Leopoldo Maldonado
En México, la crisis en materia de derechos humanos lleva 16 años y contando.
La Ley Chayote incentiva el uso proselitista de la publicidad oficial, pues considera que las campañas de comunicación pueden tener como objeto la difusión de “logros de los gobiernos y sujetos obligados” abriendo la posibilidad de que esta se siga utilizando como una herramienta para promover figuras públicas y/o partidos políticos generando una sobre-exposición de los mismos a la sociedad mexicana.
“Con esta determinación el Presidente habilita a las dependencias federales brincarse procedimientos y autorizaciones vitales”.
Las desigualdades en el acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) han generado una distancia social que separa -en términos de privilegios, oportunidades, derechos y libertades- a aquellas personas que tienen acceso a las TIC de quienes no.
En México se expuso a través de Aristegui Noticias y Proceso sobre la red de empresas comercializadoras del software espía, conocidas como KBH y filiales.
Para quienes gustan de narrativas simplonas que vinculan la violencia letal únicamente a la acción del crimen organizado, no hay mejor prueba que estos grupos actúan bajo una lógica política y con los políticos.
Algo queda claro para las relatorías, hay que hacer frente a la “pandemia” de expresiones estigmatizantes que se registran a lo largo del planeta, alegando un malentendido derecho a la libertad de expresión (o incluso derecho de réplica) por parte de Jefes de Estado y otras personas del servicio público.
Para MORENA, muy lejos de la disciplina del viejo ogro, la aspiración es la misma. Lograr una nueva hegemonía y aglutinar las fuerzas sociales dentro de su abigarrado partido.
Es necesario que las cinco personas expertas que serán seleccionadas para conformar el organismo, tengan cualidades de idoneidad incuestionables.
“Es decir, el derecho de las personas a estar informadas no se ejerce en un vacío, sino en un contexto -de suyo adverso- con la intención de ejercer otros derechos y tener un control social del poder”.
La disputa político electoral y la información relacionada con ella es de alto interés público.
Recientes decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) abren un camino ya allanado por la Suprema Corte de Justicia Nación (por ejemplo, caso de la Masacre de migrantes en San Fernando).
La lucha de la sociedad civil organizada y el periodismo democrático gana una batalla más pero no la guerra.
México es responsable internacionalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas por la Marina, el policía estatal de Tamaulipas o el servidor público municipal de Pátzcuaro.
La violencia contra la prensa es generalizada en el país, y en prácticamente todos los estados se documentaron ataques contra periodistas y medios.
Esperaríamos que los esfuerzos de las instituciones de seguridad –incluyendo las militares indebidamente embarcadas en esas funciones– estén en evitar amenazas y ataques en el ámbito digital en contra de periodistas.