Leopoldo Maldonado
La CNDH está más preocupada por montarse en la “grilla” que en la defensa de las víctimas y los derechos humanos.
El siguiente paso es dar pasos concretos, la desesperación carcome a la prensa que está en la línea de fuego.
De los 6 periodistas asesinados en posible vínculo con su labor durante el 2022, cuatro ocurrieron en estados con nuevos gobiernos estatales.
El mundo igualitario, libre y prospero que prometió el liberalismo político y económico triunfante a partir de 1989 no llegó.
Las autoridades decidieron ponerse en el ojo público y deben entender que esa labor de interés público les somete a un intenso escrutinio.
El interés del Presidente en conocer los ingresos de periodistas con nombre y apellido es para atacarlos, no para plantear acciones que dignifiquen la labor de miles de colegas precarizados.
El Presidente se asume como una víctima de los poderes fáctico-mediáticos. Despojándose de su investidura de Jefe de Estado, AMLO articula su discurso contra los medios de comunicación y periodistas desde una pretendida posición de ciudadano común, o en su caso, líder opositor.
Los estándares internacionales señalan que la consideración de la actividad periodística no está supeditada a certificación oficial
ARTICLE 19 ha documentado que los periodistas son atacados principalmente por autoridades públicas.
En Cuba existe un sistema totalitario —aunque se dice democrático—, en que el partido único absorbe y decide todo sobre la vida de las personas.
La publicidad oficial usada como mecanismo de “premio y castigo” a las líneas editoriales de los medios de comunicación es un obstáculo para el pleno ejercicio de la libertad de expresión y la construcción misma de una democracia constitucional.
Quizás la combinación de periodismo y activismo en favor de la comunidad lo volvió más peligroso a ojos de la autoridad.
“Jalisco está en el ojo del huracán por muchas razones. Las principales no está de más recordarlas. Desapariciones, asesinatos, represión policial, violencia desmedida. Actos atroces protagonizados por fuerzas estatales y grupos criminales en un estado donde se difuminan las fronteras entre Estado y crimen organizado”.
En México, la crisis en materia de derechos humanos lleva 16 años y contando.
La Ley Chayote incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, pues considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de “logros de los gobiernos y sujetos obligados” abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobre-exposición de los mismos a la sociedad mexicana.
“Con esta determinación el Presidente habilita a las dependencias federales brincarse procedimientos y autorizaciones vitales”.