Sandra Rodríguez Nieto
El Fondo Mexicano del Petróleo, creado como parte de la Reforma Energética para recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de las asignaciones y contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, se ha quedado corto con los ingresos en su haber en 2015 y en 2016, afirman especialistas del CIEP. Apenas y si ha conseguido la mitad de su meta en cada uno de estos años: 99 por ciento de sus ingresos provienen aún de Pemex, mientras que menos de 1 por ciento son los recursos generados por los contratos asignados a las empresas privadas.
Por lo menos cinco gobernadores, cuatro de ellos ya fuera del cargo, crearon organismos de transparencia “a modo” y para blindarse contra la rendición de cuentas luego de dejar el poder, lo que es una muestra clara del desprecio de la clase política a la legitimidad, coinciden organizaciones como Artículo 19 y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Otros expertos destacan también la colaboración de los legisladores de congresos locales con sus gobernadores para contribuir en el círculo vicioso del encubrimiento.
De Evercore, la firma que lidera Pedro Aspe Armella, ex Secretario de Hacienda del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari, salieron funcionarios de alto nivel de esa dependencia hacendaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto: Luis Videgaray Caso, ex titular de Hacienda; Fernando Aportela Rodríguez, ex subsecretario de la SHCP, y Marcela Andrade Martínez, actualmente jefa de la Unidad de Coordinación con las Entidades Federativas. Son puestos muy importantes que tienen que ver con las finanzas estatales y ahí se ve que hay una relación previa con la financiera de Aspe, dice en entrevista Enrique Cárdenas, director ejecutivo del CEEY, entidad que ha analizado la participación de Evercore en el endeudamiento de estados y también en el ocultamiento de pasivos por parte de gobernadores y ex gobernadores.
Un Juez de Control del Estado de Chihuahua ordenó hoy a la Fiscalía General del Estado reabrir una carpeta de investigación por los probables delitos de peculado y enriquecimiento ilícito al mandatario priísta César Duarte Jáquez y su ex Secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral.
Irónica, falta de autocrítica y electorera. Así califican tres especialistas en derechos humanos y en la narco guerra en México la expresión de Margarita Zavala Gómez del campo, auto declarada precandidata presidencial del Partido Acción Nacional para las elecciones presidenciales de 2018.
Mientras no se resuelva el tema de la impunidad en México, no se resolverá el de la inseguridad, dice categórico Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericano sobre Inseguridad y Violencia (Celiv) de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, de Argentina. El también autor del libro Drogas, narcotráfico y poder en América Latina, plantea que en la guerra con el narco en México ha prevalecido la “ineficacia institucional”, lo que ha provocado más bajas –entre muertos y desaparecidos– que en las guerras de Afganistán e Irak.
A pesar de que a través del voto la ciudadanía ha manifestado ya su rechazo a los gobiernos corruptos, sean del PRI o de otros partidos, la resistencia a un cambio de fondo en la lucha contra la corrupción de da desde los institutos políticos, los legisladores y el propio Gobierno federal, afirma el investigador José Antonio Crespo. La muestra, dice, son las “zancadillas” que la clase política, sobre todo la más privilegiada, le ha dado al futuro Sistema Nacional Anticorrupción.
El plazo estimado para que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) resuelva las demandas de expulsión contra tres ex gobernadores se acorta. De acuerdo con lo previsto en octubre por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Tricolor, Enrique Ochoa Reza, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria entregaría a fin de año los resultados de las demandas internas impulsadas contra César Duarte Jáquez, ex Gobernador de Chihuahua; Roberto Borge Angulo, de Quintana Roo; y Rodrigo Medina de la Cruz, de Nuevo León.
En México, la clase política y su estrategia contra el crimen ha fracasado, afirma Edgardo Buscaglia. El especialista e investigador en materia de seguridad internacional afirma que ellos, los políticos, creen que con estas medidas punitivas, en donde ponen en juego además la vida de soldados y de policías, que los hay honestos, para sacarse el problema de encima, no consideran a las instituciones que deberían atacar la raíz de las redes criminales. Éstas, asegura, están afincadas en sus protecciones de Estado.
La lucha de las comunidades indígenas por la defensa del agua, la tierra y los bosques se paga con asesinatos en la Sierra Tarahumara, denunciaron hoy pobladores y defensores de derechos humanos del Estado de Chihuahua.
Diez años de guerra | Felipe Calderón Hinojosa creó un discurso del miedo que se ha vuelto perverso, dice Martín Gabriel Barrón Cruz, historiador e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Esa perversión, agrega, despliega la lógica de que el Estado brinda seguridad y que, por tanto, puede hacer lo que quiera con criminales, supuestos criminales y ciudadanos inocentes, lo cual ha dado paso a la peor crisis de violaciones de derechos humanos en la historia del país. Para Barrón Cruz, la lógica de ese discurso de los gobernantes es altamente represiva, al tiempo que la estrategia contra la inseguridad no da resultados.
El Gobierno mexicano decretó en 1988 que invertir en el campo no era importante y que lo verdaderamente fructífero era importar. Además decidió que fuera el sector privado, mexicano y extranjero, el que le metiera dinero y cedió el territorio rural a los monopolios, dice Víctor Suárez Carrera, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo y también activista en el movimiento Sin Maíz no hay País. El resultado, explica en esta entrevista, fue una devastación que nos quitó autosuficiencia alimentaria y dejó grandes problemas sociales: pobreza, crimen organizado, impunidad y corrupción, entre otras.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua integra hasta 15 carpetas de investigación de hechos relacionados con probables desvíos de recursos –del Gobierno del priista César Duarte Jáquez– detectados en gran parte de las secretarías del Poder Ejecutivo, incluyendo la oficina del Ministerio Público, dijo Carlos Huerta, vocero de esa dependencia. Éstas contemplan los “hallazgos preliminares en materia de corrupción” que ha detectado la Secretaría de Hacienda del Gobierno de Javier Corral Jurado.
Diputados federales por Puebla urgieron al Gobernador Rafael Moreno Valle Rosas a aceptar que la deuda pública de la entidad es superior a los 8 mil millones de pesos que tiene registrados actualmente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Los legisladores se pronunciaron sobre el tema, luego de que Eudoxio Morales, investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla presentara los resultados de su investigación sobre la deuda “oculta” del mandatario panista, donde advierte que la cuenta públicas del estado tiene pasivos por más 76 mil millones de pesos y un sobre ejercicio de otros 71 mil millones de pesos.
Al iniciar 1992, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio obtuvo un borrador de la penúltima versión del TLCAN y, con la presión que también ejercían hablando desde el Congreso estadounidense, lograron reunirse con Herminio Blanco Mendoza, entonces Subsecretario de Comercio del Gobierno del Presidente Carlos Salinas de Gortari y representante de México en la negociación con EU y Canadá. “En un momento le pregunté cuál era el proyecto de país que tenía en la cabeza cuando estaba negociando el Tratado de Libre Comercio”, recuerda Alberto Arroyo, fundador de la RMALC. Y, literalmente, Blanco contestó: “¿Proyecto de país? ¿Para qué? El mejor proyecto de país es no tener proyecto de país, y dejar que el mercado modele al México posible”.
Puebla es la entidad en México que lidera en deuda oculta y eso Moreno Valle no lo puede contradecir, dice el investigador Eudoxio Morales en entrevista con SinEmbargo. “Toda deuda, sea contingente, sea Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) o sea Asociación Público Privada (APP), al final de cuentas es deuda, aunque le haya cambiado ese artículo Sexto a la Ley de Deuda Pública y le haya puesto otros apellidos”, agrega.