Sandra Rodríguez Nieto
El reciente escándalo en torno a la visita de Donald Trump, candidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, a Los Pinos, donde humilló al Presidente Enrique Peña Nieto y a los mexicanos, evidenció que la Secretaría de Relaciones Exteriores, comenzando por su titular, Claudia Ruiz Massieu, ha sido menospreciada en sus funciones diplomáticas por la improvisación y la falta de conocimientos, coinciden analistas. La SRE se volvió una agencia de empleos del PRI para pagar favores y, lo peor, ese club de becarios priistas que ocupan embajadas y consulados en el extranjero [en este caso 13 de ellos] le cuesta a los mexicanos un aproximado de 2 millones 415 mil 390.68 pesos al mes, o 80 mil 513 pesos diarios.
Una de las causas de la reciente crisis política del Gobierno de Enrique Peña Nieto, causada por la invitación a Donald Trump para visitar México, la propia visita del magnate a Los Pinos– donde humilló al Presidente– y los dimes y diretes posteriores del candidato republicano contra los mexicanos, está en la falta de conocimiento diplomático que evidencia el actual Gabinete, coinciden internacionalistas y políticos de oposición. En el actual sexenio, la Secretaría de Relaciones Exteriores ha usado las embajadas y consulados del país como agencia de colocaciones para políticos del PRI y que son cercanos al actual grupo en el poder. La propia Claudia Ruiz Massieu, titular de la cancillería mexicana, no tiene ninguna experiencia en el terreno diplomático y esto lleva a cometer errores que, como el invitar a Trump, tienen un enorme impacto en la política exterior del país, destacan.
El desgaste en el ejercicio del poder del Presidente Enrique Peña Nieto y su equipo más cercano, sumado a los escándalos de corrupción y la falta de cálculo político de esos funcionarios, ha impactado negativamente las opciones del PRI rumbo al proceso de sucesión presidencial. Politólogos y académicos coinciden en que el Revolucionario Institucional no tiene en este momento una figura capaz de asegurar su continuidad en Los Pinos en 2018.
Los datos oficiales son sólo un fragmento de la gran “fosa clandestina” que es el territorio de México, dicen representantes de los grupos de familias que, con sus propias manos, buscan a sus desaparecidos. Son más de 27 mil personas, según las cifras del Gobierno federal. Pero la realidad, plantean, es que estos números están rebasados porque ellos [las autoridades] no buscan y las desapariciones continúan por todo el territorio nacional. “Ellos tratan en ocultar la verdad y nosotros de encontrarla”, afirman ante la inacción del Gobierno de la República y la de los mandatarios estatales. Y es que, de acuerdo con la PGR, en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa se hallaron 68 fosas con los restos de 378 personas, mientras en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se han reportado 156 sepulturas clandestinas con 303 osamentas.
La sugerencia de “aguantar” las críticas por probables hechos de corrupción –hecha por el Presidente Enrique Peña Nieto a la ex perredista y hoy Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles–, la revelación sobre la forma en la que la familia presidencial adquirió la “casa blanca”, la desaparición de 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, la impunidad, la corrupción de gobernadores como los Duarte o Borge, los conflictos de intereses, el empresario Juan Armando Hinojosa, el reclamo de YaMeCansé o el aumento de la pobreza en el país –un millón de personas por año hasta 2014–, son hechos, nombres y problemáticas que han marcado los primeros cuatro años del Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto y que en la redacción de SinEmbargo enlistamos para el siguiente Diccionario del Sexenio.
La Corriente Solidaridad, que pertenece al PRI, quiere fuera del partido a los gobernadores Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz; César Duarte Jáquez, de Chihuahua, y Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo. Los tres, alega, tienes al menos 78 denuncias y averiguaciones previas por responder ante instancias federales. Estas acusaciones por diversas irregularidades registradas durante sus sexenios, argumenta, son suficientes para suspenderles sus derechos como militantes de ese instituto político.
A la hora de asumir culpas por la derrota en las urnas del pasado 5 de junio y por la actual crisis del PRI, pocos han dado la cara. Joaquín Hendricks Díaz, actual Secretario Técnico del Consejo Político Nacional del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor y ex Gobernador de Quintana Roo, reconoce, sin embargo, que su partido está pagando por la corrupción de priistas que hoy desempeñan cargos públicos. Además, dice, los procesos de selección, alejados del priismo tradicional y de quienes trabajan a ras de suelo, también golpearon el ánimo. Por ello, asegura, en algunos estados que se perdieron ni la militancia tricolor votó por el PRI.
Los malos resultados del Gobierno federal han pesado en el mal momento que vive actualmente el PRI. Sin embargo, coinciden politólogos e incluso los propios priistas, nada hizo más daño al partido y sumó a las derrotas del pasado 5 de junio como el castigo a sus gobernadores, que sumaron poder, riqueza y mucha influencia en el tricolor cuando desde que éste perdió la Presidencia de la República en 2000. Sus abusos y la corrupción descarada es de escándalo, dicen. Pero Enrique Peña Nieto no los frenó a tiempo, porque les debe favores, afirman. Lo que no vieron venir fue la reacción de sus gobernados, quienes han puesto al PRI en un verdadero predicamento de cara a las elecciones federales de 2018.
