Rubén Martín
No lo dicen de este modo pero se puede deducir que es mayor el poder de ocultamiento de los militares que la voluntad política que dice tener el Presidente de la república.
En los hechos tanto las corcholatas de Morena como las gelatinas del Frente opositor tienen montadas ya oficinas de campaña donde se pagan sueldos, viáticos, gastos de celulares, gasolina, aviones, pago de publicidad, asesores, mercadólogos, encuestas, etcétera.
Lamentablemente la brutalidad policiaca azota también a América Latina.
Pero todo indica que el alfarismo irá sólo en esta lucha contra Dante Delgado, pues el mismo viernes el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, avaló la postura de no aliarse al PAN y al PRI y directamente criticó la propuesta de Clemente Castañeda.
Ya sea el bloque de partidos que gane las elecciones de 2024, sabemos que las cosas, de fondo, seguirán iguales.
Los pasajeros del barco que partió de Libia hacia Italia y que se hundió frente a las costas de Grecia cuatro días antes de la travesía del Titán, no buscaban “salir de la vida cotidiana y descubrir algo verdaderamente extraordinario”, buscaban sencillamente encontrar una mejor vida para ellos y sus familias.
A pesar de la defensa gubernamental de la participación militar en tareas de seguridad pública, cada vez hay más evidencia de las arbitrariedades, ilegalidades y ejecuciones extrajudiciales que cometen las fuerzas armadas en el país bajo el amparo de actuar en el marco de la guerra contra el crimen organizado.
Todo indica que el aumento continuo y significativo del número de desaparecidos comenzó a verse como un problema político para distintos gobiernos estatales, en lugar de reconocerlo como una crisis humanitaria.
Para nadie es desconocido que el Gobernador Alfaro pretende ser candidato presidencial de su partido y eventualmente en alianza con otros partidos. Al ser la crisis por desapariciones uno o el principal problema social y humanitario que atraviesa Jalisco, el Gobierno ha tratado de minimizar, ocultar y administrar esta crisis.
Si bien este gasto de la vida diaria en el transporte público no es nuevo, viene aumentando en los últimos años, y eso se refleja en una mala calidad de vida de quienes padecen estos sistema de servicios públicos.
Pero más allá de las repercusiones en materia de transparencia y ambientales, sin duda preocupantes, el decreto presidencial abre la puerta para que los megaproyectos del actual Gobierno se impongan ante los pueblos y comunidades del sureste que se han pronunciando en contra de estas obras.
Por eso es tan importante visibilizar y enunciar estas resistencias porque está en juego la vida de 20 millones de personas de estos siete estados del sureste con proyectos que prometen llevarles desarrollo y progreso diseñados desde los escritorios y no consultados con las comunidades.
La lección más importante de toda la pandemia es que seguimos atrapados en el mismo sistema capitalista de producción y consumo que propicia que se generen este tipo de enfermedades.
Quizá la búsqueda de soluciones locales y comunitarias sea una mejor salida que esperar la promesa de contar con un sistema de salud estilo Dinamarca.
“(…) el Gobierno de la Cuarta Transformación prefirió rendirse ante los reclamos e intereses de la industria minera que ante las exigencias y demandas históricas de las comunidades, pueblos y organizaciones que durante décadas han demandado el fin del extractivismo minero (…)”.
Hay que recordar que uno de los objetivos de la Reforma Energética del Presidente era que la CFE tuviera mayoría en la generación de energía eléctrica, de alrededor de 54 por ciento.