Leopoldo Maldonado
“Según registros de Artículo 19, en lo que va del sexenio, se han entablado 53 procesos penales contra periodistas en razón de su labor”.
En paralelo, la Sedena ha seguido una estrategia para ocultar las actividades ilegales del Centro Militar de Inteligencia, entregando información contradictoria sobre su operación.
La evidencia arroja que ese desdén mantuvo los niveles de violencia contra la prensa de otros sexenios, pese a la promesa en sentido contrario. En el sexenio se contabilizan ya 43 asesinatos, muy cercanos a los 47 ocurridos durante el Gobierno de Peña Nieto y los 48 de Calderón.
“No podemos pasar por alto la intención de construir una nueva hegemonía política para cuya consolidación serán clave las próximas elecciones”.
“Valdrá la pena reflexionar sobre los factores que no permiten avanzar en estos casos que tocan altas esferas políticas”.
“La Suprema Corte tiene ante sí la oportunidad de remover de nuestro sistema jurídico un pernicioso mecanismo de censura, no solamente para México sino para las Américas”.
En esta ocasión abordamos las principales amenazas contra la prensa y las democracias en la región para generar estrategias que hagan frente a las tendencias autoritarias.
Lo peligroso es que las autoridades parecen asumir que la violencia es parte de la cotidianidad y una dinámica aceptable en el juego electoral, puesto que no hacen nada por prevenirla.
“Una vez más se evidencia la incapacidad del Estado para garantizar seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas”.
“Para quienes gustan del pensamiento maniqueo, resultará desconcertante que naciones que condenan el embargo, también señalen contundentemente las violaciones a derechos humanos dentro de la isla”.
“El gran problema, como siempre pasa en México, no es la falta de legislación, guías, o protocolos. Al contrario, sobran”.
“Hoy no estamos mejor que hace 5, 10, 20 o 30 años en el esclarecimiento de los casos de violencia”.
“Bajo esta óptica, cabría preguntarse si se trata de mera negligencia o de una estrategia deliberada de desinstitucionalización del Estado”.
La realidad es que el oficialismo no quiere una justicia transparente, equitativa y de derechos, sino una a modo. Por eso una iniciativa ciudadana que pretende dar un giro de tuerca al gatopardismo imperante en este rubro.
“En este gobierno hubo una luz de esperanza con el decreto presidencial de 2019 que ordenó el traslado de archivos que contengan información sobre violaciones graves a derechos humanos y actos de corrupción, desde todas las dependencias de la Administración Pública Federal al Archivo General de la Nación”.
Aun y cuando no niega la participación del Ejército en ambos hechos atroces es importante dilucidar cómo el actual Jefe del Poder Ejecutivo trata de disminuir, o de plano, diluir la responsabilidad histórica, política y legal de la institución castrense.