Maite Azuela
2 de Mayo de 2017: Siendo las seis de la tarde con cuarenta y ocho minutos tres patrullas de federales y dos autos militares se estacionaron en la entrada del edificio Palermo, en la calle Tres Picos de la colonia Polanco.
Con cada revelación crece la impotencia. El llanto contenido se transformó en el aplauso de cientos de asistentes que presenciamos el informe y nos pusimos de pie en reconocimiento al trabajo y tenacidad el GIEI. La carrera de obstáculos que el Gobierno federal ha habilitado para ocultar la verdad, es una muestra del lamentable estado de acceso a la justicia que nos ofrecen. Los padres de las víctimas no tendrán demasiadas alternativas ahora que el gobierno ha negado a GIEI continuar con su labor.
Su insensibilidad para entender el derecho a la protesta no debe extrañarnos. Para el Gobernador Ávila Villegas, desalojar indígenas de sus tierras y despojarlos de su santuario es una necesidad imperante, en tanto sus negocios con las filiales de la empresa Higa puedan concretarse.
¿Hasta dónde son responsables los Juan Marcos de la escandalosa deuda que dejó Humberto Moreira en Coahuila? ¿Qué tanto del patrimonio de las familias Juan Marcos Issa, sus dependientes y sus parientes cercanos proviene del atraco a las arcas del estado, perpetrada por los Moreira? ¿Hasta dónde están involucrados los Juan Marcos con el Cártel de Juárez y los Moreira con los Zetas?
En cualquier democracia por emergente que resulte, un reportaje documentado a fondo sobre el financiamiento del narco al candidato que llegó a la Presidencia, sería un explosivo que por mínima dignidad, generaría reacciones contundentes de la oposición, movilización social, alertas económicas y adecuaciones urgentes en las estructuras institucionales. ¿Qué pasa en México que esta información tan sórdida como sustentada no causa efecto alguno?