Leopoldo Maldonado
Televisa, TV Azteca y La Jornada son los que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio.
Por fuera de la propia Constitución que expresamente coloca a la Guardia Nacional bajo un mando civil y a la espalda del Poder Constituyente y del Legislativo, AMLO manda un mensaje político peligroso para la democracia mexicana en dos sentidos.
A siete años de diferencia entre los crímenes, las narrativas estigmatizantes y de culpabilización a las víctimas, siguen tan vigentes como en aquel verano de 2015.
Bajo el marco jurídico de los derechos humanos, la seguridad nacional constituye una excepción a derechos como la libertad de expresión.
Es contradictorio que el presidente de México repruebe las violaciones a los derechos humanos como parte de la promoción de su liderazgo a nivel internacional, pero no enfrente la crisis de violaciones a derechos humanos que suceden todo el tiempo en nuestro país.
El caso de Antonio nos hace preguntarnos también sobre el actuar de la Feadle y reiterar las afectaciones que la violencia hacia la prensa trae no solo hacia las personas periodistas, sino también hacia sus familiares.
En dos semanas, el infierno, injusticia y muerte que ha ido gestándose durante décadas tuvo tres muestras dolorosas que se suman a miles que ocurren día a día.
La impunidad es funcional para el Estado mexicano.
Dos tendencias son las que alientan esta impunidad en los crímenes contra periodistas.
La idea detrás de la inatacabilidad es precisamente evitar que se prolongue indefinidamente el acceso a la información.
Internet ha sido un espacio con enorme potencial para el despliegue de libertades y derechos humanos.
De esta manera, como preocupante preámbulo, Artículo 19 expone de forma contundente que durante los tres primeros años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se han cometido 85 por ciento más de agresiones contra la prensa que el mismo periodo de Gobierno de Peña Nieto.
El internet y la información para todxs sigue siendo una promesa fallida.
A19 y Fundar reportan que, aun cuando durante 2021 se redujo el gasto en material de publicidad oficial en comparación con administraciones anteriores, ello no implicó una reversión en la asignación arbitraria con fines de control editorial.
Pese a la negación, los 33 asesinatos de periodistas durante la actual administración prueba que estamos en el periodo más violento contra la prensa.
El desenlace para Cuevas y Morán fue feliz, pero mucho tuvo que ver la presión mediática y la intervención de la Suprema Corte.