Ricardo Ravelo
Tras ordenar la libertad bajo caución de Correa Collazo, los reflectores de la sospecha se encendieron en contra de la jueza Hernández Haro. De acuerdo con el denunciante, en el medio judicial circulan versiones en el sentido de que suele dejar en libertad a criminales previo acuerdo económico.
En Bajan California soplan vientos de cambio.
La lucha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción será muy larga y, como ya se ve, nada fácil.
El negocio generaba ganancias millonarias: más de 300 millones diarios, según las estimaciones más conservadoras, suma que alcanzaba hasta para pagar el silencio de algunos comunicadores famosos, según consta en una lista que circuló en medios de información, obtenida a través de una solicitud de transparencia.
Autoridades mexicanas y estadunidenses integran un voluminoso expediente criminal que implica a una banda de pseudoperiodistas dedicados a la extorsión de políticos, empresarios y funcionarios públicos y que entre sus antecedentes delictivos figuran sus presuntos nexos con el cártel de Tijuana, según consta en las indagaciones.
Para enfrentar el complejo entramado criminal que atenaza al país, el gobierno federal no tiene otra alternativa más que militarizar las tareas de seguridad. De ahí la urgencia del presidente Andrés Manuel López Obrador por comenzar a reclutar a jóvenes entre 18 y 30 años para que formen parte de la Guardia Nacional, proyecto que –asegura el presiente –resolverá el problema de inseguridad y violencia.
En medio de la turbulencia política que se vivió en Puebla tras judicializarse la elección de gobernador, el accidente aéreo en el que fallecieron la gobernadora Martha Erika Alonso y su esposo, el exmandatario Rafael Moreno Valle, muy pronto se empezó a salpicar de sospechas y dudas, como es natural en un caso donde la información precisa está ausente.
La Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio en contra de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, se convirtió en un espacio para la catarsis de los narcotraficantes.
La frontera sur de México, particularmente la que conecta con Guatemala, es uno de los puntos críticos que debe atender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El viernes 30 de noviembre fue un día para recordar a un gran periodista, valiente como pocos que se enfrentó a las balas y al narco sin alardes ni fanfarronerías. Se trata de Jesús Blancornelas, fundador del periódico Zeta de Tijuana, quien cumplió doce años de haber fallecido.
En la Corte de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio contra el exjefe del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, han salido a relucir datos y evidencias de la corrupción que desplegó ese grupo criminal desde el 2001 a la fecha, a lo largo de tres sexenios.
El miércoles 14, por fin fue presentado el proyecto para enfrentar el flagelo de la inseguridad en los próximos seis años, después de varias décadas de vacíos en esta materia y de políticas erráticas que sólo fortalecieron a la delincuencia organizada y debilitaron a las instituciones.
A lo largo de más de cuatro décadas en el negocio del narcotráfico, Joaquín Guzmán Loera lo compró todo: impunidad, seguridad y también su libertad, cuando así lo quiso. En 2001, ocho años después de su primera captura, maquinó su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, sobornando a las autoridades penitenciarias, a las que mantuvo subyugadas mediante cañonazos de dólares.
Sin Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, a la cabeza, el cártel de Sinaloa mantiene su expansión en el mundo y ya se consolidó como la organización criminal más boyante del planeta. Su jefe es Ismael El Mayo Zambada, veterano capo que se refugia tras el poder criminal y la protección oficial.
La liberación de la mariguana con fines lúdicos da pasos agigantados en México.
Si Andrés Manuel López Obrador ha dado de qué hablar con su zigzagueante proceder, el caso de Cuitláhuac García Jiménez, Gobernador electo de Veracruz, es más que preocupante.