Leopoldo Maldonado
“En este gobierno hubo una luz de esperanza con el decreto presidencial de 2019 que ordenó el traslado de archivos que contengan información sobre violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción, desde todas las dependencias de la Administración Pública Federal al Archivo General de la Nación”.
Aun y cuando no niega la participación del Ejército en ambos hechos atroces es importante dilucidar cómo el actual Jefe del Poder Ejecutivo trata de disminuir, o de plano, diluir la responsabilidad histórica, política y legal de la institución castrense.
Una de las conclusiones a las que llega el informe es: el Estado sigue siendo el principal agresor contra la prensa en México. Esta conclusión encuentra su sustento en las 140 agresiones que se documentaron donde los responsables fueron las autoridades.
“El uso político del aparato de procuración de justicia es uno de los resabios de autoritarismo priísta que no nos hemos sacudido”.
“La protección eficaz de periodistas y defensorxs debe acompañarse de investigaciones diligentes para dar con quienes les agreden, a la par de implementar medidas de reparación integral”.
“La semana pasada anunció hacer un ‘censo’ para ajustar las cifras de personas desaparecidas, lo que se traduce en serias preocupaciones de manipular los registros”.
“El Pacto de Corruptos, conformado por élites políticas, militares y grupos criminales, se cimbró y comenzó a operar una burda estrategia para descarrilar a Semilla”.
“Sin una prensa libre e independiente el camino para poderes oscuros, ilegales y autoritarios se allana”.
De hecho, el “top 3” de medios (Televisa, TV Azteca y La Jornada) recibieron casi el 30 por ciento del total ¿Bajo qué criterios? Nadie sabe.
“Después del asesinato de Rubén Espinosa, por lo menos 70 periodistas más han sido asesinados en México en vínculo con su labor”.
La salida del GIEI es agridulce. Agrio para las víctimas porque no hay asidero institucional dentro del país para continuar avanzando -a empellones y con muchos obstáculos- hacia la verdad y la justicia. Agrio también para una sociedad cansada de los “carpetazos” y la impunidad; solidaria con los padres y madres de los 43 y atenta a que este caso se resuelva.
“Otro de los grupos más afectados por el acoso litigioso en la región son los periodistas”.
“Las instituciones, diligentes para perseguir periodistas, son negligentes para atenderlos cuando son agredidos”.
“El régimen, no satisfecho con imponer un castigo ejemplarizante en la persona de Zamora para todo el periodismo guatemalteco, también proscribe que se informe sobre el tema”.
“El gobierno actual ha decidido co-gobernar con las instituciones castrenses”.