Jorge Javier Romero Vadillo
"El éxito político del Presidente se logró a costa de la mejora de la educación".
Con esas candidaturas, la campaña electoral de 2024 será cansina.
"No me alcanza el espacio de este artículo para contar los antecedentes del laberíntico proceso español de la última década, pero un elemento que es imprescindible para componer el rompecabezas que ha armado Pedro Sánchez para volver a ser investido como Presidente del Gobierno".
"La visión de la gestión pública del gobierno de López Obrador es patrimonialista".
Como un gesticulador contemporáneo, Zaldívar logró venderse como un Ministro progresista y audaz en sus ponencias sobre casos controvertidos, mientras presumía de su independencia política y de su férrea defensa de la separación de poderes.
El embate del huracán "Otis" en Acapulco, una vez más en el golpeado estado de Guerrero, descarna las deficiencias estructurales del Estado mexicano. En su origen, los Estados son entidades que emplean su superioridad en la fuerza para regular la recaudación en un territorio específico y resguardar con estos recursos a la población.
López Obrador pertenece a la misma estirpe: un caudillo aupado por los votos en un régimen constitucional que a trancas y barrancas iba consolidando una democracia con separación de poderes y libertades políticas, sociales y económicas, pero que no había logrado construir una fuerte legitimidad social debido a su incapacidad para garantizar el bienestar de la mayoría de la población.
En realidad, López Obrador se puso a la cabeza de una coalición formada por los afectados por el rumbo de las reformas emprendidas de manera errática desde 1996.
La creación del PRI también implicó un pacto con los empresarios para fomentar el crecimiento económico a través del mercado interno. Esto representó un nuevo acuerdo, ya que los empresarios habían sido excluidos del pacto de 1938 y ahora se volvían parte fundamental del sistema.
Aquel pacto les garantizó a los empresarios mercados cautivos sin competencia, a los políticos empleo público con capacidad de venta de sus servicios de interpretación de la Ley y de protección de privilegios y a los militares les dejó la regulación informal de los mercados ilegales.
"El problema es que la reconstrucción del orden estatal requiere de un gran pacto político y social que establezca con claridad los mecanismos consensuales para combatir a la criminalidad".
El cambio de régimen fracturó las redes de venta de protección y debilitó a los gobiernos municipales en su negociación con los grupos armados de traficantes de drogas y de personas.
Si algo hay algo rescatable de la reunión de Cali, esto es la participación de la sociedad civil, pues la intervención de Estefanía Ciro sí planteó los términos básicos del cambio necesario: descriminalización y desestigmatización de los usuarios, protección de los derechos humanos de las comunidades productoras de cultivos vinculados a sustancias psicotrópicas, regulación inmediata del cannabis, regulación progresiva diferenciada de otro tipo de sustancias y estrategias de reducción de daños.
Mientras escribo este texto, en Morena procesan los resultados de unas encuestas de seguro “cuchareadas”, para usar un término del gusto del predicador de Palacio Nacional.
"Se trata de la actuación de cuerpos del Estado que cometen impunemente crímenes de lesa humanidad, gracias a la impunidad concedida por los mandos a sus agentes".
La tasa de homicidios se ha mantenido arriba de los 25 por cada cien mil habitantes, mientras que el crimen organizado ha avanzado en la captura de rentas de actividades económicas legales, más allá de sus esferas tradicionales de acción en los mercados clandestinos, sobre todo el de las drogas.