Adela Navarro Bello
“A más tardar en febrero de este 2022, si no es que aparece otra variante de la COVID-19, y si los gobernadores y el Presidente no indican lo contrario, la mayoría de los estudiantes mexicanos, aquellos que no desertaron, aquellos que fueron apoyados por sus padres, por un programa o una asociación, regresarán a los salones de clase, y dejarán atrás los años perdidos de la educación en México, de los cuales aun desconocemos las consecuencias”.
“Porque si esta situación se hubiese presentado en cualquier sexenio anterior, donde uno de los empresarios más prominentes del país, hubiese empleado a los hijos del Presidente, seguro que López Obrador lo habría denunciado. Pero hoy no, hoy, es justificación de una vida honesta (…)”.
La anécdota la contaba don Julio para explicar cómo el poder cambia a las personas. Cómo lo que antes celebraban y a lo que incluso contribuían con información, la crítica, la evidencia revelada, les molestaba al extremo cuando se trataba de ellos.
“Los votos requeridos a favor del proyecto de controversial constitucional son ocho. El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, y tres ministros propuestos por el Presidente López Obrador ante el Senado para ser designados, Loretta Ortiz Ahlf, Juan Luis González Alcántara Carrancá y Yasmín Esquivel Mossa, votaron contra el proyecto de Pardo”.
“Sin embargo, nada de eso es reconocido por el Presidente de la República, quien transitó de ser un señalador de la inseguridad, la violencia y la corrupción, a un Jefe de Estado omiso, indiferente de lo que sucede en México cuando se trata de esos tres fenómenos criminológicos”.
“La política para enfrentar y contener los contagios de la Covid-19 es que cada quien asuma su responsabilidad, que las escuelas determinen si regresan o no a clases presenciales, que las autoridades locales si se reducen los aforos, y ahora, que no es necesario hacerse una prueba de confirmación de contagio si se tienen síntomas del mismo, como si los patrones, sin certificados de análisis, concederán incapacidades, por decir lo menos”.
Con esta medida, el Gobierno de la República a través de la SEDENA y la Marina, entrega a la milicia la responsabilidad de las estrategias de seguridad en los estados
Esta semana, Bonilla acudió al Palacio Nacional, pues él promocionó las fotos que daban cuenta de ello, acompañado de un puñado de quienes fueron sus colaboradores y, que como él, se encuentran sin empleo, cargo o comisión en Gobierno alguno, aun cuando con injerencia extraoficial en algunas demarcaciones municipales en Baja California.
¿Cuál fue el delito de la periodista para que la PGR iniciara una investigación sobre ella? Ninguno.
El doble rasero del mandatario una vez más presente, presume que hay independencia en los medios de comunicación, pero no cuando se trata de su familia, su movimiento, su gobierno, su persona.
Desafortunadamente, el gobierno de la República, no solo el actual, actúa a su conveniencia y provecho, porque seguramente, si alguno de los antecesores de López Obrador, hubiese emitido tal decreto, él habría sido el primero en manifestarse, en dudar, en presumir opacidad y corrupción.
Meticuloso, Santiago Nieto elaboró en 36 meses en la UIF, cientos de documentos para develar organigramas de lavado de dinero en México por parte de los cárteles de la droga.
México es uno de los países donde los periodistas corren mayor riesgo por ejercer su profesión y la libre expresión.
Del 100 por ciento de las personas privadas de su libertad, los 222 mil 18, el 42.9 por ciento, no está sentenciado, continúa siendo procesado, pero su juicio lo siguen tras las rejas.
El problema es que más que investigación ministerial, parece arenga política. Porque todos los señalados, continúan libres.
¿Qué hará el PRI? Lo que siempre ha hecho, negociar con el poder.