Pedro Mellado Rodríguez
La gran batalla por la continuidad del proyecto de gobierno de la Cuarta Transformación o su interrupción dependerá de la forma como quede integrado el nuevo Congreso de la Unión, en el cual participarán 500 diputados federales y 128 senadores.
“Los tiempos han cambiado, lo mismo que los métodos para desestabilizar y defenestrar proyectos políticos que pretendan beneficiar a la mayoría del pueblo”.
Por lo menos 101 mil 980 ciudadanos mexicanos que radican en el extranjero ya se registraron ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024, bien sea que sufraguen a través de internet, por correo convencional o de manera presencial en consulados y embajadas. Esta cifra corresponde al último corte proporcionado por el INE, hasta el jueves 25 de enero del 2024. El último plazo para que nuestros compatriotas se registren para participar en los comicios y ser incluidos en la Lista Nominal de Electores en el Extranjero vence el martes 20 de febrero del 2024.
La duplicidad de funciones y el sometimiento pleno de los Organismos Públicos Locales (OPLES), que organizan los procesos electorales estatales, a las decisiones del Instituto Nacional Electoral (INE), hacen obligada una reforma en la materia, para racionalizar el gasto y aligerar la carga a los contribuyentes. En 2024, los 32 instituto electorales estatales, conocidos como OPLES, representarán un gasto de 27 mil 515 millones de pesos, que rebasan por mucho los 22 mil 323 millones de pesos que ejercerá el INE para la realización de los comicios federales de Presidente de la República, Senadores y Diputados Federales en todo el país.
Una Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) fracturada, seriamente dividida, será la responsable de realizar el cómputo final de la elección presidencial y formular la declaración de validez de la elección y del presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, luego de los comicios del domingo 2 de junio del 2024. El Tribunal Electoral está también determinado por los intereses políticos que representan quienes integran la sala superior, factor que también será un elemento de inestabilidad en la máxima instancia en la materia, cuyas resoluciones son definitiva e inatacables.
Son amplias las facultades de la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales, que con su carácter jerárquico de subprocuraduría, podría profundizar sus investigaciones en casos en los que se presuma la utilización de recursos de procedencia ilícita o el desvío de bienes y recursos públicos para el financiamiento de algunas campañas políticas, pues tiene facultades para solicitar y obtener registros, bases de datos, información o documentación, aun cuando tengan el carácter de reservado o confidencial, que pueda ser útil para la investigación y persecución de los delitos.
Una de las instituciones más cuestionadas en la estructura electoral de nuestro país es la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales que, desde que fue creada el 19 de julio de 1994, no ha logrado que se emita una sentencia en firme contra algún presunto delincuente electoral. Pero igual sucede con las 32 fiscalías similares que operan en las 32 entidades federativas del país. Y como los políticos confían mucho en la amnesia social, elección tras elección se reiteran las violaciones a las leyes y se cometen delitos que nunca son sancionados con la debida energía.
Esa cofradía privilegiada y malévola, que entrevera los intereses de los grandes magnates que se han enriquecido haciendo negocios ventajosos con gobiernos priistas y panistas, que se han beneficiado con la privatización de los bienes de la Nación, sigue estrechamente vinculada con políticos corruptos e intelectuales acomodaticios y envilecidos.
Por mandato constitucional, establecido en el artículo 130 de nuestra Carta Magna, existe un principio histórico “de la separación del Estado y las iglesias”, que establece que “los ministros de cultos no podrán desempeñar cargos públicos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser votados. Quienes hubieren dejado de ser ministros de cultos con la anticipación y en la forma que establezca la ley, podrán ser votados”.
Destitución, inhabilitación para el desempeño de cargos públicos hasta por seis años, penas de cárcel de hasta nueve años y multas que podrían ascender a 248 mil 930 pesos, son aplicables a servidores públicos de los ámbitos federal, estatal y municipal, que cometan delitos electorales o infracciones administrativas, durante los procesos electorales en marcha, que desembocarán en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Estos delitos y faltas administrativas están incluidos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales y en la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales.
Multas que pueden superar el millón de pesos y penas que van de dos a 15 años de prisión, para sancionar a funcionarios partidistas y a precandidatos o candidatos que cometan delitos electorales o infracciones a las normas establecidas, están contempladas, por la vía penal, en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y por la vía administrativa en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el primer caso, corresponde actuar a la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y en el segundo, al Instituto Nacional Electoral (INE).
Este domingo 21 de enero terminaron las precampañas de los aspirantes a la postulación oficial para luchar por la gubernatura de Guanajuato, el estado más emblemático del Partido Acción Nacional (PAN) en el país, y el partido albiazul cerró esta etapa con una cómoda ventaja sobre la oposición.
Sólo tres días de plazo les quedan a los jóvenes que cumplieron o cumplirán 18 años de edad entre el 1 de septiembre del 2023 y el 2 de junio del 2024, pues el próximo lunes 22 de enero se cerrará el registro para los nuevos ciudadanos que tengan interés por participar en los comicios del domingo 2 de junio del 2024. Pero también el próximo lunes se vencerá el plazo para que tramiten nueva credencial quienes deban notificar cambio de domicilio, corrección de datos o reemplazo de la credencial por terminar la fecha de su vigencia.
“Les cuesta trabajo asumir que más allá de sus pequeños nichos en redes sociales, en esa virtualidad falsa y engañosa de las redes sociales, hay un mundo real”.
Hoy terminan las precampañas de los precandidatos a la Presidencia de la República y la aspirante de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, cierra con una ventaja de por lo menos 30 puntos porcentuales de ventaja sobre la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, la Senadora panista Xóchitl Gálvez Ruiz
Los meses de febrero y marzo serán claves para el registro de candidatos a ocho gubernaturas y a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pues esas últimas definiciones de los partidos políticos rumbo a la contienda del domingo 2 de junio del 2024, tendrán que superar la supervisión del Instituto Nacional Electoral (INE), que determinará si se cumplen los criterios de paridad sustantiva de género y de alternancia de género.