Rubén Martín
La masacre de Tlatelolco el 2 de octubre hace 50 años, es una de los hechos represivos más atroces y abominables cometida por el Estado mexicano contra su propio pueblo. El Consejo Nacional de Huelga (CNH) convocó el 2 de octubre a un mitin en la plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Había cierto optimismo al seno del CNH porque esa mañana el gobierno había accedido a sostener un diálogo inicial enviando a dos representantes oficiales ante una comisión de estudiantes. A ojos de los dirigentes estudiantiles, parecía que el movimiento podría resolverse por causes pacíficos.
Las evocaciones que produce un tráiler con 273 cadáveres estacionado o transitando por tres municipios de la zona metropolitana de Guadalajara son tan potentes que sin duda se convertirán en un sigo de los tiempos de guerra y barbarie que vivimos en Jalisco y todo el país.
Cada vez que los supuestos analistas políticos o columnistas se preguntan quién tiene interés en crear un conflicto político en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y otras de la Ciudad de México y el país, se ignora o subestima la capacidad de acción y de decisión un estudiante y de los universitarios.
La devastación dejada por los sismos de los días 7 y 19 de septiembre de 2017 fue enorme: casi 100 mil viviendas dañadas en Chiapas, y Oaxaca; en la Ciudad de México 3 mil 500 edificios con daños de los cuales 500 debieron demolerse; en Morelos hubo 19 mil 407 fincas con daños, en Puebla 12 mil 500, y 6 mil 787 en el Estado de México. Cientos de miles de escuelas, hospitales e iglesias sufrieron daños parciales o totales.
¿Quiénes eran esos “enemigos”? Movimientos campesinos como el de Rubén Jaramillo en Morelos, o los de Genaro Rojas y Lucio Cabañas en Guerrero; movimientos estudiantiles como el de 1968 o de 1971. Todos estos movimientos fueron, literalmente, masacrados. A consecuencia de esas masacres varias organizaciones políticas optaron, en las décadas de 1970 y 1980, por la vía armada al considerar que los caminos legales y pacíficos estaban cancelados por el Estado mexicano. A estos grupos también se les masacró.
Las noticias sobre la guerra que ocurre en Jalisco no dan tregua a lo largo del año. El panorama completo de estas informaciones muestran, sin lugar a dudas, que esta entidad se encuentra en el peor pico de la guerra, con un alza consistente en todos sus indicadores.
El debate sobre terminación o no del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en el antiguo lago de Texcoco, no es sólo una decisión técnica, sino política y hace tiempo que dejó de ser solo una cuestión del Valle de México para convertirse en un asunto nacional. Lo es porque lo que se decida en torno al NAICM marcará al futuro gobierno de Andrés Manuel López Obrador su anunciada Cuarta Transformación de la vida nacional.
Elba Esther Gordillo Morales no debió salir de la cárcel, nunca debió de ser exonerada. Fue liberada por las mismas razones que fue encarcelada: por razones políticas, por las transacciones corruptas y acuerdos cupulares.
Una vez que ganó la elección presidencial el pasado 1 de julio, el equipo de López Obrador ha ofrecido más detalles para pacificar al país. Lo ha hecho a través de Olga Sánchez Cordero y de Alfonso Durazo, propuestos para ocupar los cargos de secretaria de Gobernación y de Seguridad Pública respetivamente, del gabinete que entrará en funciones el próximo 1 de diciembre.
Las estrategias de guerra contra los pueblos, comunidades y organizaciones que defienden sus territorios y derechos han ido en aumento, en concordancia con la intensificación de los negocios extractivos que se han implementado en México en el contexto de la acumulación por despojo, que ocurren en el paraíso de políticas neoliberales que es México.
Y esta circunstancia lleva a preguntarse sobre el destino de las revoluciones. Desde la francesa, hasta la rusa, pasando por la mexicana y la cubana. ¿Por qué las fuerzas sociales que detonan revoluciones terminan convirtiéndose en nuevos regímenes opresivos?
No es de ahora, en tiempos de la “cuarta transformación de la república”, que las relaciones entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y la izquierda electoral-partidaria mexicana han sido conflictivas. Lo fueron en el pasado, y lo son aún más tras al triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la república, con una crítica y presión injustificada al neozapatismo para que se sume al proyecto del abanderado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).
Y algunos párrafos más adelante precisó quienes estarían primero en este gobierno de la cuarta transformación: “Escucharemos a todos, atenderemos a todos, respetaremos a todos, pero daremos preferencia a los más humildes y olvidados; en especial, a los pueblos indígenas de México. Por el bien de todos, primero los pobres".
Votar en el sistema de democracia liberal es una forma extremadamente restringida de participación política que se limita a depositar una papeleta cada seis años (por Presidente) o cada tres años (por gobiernos municipales o legislativos).
El contrate de los mapas de las cuencas donde Peña Nieto decidió levantar vedas coinciden, no por casualidad, con los territorios donde se asientan las principales dinámicas de acumulación de capital que se despliegan actualmente en el país.
Mientras se concentra la mirada en las campañas electorales y en el Mundial, el presidente Enrique Peña Nieto utilizó la figura legal de los decretos para modificar el estatuto de las vedas existentes sobre 40 por ciento de las cuencas del país, que contienen 55 por ciento de las aguas superficiales de la nación.