partido en el Gobierno, como Quintana Roo, Durango y Tamaulipas.
Ex secretarios de Estado, directores de Pemex y hasta ex presidentes están ligados íntimamente con las empresas que hoy tienen en la mira hacer negocios con la riqueza mexicana en hidrocarburos que la Reforma Energética ha dejado libres al mejor postor. En las listas de compañías ganadoras de las primeras rondas de licitación de la Ronda Uno aparecen nombres como Pedro Aspe Armella, Luis Téllez Kuénzler, Carlos Ruiz Sacristán, ex integrantes del equipo con el que gobernó en su momento el Presidente Carlos Salinas de Gortari. Pero también ex funcionarios del Gabinete de Felipe Calderón Hinojosa y empresarios ligados al priismo, como es el caso de Alberto Baillères González.
El Gobierno federal mantiene una campaña optimista en torno a los resultados que, hasta ahora, ha dado la Reforma Energética y los que, a su juicio, se darán en el mediano plazo. Sin embargo, especialistas del sector energético tienen una opinión diferente, particularmente en el tema de Petróleos Mexicanos, la empresa emblemática del Estado mexicano y la que más dinero le ha dado al país. En un análisis sobre las nuevas condiciones legales en las que se mueve la petrolera –hoy a punto de la quiebra por malas gestiones, saqueo y corrupción–, los expertos plantean: el Gobierno federal y el Congreso, liderado por el PRI, hicieron una reforma que le abrió todo a todos, pero a Pemex le ataron aún más las manos; ahí, dicen, el objetivo es claro: lo que quieren es su extinción.
El Estado de Derecho, que es una condición necesaria para el respeto de los derechos humanos, está hoy ausente en México, dicen especialistas y académicos. En los últimos 16 años, el quebranto a las libertades civiles por parte de las autoridades federales y locales se ha convertido en práctica generalizada, y aplicable en muy distintos contextos de la realidad nacional. Fue a partir de que Felipe Calderón Hinojosa lanzara la guerra contra el narcotráfico que esta problemática repuntó en el país, pero ahora, con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, violar los derechos humanos en todas sus formas se ha vuelto la marca del país, de acuerdo con los reclamos y señalamientos de instituciones y ONGs no sólo de México sino a nivel internacional.
Con la llegada del PAN a la Presidencia en el 2000, el Estado perdió el monopolio de la coerción que ejercía sobre las organizaciones criminales y esto no sólo permitió que esos grupos ganaran control territorial, sino que se fortalecieron, afirman especialistas en seguridad. Luego, desde el inicio del sexenio de Felipe Calderón, la violencia transformó la vida del país; el Presidente panista dictó políticas restrictivas porque, a falta de legitimidad, tenía miedo, afirman. Hoy, a 16 años de la alternancia, México es una suma de corrupción, muerte y violaciones a los derechos humanos que, para colmo, tiene a las instituciones del Estado como protagonistas.
El próximo 5 de junio, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, candidato del PAN a la Gubernatura de Tamaulipas, podría dar un paso histórico: arrebatarle al PRI una entidad donde ha gobernado 86 años. La posibilidad de lograrlo es grande, pues en la guerra de las encuestas el también Senador de la República lidera las preferencias electorales. Uno de sus objetivos centrales, afirma en entrevista con SinEmbargo, es rescatar Tamaulipas del crimen y en especial de lo que él denomina como la “delincuencia política organizada”.
En las discusiones del Senado para crear las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción se mencionó la opción de Pablo Escudero Morales, Senador por el PVEM y presidente de la Comisión que discute las reglas del SNA, pagar sueldos a los representantes de la organizaciones que tienen una silla ahí en nombre de la sociedad civil. Ernesto Ruffo, Senador por el PAN, expresa su preocupación por lo que representaría ese pago: “Les están cantando las sirenas a estos representantes ciudadanos”, y agrega: “Les puse ciudadanos entre comillas, porque empecé a revisarlos más y me di cuenta de que había un patrón en esa representatividad en esas organizaciones, y que ese patrón era la academia”.