Pedro Mellado Rodríguez
Ha sido el personaje más pernicioso y destructivo en la historia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y será, seguramente, quien termine por sepultarlo, si logra su propósito de modificar los estatutos del tricolor para quedarse en la presidencia de esa organización política hasta el año 2032. Hasta la fecha, durante su gestión, del 2019 al 2024, ha perdido 11 gubernaturas y ha sido factor determinante para que 3 millones 842 mil 889 militantes, el 73 por ciento de la membresía, abandonara las filas del tricolor en los más recientes cinco años.
“En las misma filas de Morena hay quienes le niegan a la gente el derecho a expresar su desacuerdo, su malestar por las decisiones que se toman de manera cupular y que carecen de la validación y apoyo de ciudadanos que ha jurado fidelidad a la Cuarta Transformación”.
Violador reincidente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen los principios del Estado Laico y de la separación jurídica de los asuntos del Estado y de las Iglesias, y también de la Ley General de Asociaciones Religiosas y Culto Público, así como de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el Cardenal Arzobispo Emérito de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, podría ser sancionado por la Secretaría de Gobernación, al incurrir en una nueva intromisión en el proceso electoral del reciente 2 de junio del 2024, como antes lo hizo en los comicios del 6 de junio del 2021, en los cuales provocó, inclusive, que fueran anuladas las elecciones para la presidencia municipal de San Pedro, Tlaquepaque, Jalisco, lugar en el cual reside el prelado católico.
El 82.30 por ciento de los 223 mil 961 mexicanos que se inscribieron para votar desde el extranjero sufragaron mediante las modalidades de voto electrónico, voto a través del correo convencional y de manera presencial, en 20 consulados y tres embajadas, para imponer nuevo récord de participación de 184 mil 326 sufragantes, que supera por mucho el 54.14 por ciento de concurrentes a las urnas de los comicios presidenciales del 2018, cuando votaron fuera de nuestras fronteras 98 mil 470 compatriotas.
¿Cómo se procesa la nulidad de una elección en México? ¿Cuáles son los criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que en su momento tendría que analizar las peticiones de nulidad de los comicios para la presidencia municipal de Guadalajara y para la gubernatura de Jalisco? El elemento más importante para anular unos comicios se sustenta en el análisis de la violación de los principios constitucionales rectores en materia electoral, argumento en el cual se fundamentan los Juicios de Inconformidad promovidos por los candidatos de Morena, para solicitar la anulación de esos comicios.
Un duro revés sufrió este domingo 30 de junio del 2024 el partido Movimiento Ciudadano en Jalisco, y de paso quedaron exhibidos tanto el Tribunal Electoral del estado como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de la entidad, pues la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación declaró improcedente el recuento de votos de los comicios celebrados en la capital tapatía el reciente domingo 2 de junio, promovido por el partido naranja, en una acción que fue calificada como “un montaje” para ocultar irregularidades, por el candidarto de Morena, José María Martínez Martínez, quien exige la nulidad de las elecciones en las que presumiblemente resultó triunfadora la emecista Verónica Delgadillo García.
Entre el 26 de septiembre y el 5 de octubre se darán cinco cambios de mandatarios, en cuatro entidades que eligieron gobernador y en la Ciudad de México donde se renovará la jefatura de gobierno. Después de la contienda del domingo 2 de junio del 2024, una de esas cinco entidades será gobernada por el PAN y las cuatro restantes por el Partido Morena, que ganó con el respaldo de sus aliados Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México. Entre esas fechas tomarán posesión de sus cargos los nuevos depositarios de los poderes ejecutivos de Guanajuato, Morelos, Tabasco, Yucatán y Ciudad de México.
Con respecto a la calificación de la elección presidencial, es pertinente recuperar lo que expresó el pasado viernes 17 de mayo del 2024 el Magistrado Felipe de la Mata Pizaña en una exposición que hizo en la Universidad Autónoma de Campeche, donde afirmó que más allá de que el sistema electoral sea moderno o requiera ser reformado, nadie debe tener duda de que la Constitución es clara respecto de las facultades que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y las hará cumplir al momento de calificar y declarar la validez de la elección presidencial.
Con el derrumbe de los partidos tradicionales agrupados en la Coalición Fueza y Corazón por México, PAN, PRI, PRD, que han perdido casi la totalidad de su crédito en el ánimo de un amplio segmento de la sociedad, está abierto el espacio para que algunas fuerzas políticas de derecha busquen la oportunidad para relevarlos en el escenario nacional. Hay un espacio disponible en el escenario político nacional que podría ser ocupado por algunas de las fuerzas de derecha aglutinadas en la llamada “Marea Rosa”, a la que algunos dirigentes defenestrados, le han echado el ojo, como es el caso de Jesús Zambrano Grijalva, el todavía presidente del Partido de la Revolución Democrática, en proceso de liquidación.
El pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó el pasado lunes 17 de junio del 2024 la creación de la Comisión Especial integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera, a quienes asignó la muy importante y delicada tarea de integrar, sustanciar y resolver los medios de impugnación presentados contra la elección por la Presidencia de México, en especial los Juicios de Inconformidad que buscan anular esos comicios en su totalidad o cuestionar su validez.
Racionalidad en el gasto de los poderes legislativos estatales es lo que promueve la iniciativa de reformas constitucionales enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados de la federación el pasado 5 de febrero del 2024, con las cuales buscarían que se redujera el número de legisladores locales que integran los 32 congresos estatales en igual número de entidades del país. La idea es que únicamente existan representantes populares electos por voto directo y por el principio de Mayoría Relativa.
Uno de los temas medulares de la iniciativa de reforma política que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados de la federación el pasado 5 de febrero del 2024, y que podría aprobarse en septiembre próximo, es la reducción de la Cámara de Diputados, de 500 a 300 legisladores y la de Senadores de 128 a solo 64, lo que significaría la desaparición de la figura de la Representación Proporcional.
La iniciativa presidencial propone que se multiplique el 33 por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) por el total de ciudadanos inscritos en el Padrón Electoral del país. Actualmente la UMA vale 108.57 pesos y el 33 por ciento de esa medida de actualización equivale a 35.82 pesos.
La revisión del cómputo de los comicios realizados en Jalisco muestra una enorme disparidad en las cifras que ofrece la autoridad estatal, que confrontadas con los cómputos federales muestran graves inconsistencias que alimentan la suspicacia de que en Jalisco pudieron manipularse los resultados.
La creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, para sustituir al actual Instituto Nacional Electoral (INE), que asumiría las funciones de los 32 instituto electorales estatales significaría, de entrada, un ahorro de por lo menos 27 mil 515 millones de pesos que actualmente pagan los estados de la República, lo que permite a los gobernadores tener injerencia e influencia política sobre los organismos públicos estatales que organizan los procesos electorales.
La iniciativa de reformas al Poder Judicial de la Federación, enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados federal el pasado 5 de febrero del 2024, pretende que Ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular, libre y directo, pero también contempla la respuesta a una de las más reiteradas inquietudes de los ciudadanos: ¿Quién investigaría y sancionaría a los integrantes del Poder Judicial que cometieran omisiones, infracciones administrativas, actos de corrupción o delitos en perjuicio de los más altos intereses de la justicia y de los ciudadanos?