En medio de la estrategia lanzada por Felipe Calderón Hinojosa en diciembre de 2006, Ciudad Juárez, Chihuahua, se convirtió en el lugar más violento del mundo y en un reflejo de lo que pasaría con el resto del país, bajo un plan cobijado por la corrupción y la displicencia por las responsabilidades. “Pero esa es la función de la impunidad en este México de la presunta ‘guerra contra las drogas’: permitirle a las instituciones del Estado mexicano evadir su obligación de procurar e impartir justicia y, al mismo tiempo, tener una coartada por si deciden cometer un crimen. Siempre podrán culpar ‘al narcotráfico’ o a ‘los cárteles’. Nunca les ha parecido necesario probarlo”, escribe la autora de este segundo ensayo sobre una década de guerra en México.
Las cifras de homicidios y desaparecidos en este sexenio son ya el doble de lo contabilizado en toda la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Pero ese indicador no es el único donde el Gobierno de Enrique Peña Nieto –en sólo 3 años y siete meses– supera ampliamente al calderonista: también el número y el monto de adjudicaciones directas –las que no pasan por concurso o licitación pública– en su administración se ha duplicado, y además no hay manera de que el propio Estado ni los ciudadanos sepan si el contrato cedido tiene las mejores condiciones de precio-resultado para el erario público.
Si las transiciones de los gobiernos priistas de Veracruz y Chihuahua a manos de los gobernadores electos del PAN están siendo turbulentas, la del Quintana Roo que aún comanda el también priista Roberto Borge Angulo no se queda atrás. Sumido en una crisis financiera y, además, de credibilidad, al mandatario se le acusa, entre otras cosas, de querer blindarse contra la justicia, de armar una red para despojar a decenas de ciudadanos de sus terrenos y propiedades y de encabezar acciones de crimen organizado. El asesinato de uno de sus operadores, Isaías Capeline Lizárraga, muestra que el Gobierno de Borge Angulo se condujo fuera de la Ley apoyado por personajes oscuros, afirma el equipo de Carlos Joaquín González, Gobernador electo de esa entidad.
Javier Duarte de Ochoa llegó y salió de la PGR, a donde se presentó este viernes para denunciar al panista Miguel Ángel Yunes Linares por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, como un Gobernador disminuido. Y no sólo es por el peso –ha perdido 34 kilos, le dijo a SinEmbargo–, sino porque los veracruzanos castigaron a su administración quitándole la gubernatura al PRI, luego de más de 70 años; porque vive sus últimos días de Gobierno entre un remolino de acusaciones, que le han quitado respaldo de su partido; porque le entregará Veracruz al propio Yunes Linares, quien ha prometido presentarlo ante la Ley por las irregularidades cometidas en su sexenio, y también porque ahora muestra una actitud sumisa frente a los comunicadores que se arremolinaron en torno suyo. Lejos se ve ahora el Gobernador poderoso e iracundo contra los medios de comunicación a los que incluso amenazó con la frase “pórtense bien por favor, se los pido”, en el estado con el mayor número de periodistas asesinados. Sí, Javier Duarte está disminuido.
El Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, arribó al medio día de este viernes a las instalaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para presentar una denuncia en contra de su sucesor Miguel Ángel Yunes Linares, a quien acusa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero..
Durante seis años Javier Duarte contó con la lealtad política del Congreso local, cuya mayoría es de su partido. Pero en los últimos días, el PRI tomó distancia del veracruzano que se ve, cada día, más solo. Y más delgado. A tres meses de dejar su cargo, al Gobernador de Veracruz y a sus funcionarios –principalmente a quien ha sido llamado el brazo de derecho, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita.
Entre las decenas de omisiones que la Procuraduría General de Justicia en la capital del país no ha aclarado en un año están el investigar cómo los tres detenidos sometieron, torturaron y asesinaron a cinco personas en alrededor de 43 minutos; tampoco se ha encontrado el arma calibre nueve milímetros –de uso exclusivo del Ejército Mexicano– con el que se cometieron los asesinatos de un hombre y cuatro mujeres, y de acuerdo con el abogado del caso y las familias de las víctimas no se les ha permitido el acceso a más horas de grabación de los videos de seguridad que captaron la salida de los tres presuntos y en los que se podría observar, dicen, si antes entraron o no más sujetos en el edificio donde se cometió el multihomicidio.
Cuernavaca, la capital de Morelos, sigue sufriendo la violencia, el cobro de derecho de piso, secuestros, homicidios. Pero ahora tiene otro grave problema: de acuerdo con políticos y activistas Cuauhtémoc Blanco Bravo, su Presidente Municipal, no gobierna y en cambio sí lo hace un hombre que ha estado tras de él durante muchos años: José Manuel Sanz Rivera, quien fue su mánager en su carrera como futbolista y lo es hoy en su desempeño como político. Sin embargo, se quejan, Sanz Rivera le ve a todo el signo de pesos y toma decisiones con la lógica del porcentaje de un representante futbolístico y no como servidor público.