Marcos Vizcarra
Un Banco Nacional de Datos Forenses inexistente, un Programa Nacional de Búsqueda y Localización elaborado sin consultar a las familias de las personas desaparecidas, y un Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense sin recursos ni apoyo político son algunos de los factores, expuestos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que han contribuido a agudizar la crisis forense en México.
Este hombre, que perdió el oído derecho a causa de las torturas que sufrió en 1978 por su pertenencia a la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), está en un cuarto del Campo Militar Número 9-A, en Culiacán, que reconoce con las manos mientras lo recorre. Lo siente y olfatea, como buscando algo que le confirme que siempre tuvo razón. Que esta es su verdad, hoy que junto con más de veinte sobrevivientes y familiares de víctimas de la llamada “guerra sucia” pudo acceder a sus instalaciones.
Rosa Elia Vázquez descansa en su mecedora de madera, al lado de la fotografía de su hijo Román Soto Vázquez, desaparecido desde el 17 de noviembre de 2013. Ese día, cuatro policías municipales de Ahome, Sinaloa, lo detuvieron en la carretera a La Constancia, El Fuerte.
El Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, realizó más de mil 400 vuelos en tres años y siempre lo hizo con acompañantes que no fueron registrados con nombres.