Leopoldo Maldonado
A la prensa en México se le agrede cada 13 horas porque se puede y no hay consecuencias.
La realidad es que las instituciones fueron cooptadas para convertirlas en verdaderas máquinas de victimización y encubrimiento criminal.
A la pérdida dolorosa de las personas amadas le siguió el escarnio público y la indolencia de autoridades capitalinas en aquel entonces bajo el mandato de Miguel Ángel Mancera.
Hoy se abre una nueva oportunidad para conocer sobre la contratación del malware durante los gobiernos anteriores.
Los lineamientos no honran los estándares arriba mencionados pues favorecen los intereses comerciales, permitiendo que los Proveedores de Acceso a Internet (PAI) discriminen el tráfico de algunos servicios, contenidos y aplicaciones con fines comerciales, y dejando de proteger la neutralidad de la Red.
No está de más recordar que los ataques contra la prensa son acompañados de un 98 por ciento de impunidad.
Así las cosas, llaman la atención las razones por las que el Presidente López Obrador considera debe enjuiciarse a Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
De entrada es difícil “medir” los avances en un país sumergido en la violencia sistémica criminal y de estado. Una vez más los cambios en el plano constitucional y legal siguen sin reflejarse de manera más significativa en la vida de las personas padecen un sinfín de violaciones a sus derechos fundamentales.
En este escenario desolador la violencia contra periodistas y actores políticos seguramente quedará en la impunidad.
Durante décadas, los principales dueños de los medios de comunicación y no pocos periodistas declinaron de su alianza con la ciudadanía y la sellaron con el poder político en turno.
Los autores analizan las leyes que facilitan el acoso judicial en ambos países y los patrones de comportamiento del Estado frente a esta forma de agresión a la prensa.
A pesar de algunos avances en términos legislativos e institucionales, la libertad de expresión es una asignatura pendiente en Guatemala.
La persistencia de esta negación impacta directamente en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad.
Más allá de declaraciones efectistas que señalan el fin de las violaciones a los derechos humanos a cargo del Estado, la realidad que encontramos es una de estancamiento o franco desmantelamiento de las instituciones existentes para tutelarlos.
Internet se ha posicionado, sobre todo en el contexto de la pandemia, como el espacio cívico de referencia para la participación política, en el que se fiscaliza la actuación del Estado, se demandan cambios sociales estructurales y se apela a la solidaridad para enfrentar los retos de la crisis sanitaria.
El desafío está en garantizar, más allá del discurso, una acción coherente y articulada que mitigue los riesgos reales para los derechos económicos y sociales de amplios sectores de la población.