Jorge Javier Romero Vadillo
Que Peña Nieto haya dispuesto de la dirección formal de su partido como en los viejos tiempos de la época clásica del monopolio político solo ha sido una muestra de lo poco que ha cambiado la mayor maquinaria electoral del país, a pesar de que ha perdido su carácter de monopolio y ahora debe enfrentar condiciones de competencia antes impensables.
Una vez más, después de un enfrentamiento con ocho muertos y meses de bloqueos, saqueos e incordios varios a la población de la Ciudad de México, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ha logrado, según todo parece indicar hasta hoy, acabar “por parlamentos” –como se decía en el […]
En uno de los mejores libros que sobre el siglo XIX mexicano se han escrito, Ciudadanos imaginarios (El Colegio de México, 1992), Fernando Escalante cita una exposición del Gobernador Benito Juárez ante el Congreso de Oaxaca en 1851.
En el imaginario colectivo, lo ocurrido en Nochixtlán el 19 de junio quedará como un episodio más de la historia de la represión de los movimientos sociales en México, por más que una buena parte de la responsabilidad de lo ocurrido le corresponda a los dirigentes de la Coordinadora que llevaron con toda intención su protesta a los límites del enfrentamiento letal, con el objetivo de revertir su desprestigio social y concitar la solidaridad de quienes de otra manera no se hubieran movilizado en su favor precisamente por su intransigencia y su sinrazón.
Son nuevos estos tiempos. En la época clásica del régimen del PRI hubiese sido impensable que una iniciativa presidencial anunciada en cadena nacional desde Palacio Nacional fuera frenada por los senadores de su propio partido –en aquellos tiempos, todos– so pena de que ninguno de ellos volviera a ocupar puesto público alguno. Era la era del juego de las sillas musicales, donde a los díscolos se les impedía participar en la siguiente ronda.
De las elecciones del domingo pasado quedan muchas cosas por decir y analizar.
El Senador Salvador López Brito ha salido, como se esperaba, con su domingo siete.
La discusión política nacional ha estado enfocada, desde hace ya un buen tiempo, en la omnipresencia de la corrupción en la función pública nacional.
La historiografía y la ciencia política mexicanas nos deben estudios serios, a profundidad, sobre el ejército mexicano.
La centralidad que ha adquirido la discusión sobre la regulación de la mariguana en el debate político nacional ha significado, sin lugar a dudas, un paso muy importante hacia el desmantelamiento de la política fallida del prohibicionismo como mecanismo central para enfrentar el problema público del consumo de sustancias sicoactivas.
En medio de los jaloneos del final del período ordinario de sesiones del Congreso, la iniciativa presidencial de liberalización limitada de la mariguana quedó atorada, junto con las leyes secundarias para regular el sistema nacional anticorrupción.
Lo que ocurrió en Brasil fue la ruptura de la coalición en la que había sustentado su presidencia Dilma Rousseff. Se trataba de una coalición inestable, lubricada con el reparto de parcelas de rentas. Un equilibrio precario forjado desde los tiempos de Lula, que requería para su funcionamiento de una tolerancia amplia con la corrupción, el reparto de comisiones y el pago directo de sobornos políticos, como los que provocaron el primero de los escándalos en los que se ha visto involucrado el partido mayoritario y que condujo a la caída del principal operador político de Lula, Dirceu.
El discurso presidencial careció de autocrítica alguna. En un tono más propio de un informe a la nación que de un posicionamiento internacional, Peña dedicó varios minutos al elogio de la política de su gobierno en el combate a las drogas de una manera que no resiste una evaluación rigurosa, sobre todo a la luz de la evidencia de las actuaciones de las fuerzas armadas y las policías civiles en la guerra contra el narcotráfico, con violaciones generalizadas a los derechos humanos documentadas, con una violencia que no cede y se recrudece por oleadas en diferentes ciudades y regiones del país y con magros resultados en la limitación del flujo de sustancias tanto en nuestro país como hacia el vecino del norte.
No atino a entender la racionalidad detrás de la decisión de cancelar la asistencia presidencial a la sesión de las Naciones Unidas promovida por México, junto con Guatemala y Colombia. Nadie esperaba que Peña fuera a la UNGASS a presentarse como paladín del antiprohibicionismo, pero el documento que se discutirá y casi seguro se aprobará ahí recoge puntos importantes defendidos por la diplomacia mexicana,
La prohibición absoluta de la mariguana ha sido especialmente absurda, por su baja peligrosidad relativa respecto a otras sustancias, incluido el alcohol; por ello, su regulación puede ser el primer paso para modificar la manera en la que los Estados han abordado tradicionalmente el tema de las sustancias psicoactivas y sus potenciales riesgos sanitarios y sociales.
El Gobierno mexicano no se siente cómodo con el escrutinio internacional sobre el respeto a los derechos humanos en el país. Después del horror de Iguala, pareció que Peña Nieto estaba dispuesto a abrir la puerta para que se aireara lo ocurrido y se propició la llegada del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con la intención de recuperar algo de la legitimidad perdida por la tragedia.