Diego Petersen Farah
Si López Obrador no entiende los que son los derechos humanos, qué nos extraña entonces que la presidenta de la Comisión Nacional, Rosario Piedra, tampoco.
Si lo que se busca es el combate a esta práctica corrupta en la aprobación de leyes hay que procesar a todos los legisladores que cobraron y emitieron su voto y no solo a los miembros más visibles.
La cercanía entre el Gobernador de Jalisco y el Presidente López Obrador en los últimos dos meses representa un cambio de rumbo político.
Durante caso dos siglos la historia oficial ha vinculado la fecha de la caída de la gran ciudad de Tenochtitlán con la Conquista.
El riesgo, como siempre, sucede, es que terminemos tirando el niño con todo y el agua sucia de la bañera, que es mucha y pestilente.
Lo que podemos prever es que el Sí ganará con un amplísimo margen (arriba de 80 por ciento) con un nivel de participación bajísimo, probablemente por debajo del 20 por ciento del padrón.
No hay, hay que repetirlo hasta el cansancio, causa alguna, llámese combate a la corrupción, transformación, nuevo régimen, que justifique haber dejado sin medicamentos a personas en tratamiento.
Tiene razón el Presidente: si su Gobierno no logra pacificar el país, reducir significativamente la violencia en los próximos tres años, lo que haya hecho su Gobierno en materia de corrupción, programas sociales o formas de hacer política da exactamente igual.
Por el lado del PAN, Ricardo Anya, quien ya fuera derrotado en 2018, parece ser la opción más avanzada.
A tres años de la elección y de que el López Obrador comenzó a mandar en el país, ni somos Venezuela del Norte ni hay un nuevo régimen.
La fuerza del Presidente no está en la veracidad de sus dichos sino el descrédito de los partidos y los medios de comunicación, dos malas famas ganadas a pulso y de la mano los unos de los otros.
La rebelión de los enanos es el augurio de un complicado y desatado segundo tiempo para el Presidente López Obrador.
Más allá del abuso de poder, esta resolución no hace sino demostrar la debilidad institucional del Conacyt en manos de Elena Álvarez-Buylla.
El sistema de salud era un reto y lo será más en la medida que vaya bajando la preocupación, y excusa, de la COVID.
Uno solo candidato asesinado debería ponernos en alerta; van más de 40, la mayoría de ellos candidatos a alcaldes de municipios pequeños o medianos.
Todo el peso de la ley contra cualquier personaje –sea Gobernador, funcionario público o malandro sin puesto de elección popular– que haya cometido un delito, pero que sea efectivamente el peso de la ley no la pesada mano de un Presidente enojado y en campaña.