Sandra Rodríguez Nieto
Los diputados del PRI, PAN y PRD en el Congreso de Veracruz son “cómplices” del priista Javier Duarte de Ochoa, afirma Cuitláhuac García Jiménez. El Diputado federal por Morena y ex candidato a Gobernador acusa que los legisladores locales le aprobaron todos los presupuestos y las cuentas a Javier Duarte, y ahora se quejan de él. Ellos tuvieron en las manos no aprobar el informe de la Cuenta Pública], hacer recomendaciones e incluso solicitar la acción de la PGR por desfalco y llamar a juicio al ex Gobernador, pero no… nadie movió un dedo, reclama.
La escritura del rancho del priista Javier Duarte de Ochoa en Valle de Bravo, Estado de México, muestra que el ahora Gobernador con licencia de Veracruz lo adquirió por 4 millones 200 mil pesos, esto es 22 centavos por metro cuadrado, dice una ficha técnica entregada por el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, Alcalde de Boca del Río. Información de la oficina de Yunes Márquez otorgada a SinEmbargo plantea que la alteración del precio puede obedecer a una clara estrategia de evasión de impuestos.
“Los usurpadores” es una especie de “Guerra de Tronos”, dice Jorge Zepeda Patterson de su más reciente novela, editada por Planeta. En ella, tres grandes poderes, aspirantes al poder, y sus cuartos de guerra, “se creen en condiciones de poder hacer lo que les venga en gana con tal de zancadillar a sus oponentes, debilitar a los otros, fortalecer su posición, sin ningún Presidente que tenga control sobre ellos, ningún partido político que imponga una plataforma ideológica, una norma, y lo llevo al extremo en este thriller que trata de ilustrar este momento casi histórico al que nos estamos aproximando”, dice el escritor y periodista.
De los 273 contratados que hasta septiembre pasado fueron asignados por el Gobierno federal para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, casi un tercio le fueron asignados a empresas de Carlos Slim Helú, el hombre más rico del país, así como a personas cercanas a él, como su yerno Fernando Romero Havaux. Otros dueños de empresas con montos destacados en las asignaciones son Hipólito Gerard Rivera, cuñado del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, y Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México.
“Ese es el modus operandi que se usaba en los mejores épocas de la mafia en Italia, donde a los políticos les avisaban días antes para que se escaparan”, dice en entrevista con SinEmbargo el investigador de Derecho y Economía de la Universidad de Columbia. “Es un modus operandi muy usual entre gobiernos de todos los partidos que han entrado a un comportamiento mafioso, como el mexicano”.
En julio pasado, un mes después de la derrota del PRI en los gobiernos del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez, el entonces Fiscal estatal Jorge González Nicolás anunció la llegada de Rafael Caro Quintero a disputar el narcotráfico a Cartel de Sinaloa y, por este motivo, un futuro recrudecimiento de la violencia en la ciudad fronteriza. La violencia, efectivamente, aumentó conforme se dio el cambio de Gobierno de la entidad, pero en la disputa no apareció Caro Quintero sino el propio González Nicolás, acusado por organizaciones de la sociedad civil de proteger a la delincuencia organizada durante el sexenio de Duarte y, desde el pasado 7 de octubre, nuevo jefe de Seguridad Pública en el Ayuntamiento de Juárez.
Desde junio pasado, cuando el PRI perdió la Gubernatura en Chihuahua, la violencia repuntó en Ciudad Juárez, una urbe que desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa declaró su guerra contra el narco, ha sido especialmente dañada por la violencia. Armando Cabada, su nuevo Alcalde, nombró como su jefe de Seguridad Pública al ex Fiscal del Gobierno del priista César Duarte Jáquez, también en la mira de la opinión pública por acusaciones de presunta corrupción, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos. El panista Javier Corral Jurado, quien recientemente asumió el cargo de Gobernador, lamentó esa decisión que “merma la confianza” en un asunto donde debe prevalecer una estrecha colaboración.
Evercore, la empresa que encabeza Pedro Aspe Armella, creó para la administración de Rafael Moreno Valle Rosas un fideicomiso, el 144, con el cual el Gobernador de Puebla pudo construir obras y comprometer ingresos estatales sin que estas erogaciones se reflejarán en el monto final de la deuda pública. Los cambios a la legislación, permitió constituir este instrumento que impacta el flujo de recursos del Impuesto Sobre la Nómina de la entidad hasta por 30 años, expuso Rodrigo Díez Gargari, quien hizo la petición de transparencia a la Secretaría de Finanzas de Puebla, y quien obtuvo el documento luego de dos años de estira y afloja.
