Pedro Mellado Rodríguez
Durante febrero se llevarán a cabo los registros para los candidatos a las gubernaturas de Jalisco, Yucatán y Guanajuato, así como para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México; en tanto en que en marzo cumplirán ese trámite quienes aspiran a gobernar Tabasco, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas. Nueve entidades en las que se renovarán los titulares del Poder Ejecutivo, en cinco de las cuales Morena camina con claridad hacia el triunfo, mientras que tiene posibilidades reales de sumar victorias en otras tres donde se esperan contiendas muy cerradas.
Este sábado 10 de febrero del 2024 terminan las precampañas electorales para las gubernaturas de Veracruz y Chiapas, sin que haya cambiado mucho el panorama para la oposición que estaría destinada a derrotas contundentes en dos entidades en las cuales Morena y sus aliados del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México han consolidado su presencia e influencia política.
"La reforma contempla la desaparición de todos los institutos electorales de los estados".
Entre 2021 y 2023 Morena y sus aliados ganaron 17 gubernaturas, lo que les permitió consolidad su presencia en 23 estados del país. En los comicios intermedios del 6 de junio del 2021 Morena y sus aliados ganaron todas las diputaciones federales que estuvieron en disputa en 11 estados del país y aunque no lograron la mayoría calificada en San Lázaro, sí tuvieron buenas cuentas o por lo menos empataron, en otras 12 entidades.
De los nueve estados que gobierna la oposición de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, por lo menos en cuatro estarían en riesgo de perder la mayoría de los distritos electorales federales, de los cuales saldrán los diputados que integrarán el Congreso de la Unión, en donde su principal rival político, el partido Morena, pretende obtener la Mayoría calificada de 334 de los 500 legisladores del país.
De los siete partidos políticos que estarán en la contienda del domingo 2 de junio del 2024, el único que ha aumentado sensiblemente su porcentaje de preferencia y respaldo de la ciudadanía, con respecto a las elecciones del 2021, ha sido Morena, lo que le da más fuerza a la Coalición “Sigamos Haciendo Historia”, que integra junto con Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.
Para la disputa de los 294 distritos electorales de mayoría, donde presentarán aspirantes comunes, 114 candidaturas serán encabezadas por panistas, 112 por priistas y 68 por perredistas
La gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación o su interrupción dependerá de la forma como quede integrado el nuevo Congreso de la Unión, en el cual participarán 500 diputados federales y 128 senadores.
"Los tiempos han cambiado, lo mismo que los métodos para desestabilizar y defenestrar proyectos políticos que pretendan beneficiar a la mayoría del pueblo".
Por lo menos 101 mil 980 ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero ya se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, bien sea que sufraguen a través de internet, por correo convencional o de manera presencial en consulados y embajadas. Esta cifra corresponde al último corte proporcionado por el INE, hasta el jueves 25 de enero del 2024. El último plazo para que nuestros compatriotas se registren para participar en los comicios y ser incluidos en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero vence el martes 20 de febrero del 2024.
La duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los Organismos Públicos Locales (OPLES), que organizan los procesos electorales estatales, a las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), hacen obligada una reforma en la materia, para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, los 32 instituto electorales estatales, conocidos como OPLES, representarán un gasto de 27 mil 515 millones de pesos, que rebasan por mucho los 22 mil 323 millones de pesos que ejercerá el INE para la realización de los comicios federales de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales en todo el país.
Una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fracturada, seriamente dividida, será la responsable de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, luego de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El Tribunal Electoral está también determinado por los intereses políticos que representan quienes integran la sala superior, factor que también será un elemento de inestabilidad en la máxima instancia en la materia, cuyas resoluciones son definitiva e inatacables.
Son amplias las facultades de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, que con su carácter jerárquico de subprocuraduría, podría profundizar sus investigaciones en casos en los que se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita o el desvío de bienes y recursos públicos para el financiamiento de algunas campañas políticas, pues tiene facultades para solicitar y obtener registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que pueda ser útil para la investigación y persecución de los delitos.
Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales que, desde que fue creada el 19 de julio de 1994, no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral. Pero igual sucede con las 32 fiscalías similares que operan en las 32 entidades federativas del país. Y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía.
Esa cofradía privilegiada y malévola, que entrevera los intereses de los grandes magnates que se han enriquecido haciendo negocios ventajosos con gobiernos priistas y panistas, que se han beneficiado con la privatización de los bienes de la Nación, sigue estrechamente vinculada con políticos corruptos e intelectuales acomodaticios y envilecidos.
Por mandato constitucional, establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe un principio histórico “de la separación del Estado y las iglesias”, que establece que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”.