Ricardo Ravelo
¿Quién filtró la denuncia de hechos íntegra de Emilio Lozoya? Nadie lo sabe. Pudo haber salido de la FGR –donde el exfuncionario federal la presentó– o bien fue una orden del Presidente López Obrador que se filtrara a los medios para robustecer el escándalo mediático y político.
Lo que exhibió Emilio Lozoya ante la FGR es una revelación que en realidad no debe escandalizar. No dice nada nuevo, ni un pedazo de verdad que no conozcamos respecto de cómo ha funcionado el sistema político mexicano, regido por el compadrazgo y la corrupción.
López Obrador se convirtió en el Presidente militarizado, pues le ha dado casi todo a los hombres de verde: obras, control del territorio y de la seguridad.
Existen muchas dudas de que López Obrador vaya a proceder en contra de Peña Nieto. De ser así, quedaría claro que él es quien da las órdenes a la FGR, aunque sea autónoma.
Lo que ha desatado muchas críticas es el trato y la deferencia de que goza Lozoya, quien saltó de su condición de prófugo de la justicia para convertirse en el testigo estelar del Gobierno. Tan pronto arribó a la Ciudad de México, en vuelo especial, el exfuncionario no fue llevado a una prisión, como se esperaba: lo internaron en el hospital “Ángeles” del Pedregal bajo el argumento de que padece anemia aguda y otros males de salud.
Tras la desintegración de Serpover, el Gobierno federal dio pie para la creación de tres empresas que se hicieron cargo de todas las maniobras portuarias, en las que se colaron agentes aduanales y políticos que actualmente están vigentes en el escenario nacional que, a través de este negocio, obtienen millonarias ganancias.
Recientemente, Beltrones sacó la cabeza públicamente, pero la tendrá que esconder si no quiere perderla ahora que Duarte fue detenido.
López Obrador no ha podido garantizar la paz social que presumió en su informe del 1 de julio porque simplemente no ha hecho nada para lograrlo.
Al amparo del poder político –que garantizó impunidad para estos grupos– surgió el cártel Santa Rosa de Lima, nombre que tomó de una comunidad del mismo nombre donde nació José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, un sanguinario sin parangón en el mundo contemporáneo del hampa.
Armado de muchos recursos explicativos –por no decir que justificaciones– el Gobierno de López Obrador podrá decir y argumentar todo lo que quiera desde su púlpito mañanero. Lo cierto es que hay una realidad clara y cruda: su Gobierno es un fracaso ante el crimen organizado, a pesar de todo el poder que dispone –y que no le basta– y no obstante que en todo el país opera la Guardia Nacional y ahora las Fuerzas Armadas.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ya empezó su campaña, primero con el arranque del Tren Maya –una de sus obras importantes– y después atizando la higuera con el descubrimiento de un manifiesto que da cuenta de un Bloque Amplio Opositor (BOA) que da cuenta de una estrategia, presuntamente orquestada por la derecha, para derrocar al régimen de López Obrador. La estrategia plantea ganarle las gubernaturas y el Congreso a Morena el año entrante, luego, en el 2022, revocar el mandato del Presidente. Y para ello, llama a la sociedad a centrar sus críticas y cuestionamientos en dos puntos flacos del régimen: la economía y la inseguridad pública.
. Aunque sin el tinte del racismo, las policías están convertidas en escuadrones del crimen organizado. Ningún Gobierno, desde el sexenio de Ernesto Zedillo a la fecha, se ha preocupado por sanear a estos cárteles de la seguridad que lo mismo reciben salarios del Estado mexicano que del crimen organizado.
Si la UIF ya tiene estos expedientes integrados ahora le toca a la Fiscalía General de la República (FGR) actuar, pero todo indica que Santiago Nieto tiene un verdadero obstáculo en Alejandro Gertz Manero, quien no actúa con la misma velocidad como lo está haciendo el propio Santiago Nieto.
El Gobierno de Calderón, por donde se le mire, fue errático. Se equivocó casi en todo y llevó al país a una guerra contra el crimen que más bien fue el pretexto para llevar a cabo un enorme saqueo de recursos naturales en el país, desde la minería hasta los recursos petrolíferos.
Evidentemente, estas acciones de desmantelamiento criminal no se hacen con las Fuerzas Armadas: se efectúan con la ley en la mano, con la Unidad de Inteligencia Financiera trabajando a tope, con la Fiscalía General de la República integrando carpetas de investigación y procesando casos y consignando expedientes bien estructurados.
Será muy difícil que le lleguen a Calderón, a menos que surja información relevante y contundente que lo ligue directamente al narcotráfico. Eso no quiere decir que no haya indicios, pero una cosa son los indicios y otra las pruebas contundentes. Ahora, para llevar a juicio a Calderón se necesita una voluntad política enorme.