El Presidente Enrique Peña Nieto lo presumió como parte de la “nueva generación de priistas”. Muchos medios locales y nacionales tardaron años en publicar una sola nota sobre los muertos, el endeudamiento o el asesinato de periodistas. Sus dos congresos locales, de mayoría del PRI, lo apapacharon y le aprobaron todo, incluso una deuda Y ahora, vienen descubriendo, ese individuo ante el cual cerraron los ojos es un “monstruo”. Pero era un político reprobable desde antes, alertaron periodistas, grupos civiles, familias, víctimas. Cerraron los ojos por conveniencia.
Para 2012, al final de la elección de Enrique Peña Nieto, el Gobernador César Duarte Jáquez había acumulado ya deuda por 23 mil 284.8 millones de pesos, o un 85.5 por ciento más de la que había recibido en 2010. Aun así, en septiembre de 2013 firmó una “reestructura” que le permitió adquirir “refinanciamiento” por otros 19 mil 725 millones de pesos en 11 préstamos. La diseñadora de tal reestructura fue la empresa Evercore, donde trabajó Luis Videgaray Caso, ex Secretario de Hacienda con Peña Nieto, y propiedad de Pedro Aspe Armella, también ex titular de la dependencia hacendaria en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
Suspender los derechos partidistas sólo a César Duarte de Ochoa manda un mensaje anticorrupción incompleto por parte del PRI, pues faltan las sanciones para los ahora ex gobernadores César Duarte Jáquez, Roberto Borge Angulo y Rodrigo Medina de la Cruz, quienes están incluidos en la demanda interna de expulsión por supuestos actos de corrupción, interpuesta por el también priista Armando Barajas Ruiz. El integrante de la corriente Solidaridad afirma que esperará el plazo –no más de 15 días– para conocer si la Comisión de Justicia del tricolor procederá contra esos mandatarios. De lo contrario, dice, irá al Tribunal Electoral de la Federación para inconformarse contra ese órgano interno del Partido Revolucionario Institucional.
A dos años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de familia, en voz Felipe de la Cruz, le recuerdan al Presidente Enrique Peña Nieto lo que él les prometió en las reuniones que sostuvieron: “topara con quien topara íbamos a saber la verdad, pero como topó con uno de sus amigos muy cercanos, pues mejor lo protege”. Hoy que se cumplen 48 meses sin sus hijos exigen sea investigado e interrogado el ahora Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Tomás Zerón de Lucio, pues aseguran, él sabe dónde están los estudiantes.
México está muy lejos de ser un ejemplo en el respeto a los derechos humanos en Latinoamérica y el caso Ayotzinapa muestra que el Gobierno federal y las instituciones de justicia carecen de la voluntad política para, con las leyes, dar las respuestas a las familias de los normalistas asesinados y desaparecidos hace dos años, considera Maureen Meyer, director del programa sobre México de WOLA. Además, afirma, en la actuación de autoridades como Tomás Zerón de Lucio, constructor de la “verdad histórica” junto con el ahora ex Procurador Jesús Murillo Karam, y cuya versión ya fue desacreditada por el GIEI, hay suficientes pruebas de obstrucción de la justicia para ser sancionados, pero en vez de eso el Gobierno federal lo premia con un puesto y salario de mayor rango.
En vez de disminuir la brecha de la desigualdad social y económica entre los ciudadanos, el Gobierno federal hace todo lo contrario: perdona impuestos y multas a los que más tienen, lo cual no sólo es injusto sino que afecta a la economía en su conjunto, plantearon expertos en políticas públicas consultados por SinEmbargo en torno al perdón de miles de millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria hizo a un puñado de empresas.
De los al menos 26 funcionarios y políticos que concibieron el Pacto por México, firmado el 2 de diciembre de 2012, 19 continúan en el servicio público o partidista hasta este año –incluyendo a Luis Videgaray Caso, quien renunció el pasado 7 de septiembre–. De ese grupo, sólo nueve han accedido a hacer públicos sus patrimonios a través de las plataformas “Declaranet”, de la Secretaría de la Función Pública, o “3de3”, creada por organizaciones de la sociedad civil; otros nueve han rehusado y uno más, Pedro Joaquín Coldwell, Secretario de Energía, publicó en la primera sólo parcialmente sus bienes.
Señalado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de preparar diversos escenarios para concluir con la “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 estudiantes, el polémico Tomás Zerón de Lucio anunció su renuncia como cabeza de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Pero su desempleo duró sólo unas horas: el Presidente Enrique Peña Nieto lo nombró Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional, “un premio” no sólo en escalafón sino en dinero y prestaciones, lo que las familias de los normalistas de Ayotzinapa consideran una burla para los mexicanos y la justicia.