Juan Luis García Hernández
El dictamen de la Seguridad Interior hecho llegar por la presidente de la Comisión de Gobernación Cristina Díaz Salazar del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a los senadores de las cuatro comisiones fue cuestionado por la oposición. Y en particular por el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Benjamín Robles, del Partido del Trabajo (PT).
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hicieron un nuevo llamado al Senado de la República para que se abstenga de aprobar el proyecto de la Ley de Seguridad Interior.
El pasado 6 de noviembre, un grupo de vecinos del municipio de Cuauhtémoc, Colima, interpuso una denuncia penal en la Fiscalía estatal en contra de la ex Alcalde Indira Vizcaíno por un presunto fraude de 93 millones de pesos en la entrega de un terreno subvaluado a la empresa Invercol S.A..
La posibilidad de que la Ley de Seguridad Interior oculte información de operativos de las Fuerzas Armadas tras clasificarla como de Seguridad Nacional pareciera ya ser un capítulo cerrado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Hoy, el titular de la institución Francisco Javier Acuña Llamas fue señalado por el PRD en el Senado de doblar las manos ante los argumentos de la bancada oficial y del Partido Acción Nacional, que reforzaron el derecho a clasificar la información en un eventual decreto de Seguridad Interior.
Senadores del Partido Acción Nacional dieron lectura a su iniciativa que propone someter a juicio político al titular del Ejecutivo federal.
Políticos y activistas volvieron a protestar frente al Senado, por tercer día consecutivo, para exigir una Ley de Seguridad Interior “sin guerra”.
La minuta de la Ley de Seguridad Interior llegó este día al Senado de la República en medio de protestas que rodearon esta mañana el edificio legislativo.
El día que la minuta de la Ley de Seguridad Interior será analizada por cuatro comisiones distintas del Senado de la República comenzó con protestas en los alrededores de este recinto.
Organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y diputados de oposición acusaron a la Ley de Seguridad Interior de contener fallas constitucionales que contravienen a los derechos humanos, por lo que pidieron no aprobarla.
Grupos civiles alertaron que la Ley de Seguridad Interior que está por discutir el Senado de la República abre la puerta para reprimir las manifestaciones.
Especialistas cuestionaron la capacidad de Meade para atender la crisis de inseguridad que atraviesa el país.
Sin mecanismos de control y con evidencias de aumentos a violaciones de derechos humanos, diputados aprobaron ley de seguridad interior, lamentó Wola.
El slogan “El rescatemos Veracruz” del entonces candidato a Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares parece haber quedado en una promesa.
Organizaciones de la sociedad civil apuntaron que la ley de seguridad interior perpetuará las violaciones a derechos humanos.
El 12 de agosto de 2016, el entonces Gobernador de Hidalgo, el priista Francisco Olvera Ruíz, puso la “primera piedra” de lo que sería una de las incineradoras más grandes de América Latina. Más de dos años tomó el proceso para cumplir con 20 permisos en los tres órdenes de Gobierno y echar a andar la construcción de la obra que pretende transformar la basura en electricidad. El priista vaticinó entonces que Valorsum iniciaría operaciones en menos de un año, pero a dos meses de cumplirse el plazo, el proyecto no está listo y grupos civiles exigen su cancelación.
El uso del Ejército en las calles ha violentado la Constitución, apuntaló el General Francisco Gallardo Rodríguez.