Ricardo Ravelo
Convertida la política antidrogas de Enrique Peña Nieto en una verdadera trapacería, el gobierno de Donald Trump parece que empieza a tomar, un poco más en serio, la necesidad de combatir a los cárteles del narcotráfico desde el nervio financiero. Y ha enfocado sus baterías hacia México, particularmente contra los capos de la droga y la mafia política.
A pesar de que la violencia brota en el país por diversas causas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se apresta a dar pasos por la ruta de la legalización de algunas drogas y, con ello, busca pacificar el territorio, que no equivale a poner fin a las disputas entre los grupos criminales dedicados al narcotráfico.
Mediante gestiones legales ante la Procuraduría General de la República (PGR), el gobierno de Tamaulipas, encabezado por el panista Francisco García Cabeza de Vaca, recuperó el terreno de mil 600 hectáreas –localizado en el puerto de Altamira –por el que el exgobernador Eugenio Hernández fue detenido bajo cargos de peculado y fraude, entre otros ilícitos.
El panorama que en Veracruz enfrentará el nuevo gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, es verdaderamente desolador.
De acuerdo con una radiografía sobre la presencia del narcotrafico en los municipios de México, elaborado por el área de Asuntos Municipales y Regionales del Senado de la República, el 80 por ciento de los ayuntamientos están gobernados por autoridades que tienen un vínculo directo e indirecto con alguna modalidad del crimen organizado.
Miguel Angel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, heredará un caos a su sucesor Cuitlahuac García: cuentas mal habidas, delincuencia organizada, narcotráfico, traido por él, y una amplia red de corrupción que no podrá ser saneada en los próximos treinta años.
El proyecto de legalizar las drogas en México, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, puede resultar una medida eficaz para frenar el narcotráfico desorganizado y disminuir la exacerbada violencia. Es probable –la experiencia internacional así lo indica – que, de aprobarse el proyecto en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), México enfrente un repunte peligroso en el consumo de drogas, pues el territorio resultaría muy atractivo como zona de libre consumo, tal y como ocurre en Portugal o Amsterdam, paraísos del libre uso de drogas.
Todo indica que los días del capo Nemesio Oseguera –El Mencho –jefe del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), están contados.
La permanencia de los militares en tareas de seguridad, anunciada por Andrés Manuel López Obrador (AMLO), era de esperarse.
Javier Duarte de Ochoa, ex gobernador de Veracruz, podría quedar en libertad en muy pocos días. Quizá antes de la navidad, el ex mandatario abandone la prisión en la que fue recluido tras su captura efectuada en Guatemala en abril de 2017.
Los responsables de la seguridad de López Obrador y diversas organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos llevan a cabo foros en el país para conocer las profundas heridas de una sociedad golpeada por el crimen organizado.
Dos pilotos del área de Servicios Aéreos de Veracruz –Esdras Morales y José Luis Crisanto– están desaparecidos luego de que, a principios de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, desatendieron un llamado de Manuel Muñoz Ganem, operador financiero del Gobernador de Veracruz, para realizar un vuelo urgente a la Ciudad de México.
Se trata de Marcos Even Torres Zamudio, quien según sus antecedentes públicos, es abogado de la familia Yunes Márquez, fue mentor del actual fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz. Es una persona a modo, un fiscal totalmente manipulable y que estará a las órdenes del gobernador y no de la sociedad. Así es la transparencia de Yunes Linares.
Cada sexenio se pone en marcha una nueva política para enfrentar al crimen organizado, pero al transcurrir los seis años de gobierno el resultado siempre ha sido un gasto excesivo en el “combate” a la delincuencia y lo frustrante para la sociedad es que la delincuencia sigue de pie generando violencia e inestabilidad en el país.
La amnistía propuesta por Andrés Manuel López Obrador para desactivar la violencia generada por el crimen organizado, no tuvo gran impacto electoral en el estado de Guerrero, particularmente en el distrito federal sexto –conformado por trece municipios– donde los dueños del poder absoluto son los jefes de Los Ardillos y Los Rojos, principales cárteles que operan en esa región.
López Obrador tiene una agenda enorme por desahogar. Uno de sus objetivos centrales, dijo él, es pacificar al país, devolverle la tranquilidad y en distintos momentos de su campaña aseguró que lograría ese objetivo en tres años, a lo mucho.