Karen Castillo
Nashieli Ramírez Hernández, la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México reconoce que la violencia contra las mujeres en la capital del país se ha elevado hasta colocarla en lo más alto a nivel nacional debido a la impunidad.
En México existen diversos pendientes relacionados con la salud reproductiva de las mujeres, lo que las coloca en condiciones de desigualdad e injusticia frente a otros grupos vulnerados. Los altos índices de embarazo adolescente, violencia obstétrica y muerte materna son una muestra de la necesidad de implementar políticas públicas adecuadas que faciliten el acceso a atención médica de calidad.
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), un millón de niñas menores de 15 años dan a luz cada año. México se ha coronado como el número uno de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE) en lo que respecta a embarazos de niñas menores. El organismo internacional destacó el registró de 11 mil 808 nacimientos entre niñas de 10 a 14 años, en 2016. En tanto, el Inegi informó que en 2018 se reportaron cada día dos nacimientos de madres de entre 10 y 11 años.
En 2016, el Estado mexicano declaró una emergencia epidemiológica por diabetes mellitus y obesidad. José Narro Robles, entonces Secretario de Salud, dijo que el problema trascendía a 98 mil mexicanos al año que morían a causa de la enfermedad. Las cifras que alertaban a las autoridades habían tenido un ascenso en los últimos 30 años, periodo en el que el país había experimentado un cambio en el modelo económico con el que se habían abierto las fronteras al capital y a los productos extranjeros que súbitamente modificaron los hábitos alimenticios.
Luego de seis años, este sábado, Manuel Velasco Coello se va de Chiapas y deja una estela de irregularidades, acusaciones de presunta corrupción, abuso de autoridad, reclamos sociales –principalmente de indígenas–, desplazamientos forzados, crisis de derechos humanos y, por si fuera poco, la ratificación de Chiapas como el estado más pobre del país: del total de 5 millones 337 mil 151 habitantes, 4 millones 113 mil 950 quedan en condición de pobreza, esto es más del 70 por ciento.
Integrantes de la Coordinadora de personas desplazadas de Chiapas exigieron que se castigue con cárcel a Manuel Velasco Coello, actual Gobernador del estado de Chiapas, por su opacidad frente a la violencia que los orilló a desplazarse de sus comunidades de origen.
Dominga González Martínez, Lorenzo Sánchez Berriozábal y Marco Antonio Pérez González, defensores del agua de Tlanixco, fueron condenados a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017. Sin embargo, habían pasado ya 10 años encarcelados entre 2006 y 2007 por el Gobierno del Estado de México, entonces gobernado por Enrique Peña Nieto, quien mañana termina su gestión como Presidente de México.
El documento de 15 páginas incluye la denuncia de actos de violencia a la que se le atribuye responsabilidad al mandatario como los son los hechos de Atenco y Ayotzinapa, para los cuales se solicita el respeto a la ley y a las recomendaciones internacionales que se han hecho al rededor de los casos.
León Fierro Reséndiz, profesor y defensor de los derechos humanos y el medio ambiente, es uno de los líderes del movimiento Mexicali Resiste, y por su lucha el 3 de mayo de 2018 fue detenido arbitrariamente por una decena de elementos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, acusado de presunto homicidio.
Armando de la Cruz Cortés, indígena chontal y abogado, con una Maestría en Política, Gestión y Derecho Ambiental, es integrante de la organización Tequio Jurídico que brinda apoyo a otros defensores del territorio que luchan por la preservación de la organización comunal.
Al final de la jornada, los votantes sondeados por SinEmbargo coincidieron en que el ejercicio, aunque positivo, debe mejorarse, ya que hasta ahora no ha sido vinculante, ni cuenta con toda la información necesaria.
De acuerdo con cifras del Informe Especial sobre Desplazamiento Forzado Interno –realizado en 2016 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)– hasta ese año había 35 mil 433 víctimas de desplazamiento forzado, la mayoría de ellos por violencia.
Oliveria Montes tiene apenas 28 años de edad y es ya líder y vocera del Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio de Puebla e Hidalgo, un movimiento que se opone a la construcción del gasoducto Tula-Tuxpan –que cruza por Veracruz, Puebla, Hidalgo y Estado de México– y que promueve Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, filial de la transnacional TransCanada.
En un intento por mostrar de manera pública la dimensión del presunto desvió de recursos de Chihuahua y la corrupción del priista César Duarte Jáquez, este jueves se inauguro ela “Expo Impunidad: El saqueo de César Duarte, protegido del régimen”, en la Casa Chihuahua de la Ciudad de México, en donde una parte de la investigación y la documentación de las cifras estará disponible durante una semana.
Ramón Martínez Coria es –desde hace ya tres décadas– defensor de los derechos de las comunidades indígenas de todo el país que se oponen a la destrucción que los megaproyectos generan en sus tierras y en su cultura. Su labor –que le ha costado amenazas, persecución y atentados contra su vida– también se ha centrado en el apoyo a las comunidades desplazadas de sus lugares de origen por la violencia del crimen y también la emanada de conflictos religiosos.
Mario Luna afirma que la respuesta a las agresiones del Gobierno y los corporativos contra los pueblos originarios en México se encuentra en la ausencia del Estado de Derecho, una condición que permite que se continué con la violación de derechos humanos o con la omisión de los mismos, como en el caso de las consultas simuladas de las deberían gozar todos los pueblos indígenas.